"La herramienta de microtráfico nos permite intervenir rápido para bajar la violencia"

La demolición del inmueble de barrio Sur de la ciudad de Santa Fe señalado como punto de venta de drogas volvió a poner en escena una de las políticas más visibles del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe: los derribos de construcciones utilizadas para el microtráfico. Detrás de cada operativo hay un trabajo articulado entre fiscales, fuerzas policiales, municipios y áreas técnicas del gobierno provincial.

En una entrevista con El Litoral, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, explicó cómo se construyó la estrategia contra el narcomenudeo, qué impacto buscan generar con los derribos y por qué consideran que estas intervenciones ayudan a reducir la violencia en los barrios.

Desfederalización y respuesta

Montenotte ubicó el origen de la política actual en diciembre de 2023, cuando Santa Fe puso en marcha la ley de desfederalización del microtráfico.

“El tema de microtráfico empezó a construirse en diciembre de 2023, cuando se aprobó la ley de desfederalización -Nº 14.239- en la provincia. Ahí comenzaron a tener competencia los jueces y los fiscales provinciales y nosotros a elaborar una estrategia conjunta para la persecución penal del microtráfico”, señaló.

Según explicó, el esquema terminó de consolidarse con la creación, en diciembre de 2025, de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, encabezada por los fiscales Franco Carbone (Rosario) y Diego Vigo (Santa Fe), junto a los fiscales Eric Fernández y Arturo Haidar en la Regional Santa Fe.

“Todo el trabajo que veníamos haciendo durante los dos primeros años de recopilación de datos tomó velocidad. Empezamos a tener más eficiencia en las investigaciones, pudimos priorizarlas, documentar pruebas, hacer allanamientos y derribos”, afirmó.

Indicadores de conflictividad

El funcionario sostuvo que el inmueble de barrio Sur reunía múltiples indicadores de conflictividad y que la investigación se aceleró luego de reiteradas denuncias vecinales y reportes al 911.

“El 11 de febrero fue la primera vez que le informamos a Microtráfico sobre este lugar porque teníamos denuncias. Después volvimos a tomarlo como una investigación priorizada y en poco más de un mes se documentó la actividad y se hicieron los allanamientos y las detenciones”, indicó.

Montenotte describió el lugar como un símbolo del deterioro barrial y del funcionamiento territorial de las bandas vinculadas al narcomenudeo.

“Esto era como un shopping de venta. Es increíble que hubiera gente viviendo así. Lo que vamos a derribar -este viernes- no tiene ninguna posibilidad de ser usado como vivienda. No tiene cloacas y tiene una montaña de basura de más de un metro de altura en el patio”, sostuvo.

También destacó el carácter emblemático del operativo por la ubicación del inmueble. “Es un lugar cercano a Avenida Freyre, por donde circula muchísima gente. La repercusión que tiene es importante y simbólica”, remarcó.

Derribos y reducción de violencia

Para el subsecretario, las demoliciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a “desestructurar” organizaciones criminales barriales.

“Estamos usando la herramienta de la ley de microtráfico y de los allanamientos y derribos para desestructurar esas bandas que funcionan y que han generado innumerables delitos”, explicó.

En esa línea, defendió el impacto concreto de las intervenciones: “Tenemos una política que está funcionando y lo que medimos después de las intervenciones es que la violencia disminuye”.

El funcionario precisó que el de barrio Sur será el sexto derribo realizado en la ciudad de Santa Fe y el número 120 en toda la provincia. Los primeros se concretaron en Barranquitas y el más reciente había sido en Bernardo de Irigoyen al 7000.

“El otro día derribamos un inmueble que había sido allanado cuatro veces a bandas distintas que se iban rotando y seguían comercializando. Por eso también vamos contra la infraestructura”, explicó.

La logística del operativo

Montenotte detalló que los derribos requieren coordinación con distintos organismos estatales y empresas de servicios.

“Desde el Ministerio armamos una cuadrilla específica y contratamos personal externo para las demoliciones. El servicio incluye maquinaria pesada -por lo general una retropala- y trabajamos junto con los municipios para el retiro de escombros”, indicó.

En el caso puntual de barrio Sur, la Municipalidad colaboró además con registros fílmicos de una cámara de videovigilancia ubicada en la zona. “Nos ayudó mucho la municipalidad, que tiene una cámara ahí y eso permitió documentar y avanzar rápido con la investigación”, señaló.

También intervino la Empresa Provincial de la Energía para retirar instalaciones eléctricas que pasaban sobre parte de la estructura.

Objetivo priorizado

El subsecretario aseguró que la persecución del microtráfico seguirá siendo una prioridad dentro del plan de seguridad provincial, que además incluye patrullaje preventivo, tecnología y control penitenciario.

“Por cómo confrontamos con las bandas narcocriminales, yendo contra la infraestructura, contra los recursos y secuestrando el dinero, es la única forma de debilitarlas”, afirmó. Y concluyó: “Es un trabajo que tenemos que seguir sosteniendo. No hay una fecha de finalización”.

Marco legal

La Ley N° 26.052, sancionada en 2005, es la norma nacional que estableció el régimen de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes.

Su objetivo principal es permitir que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhieran para investigar y sancionar el narcomenudeo (microtráfico o venta de drogas a baja escala), mientras que la Justicia Federal continúa encargándose de las organizaciones criminales mayores.

En Santa Fe, el 29 de diciembre de 2023 entró en vigencia la ley provincial número 14.239 de Adhesión a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes. En función de lo establecido en esa norma que aprobó la Legislatura provincial, el MPA se hizo cargo de la investigación penal de estos casos en toda la provincia.

Dicha normativa habilita a jueces y fiscales provinciales a aplicar la ley Nº 23.737 de la Nación Argentina, que es la legislación penal especial que regula, previene y sanciona los delitos vinculados al tráfico, tenencia y consumo de estupefacientes y psicotrópicos.