Hoy son fiscales casi todos los que concursan por un cargo en el MPA

A menos de 24 horas del cierre de las inscripciones para concursar vacantes para los dos órganos, de Acusación y Defensa, del fuero penal de Santa Fe, el secretario de Justicia Héctor Gabriel Somaglia destacó el carácter público y la transparencia del proceso técnico que antecede a los acuerdos políticos para definir el futuro del MPA y el SPPDP. Lo hizo también frente a las prevenciones que mostró una asociación de fiscales de Rosario, que bregó públicamente por la transparencia de los concursos. El funcionario dijo que ese aspecto "está garantizado" por las instituciones.

En abril de 2023 terminarán -entre otros- los mandatos del fiscal general Jorge Baclini y de los cinco fiscales regionales, así como de la defensora general Jaquelina Balangione y de cuatro defensores regionales. Ambos no pueden concursar para un segundo mandato inmediato.

Tras el fin del período para participar de los concursos se abrirán dos instancias de selección, a cargo de un jurado que otorgará un puntaje al evaluar antecedentes y que luego tomará una evaluación personal en una entrevista.

Somaglia comentó que hay 82 inscripciones a cargos en el Ministerio Público de la Acusación y 30 a los del Servicio Público de la Defensa Penal sobre la que aún no sean revisado sus antecedentes profesionales mínimos exigidos por ley (título y antigüedad entre otros). Estimó que la semana próxima estará la "lista definitiva". Los concursantes son 45 en el primer caso y 21 en el segundo, ya que varios de ellos han optado por concursar por más de un cargo.

Subrayó que el 95% de los postulantes para cargos de fiscales hoy lo son, o tienen un cargo en esa estructura judicial. En unos casos aspiran a renovarlo y en otros buscan acceder a otro de mayor poder de decisión (o ambos extremos).

Otro dato saliente es que hay 13 interesados en encabezar el MPA. Y que se han inscripto para esa competencia todos los fiscales regionales (salvo el interino de Venado Tuerto que busca validar esa función) además de otros postulantes.

"El rol de la víctima en el proceso penal", en especial durante la construcción de las pruebas en la investigación a cargo de los fiscales, "el vínculo con la prensa" y "la condición actual y de la estructura existente" de sendos órganos son los puntos que deberán guiar el "plan de trabajo que se exige a quienes aspiran a tener chances para ocupar un cargo de conducción la Acusación y la Defensa. Para los auditores, "un análisis sobre cómo abordar el control de los juicios abreviados". Lo último es central ya que casi todas las críticas respecto del trabajo de los fiscales y cada informe anual del fiscal general a la Legislatura ha mostrado una enorme incidencia de esa alternativa sobre el total de los casos "resueltos", en la que el imputado admite su culpa a cambio de una pena menor.

Lupa

El secretario de Justicia expresó que es saludable que la opinión pública ponga la lupa sobre el proceso en marcha y aseguró que de parte de la Casa Gris y las instituciones existe "la mayor disposición" a mostrar los concursos. Al terminar la conferencia de prensa, cada periodista recibió una lista con los nombres y el cargo al que se han inscripto los postulantes, así como su lugar de residencia.

Para ser defensores solo hay cuatro abogados que ejercen de manera liberal la profesión, los demás ya son defensores. Y en cuanto a los aspirantes a los cargos más importantes del MPA apenas ocho de los profesionales que piensan ingresar a la justicia como fiscal general, fiscales regionales o auditor. En la nómina de abogados interesados en ser fiscales regionales hay un abogado que es oficial de la Policía Federal (Hernán Kovacevich), hay un defensor público adjunto que espera se fiscal regional de Reconquista (Jorgelina Moser Ferro), un ex fiscal regional que concursa para la fiscalía general y cuatro regionales (Alejandro Sinopoli), un camarista de Santa Fe que se ha inscripto para ser fiscal general (Roberto Prieu Mántaras) y un secretario de una Cámara Penal de Río Negro que también aspira a los cargos más altos (Luis Ceserani). Párrafo aparte merece el fiscal de Rosario, Luis Antonio Schiappa Pietra que concursa como fiscal general y como fiscal regional de esa jurisdicción. Es uno de los fiscales que intentaron imputar al senador Armando Traferri, lo que fue rechazado por muy amplia mayoría por esa Cámara que decidió mantener sus fueros. También impulsó un recurso de inconstitucionalidad sobre este último rasgo (ciertamente excepcional) de la Constitución de Santa Fe que la justicia rechazó.

Dos momentos muy diferentes

A los postulantes a cargos en la conducción de los órganos de la Acusación y la Defensa que completaron la inscripción los espera un concurso que debe ser técnico. Primero lograrán un puntaje en base a sus méritos por sus antecedentes profesionales y académicos. Luego quedarán expuestos a unas evaluaciones, acaso más subjetivas, en el momento de las entrevistas a cargo de un jurado avalado por el Consejo de la Magistratura. Pero superado el concurso todo lo que seguirá tendrá, necesariamente, un carácter eminentemente político.

La Constitución de Santa Fe dispone que los postulantes a cargos en el Poder Judicial sean aprobados o rechazados por la Asamblea Legislativa que conforman los miembros de las ambas Cámaras, al tratar los pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial. Han sido sucesivas autolimitaciones a ese procedimiento las que han hecho posibles los concursos en el Consejo de la Magistratura para que una selección técnica anteceda a los criterios políticos, los acuerdos entre las mayorías legislativas y la Casa Gris que dan o no el visto bueno.