Este jueves, el Senado de la Nación lleva al recinto la reforma de la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–UE y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.
La Cámara alta discutirá las modificaciones en la ley de glaciares para permitir la explotación en áreas periglaciares sin función hídrica, que genera tensiones ambientales. En agenda también ingresa el acuerdo comercial con la Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias como embajador.

Este jueves, el Senado de la Nación lleva al recinto la reforma de la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–UE y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.
La sesión fue convocada para las 11 y será la antesala de la cita del viernes, cuando el Gobierno buscará cerrar el proyecto de modernización laboral y avanzar con la reforma de la Ley Penal Juvenil.
La modificación de la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial llega al recinto después de haber sido dictaminada el 18 de diciembre, pero postergada por la prioridad que tuvieron el Presupuesto 2026 y la Ley de Modernización Laboral.
En el oficialismo reconocen que el número es ajustado: necesitan 37 votos y aseguran que “tienen las voluntades” para avanzar, aunque con una salvedad que se repite desde que arrancaron las extraordinarias: PRO y UCR votarían divididos. En el radicalismo, incluso, circuló un proyecto alternativo que no le cede tanto margen a las provincias para definir qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades económicas.
La reforma que impulsa el Ejecutivo busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación en determinadas áreas periglaciares que hoy están blindadas. El punto de quiebre es la llamada “función hídrica”: la modificación propone distinguir entre formas periglaciares que actúan como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no cumplen esa finalidad.
Con la nueva redacción, se mantiene la prohibición para actividades económicas en glaciares, pero se abre la puerta a proyectos de inversión en áreas periglaciares sin función hídrica comprobable. Ahí aparece el choque político: para el Gobierno y las provincias mineras e hidrocarburíferas, se trata de “una ley más dinámica” que destrabe inversiones; para los sectores que rechazan la iniciativa, es una “regresión ambiental” que perfora un piso de protección.
La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene un dato adicional para esta sesión: la voz informante no será del oficialismo, sino de la chubutense Edith Terenzi, presidenta de esa comisión.
Desde La Libertad Avanza, el mensaje político fue directo. “Una forma de honrar el respaldo que tuvimos en las urnas es continuar con nuestra agenda reformista”, publicó el espacio en redes sociales. Y remató: “Es una oportunidad histórica. La minería trae millones a la Argentina”.
El segundo tema del día será la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, aprobado por Diputados el jueves 12 de febrero y firmado el 17 de enero en Asunción. El Gobierno ordenó adelantar su tratamiento en el Senado: originalmente iba a discutirse junto a la reforma laboral y el régimen penal juvenil, pero la Casa Rosada aceleró por un motivo político y regional.
El Parlamento de Uruguay también activó el proceso de ratificación y podría aprobarlo en cuestión de horas. El objetivo argentino es quedar primero en la región: en el Gobierno se interpreta que, si Argentina es el primer socio en darle aval legislativo, podría acceder a ventajas y beneficios diferenciales en un terreno donde varios compiten por los mismos mercados.
Los votos aparecen más holgados que en la modificación a la ley de glaciares. Según lo que se desliza en la previa, “están asegurados”, con la expectativa de que el interbloque peronista vote dividido, como ya ocurrió en Diputados.
El acuerdo, de acuerdo con sus promotores, permitiría bajar aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas y recortar barreras de acceso para bienes industriales europeos. Se trata de un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores, que representa cerca del 20% del PBI mundial. La Unión Europea, además, es el segundo socio comercial del Mercosur después de China y una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa. Sin embargo, no podrá implementarse plenamente ya que el Parlamento Europeo decidió la revisión del Tribunal de Justicia de Europa para analizar su impacto y definir sobre su puesta en vigencia.
La sesión del jueves también contiene el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea. Según se anticipó, se leerá el despacho y se irá directamente a votación.
Iglesias ya se presentó en comisión y el oficialismo espera completar el recorrido legislativo para que el exdiputado quede ratificado formalmente en un puesto que ocupa desde enero. En el Gobierno lo leen como un movimiento en línea con la centralidad que le asignan al acuerdo Mercosur–UE.




