Defensores del Pueblo reclaman morigerar las subas en el gas y respetar la doctrina de la Corte

"Nos quedan certezas y dudas", resumió el defensor del Pueblo adjunto de Santa Fe, Jorge Henn, uno de los cuatro santafesinos que participaron del debate por las tarifas, a partir de la celebración de una audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas para la actualización de las boletas.

De las primeras porque "se confirma que si se avanza con este aumento de tarifas planteado por las empresas, en esos niveles y con los plazos que se proponen, muchas personas no van a poder pagar. Es lo que imaginábamos y es lo que se desprende de la audiencia", explicó. En cuanto a las dudas, en cambio, el ex vicegobernador indicó que fue el propio gobierno nacional el que las instaló en la primera ronda de intervenciones con las exposiciones del secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, y de un asesor del Ministerio de Economía, Martín Vauthier, que desplegaron los planes oficiales para anunciar un fuerte cambio en la segmentación tarifaria, algo que no estaba entre los puntos a tratar en la convocatoria.

Como se sabe, las empresas de la distribución y el transporte reclaman recomposiciones que van del 350 al 700% por el año electoral que transcurrió sin modificaciones más los anteriores atrasos, y que además haya subas mensuales de ahora en más, con cada nueva suba de la inflación, de acuerdo con el IPIM, Índice de Precios Internos Mayoristas, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Pero además, a ese panorama se sumó la esperada decisión del gobierno nacional de reducir el volumen de subsidios (que hoy es de un punto y medio del PBI) para la energía eléctrica y el gas natural mediante dos procesos: la suba del millón de BTU y del megavatio en los mercados mayoristas de los combustibles fósiles, así como la disminución de ayudas a la clase media, al profundizar la segmentación iniciada durante la gestión anterior.

Chirillo y Vauthier fueron los primeros en hablar y también quienes "nos generaron aún más dudas", según explicó Henn.

Un video de Capusotto

"Después de la exposición del secretario de Energía encontramos una absoluta falta de claridad, quedamos navegando en aguas turbulentas y que quien tenía que capitanear el barco, en la audiencia, no ofreció claridad. No mostró un mapa para saber qué se hará. Y complejizó la discusión, se nos convocó a una discusión por las tarifas en distribución y transporte y él añadió en la exposición la suba del gas en boca de pozo y una quitas masiva de subsidios al usarse otra base de cálculos"

Lejos de ofrecer soluciones su intervención generó más incertidumbre, sobre todo para las finanzas de los sectores medios y bajos. Si se lleva a cabo lo anunciado, las medidas van a golpear con crudeza, de manera despiadada a los usuarios que en la segmentación tarifaria iniciada en 2022 están bajo las categorías N2 con los ingresos más bajos y N3 de clase media.

Ante una pregunta de El Litoral, sobre la ausencia de gráficos en la exposición de Chirillo pese a que hablaba de ellos como si los demás participantes pudieran verlos, luego de varios intentos infructuosos de al menos tres de sus colaboradores de poder compartir esos archivos (ningún otro expositor tuvo ese problema, en una audiencia que fue íntegramente virtual), Henn graficó sin medias tintas: "la impresión fue que esta apertura tan accidentada, que no contó con las gráficas que había previsto y que aún sin mostrarlas nos hablaba de ellas, fue más bien propio de un video de Peter Capusotto que de un funcionario que debe liderar el desarrollo energético del país. Insisto, nos generó aún más dudas sobre la eficiencia y la transparencia del proceso" de discusión de tarifas.

Gradualismo o drástico shock

Para Henn, como para sus pares a nivel nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires, Rio Negro, Formosa, San Luis y Chubut, así como de las ciudades de Río Cuarto y San Carlos de Bariloche, lo que sucede se parece a 2016.

En aquel año se debatía sobre la palabra "gradualismo" respecto del ajuste, para disminuir los subsidios a la energía que tanto pesaban (y pesan) en el déficit fiscal.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, en su primer año, el área de energía optó por una política de shock que la Corte Nacional obligó a aplicar de manera menos drástica, por sus efectos sociales y económicos sobre la población.

En ese año "se impusieron aumentos exponenciales bajo los mismos argumentos y tuvieron el freno de la Suprema Corte en el precedente Cepis, que si bien anuló los incrementos por falta de audiencias previas, dejó preceptos insoslayables en el análisis de toda solicitud de incrementos tarifarios: proporcionalidad, gradualidad, razonabilidad y certeza en las tarifas", que abrió una nueva etapa de Revisión Tarifaria Integral que terminó en 2019, con el gobierno de Alberto Fernández.

En los últimos años se autorizaron "aumentos por debajo a los solicitados por las concesionarias quienes aplicaban cuadros tarifarios subsidiarios pero dejaban a salvo que no renunciaban a conseguir la diferencia, y a comienzos de 2022 esta Defensoría del Pueblo en la última audiencia pública se preguntaba ¿quién se va hacer cargo de la diferencia existente entre el aumento que correspondería según las licenciatarias por aplicación de la fórmula oportunamente aprobada por Enargas y el incremento efectivamente aprobado? Por entonces se adelantaba opinión y se afirmaba que ese incremento en ningún caso debería ser afrontado por el usuario".

"Hoy estamos transitando ese escenario que advertíamos: las empresas solicitan recomposición de tarifas según la diferencia entre los aumentos aprobados e índices de evolución de precios", lamentó Henn en su intervención del lunes 8.

En defensa de los usuarios

"Como Defensoría del Pueblo nos centramos en los usuarios y usuarias y adelantamos que no deben, bajo ningún concepto, terminar pagando la emergencia suscitada por los alegados atrasos tarifarios", destacó Henn.

"Vemos que en la distribución la concesionaria Litoral Gas pide aumentos que van del 437% al 638% en el cargo fijo y en el 484% al 703% en el cargo variable. Con un dato imposible de soslayar, el incremento para residenciales N3 (con subsidios) es incluso más alto en algunos casos que para residenciales N1 (tarifa plena). A simple lectura de la propuesta se puede deducir sin mayores esfuerzos de análisis técnicos que incrementos promedios del orden del 600% no satisface el requisito de gradualidad exigido por la Corte. Sostengo que tampoco está presente la razonabilidad y menos la proporcionalidad. Por ende, pedimos al Enargás que no autorice la propuesta de actualización presentada", dijo Henn en la audiencia.

El defensor dijo que la propuesta de suba de un 300% de la transportadora Gas del Norte (de escaso peso en la tarifa final a los usuarios) para mantener gasoductos hechos en la década del '60 "luce desproporcionada".

Henn rechazó cualquier mecanismo de actualización automática para las tarifas como los que reclaman las empresas a aplicar cada mes y advirtió que no pueden solo considerarse con ese fin los precios internos sin observar qué ocurre con los salarios y las jubilaciones.

"Bases poco transparentes"

La defensora del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, advirtió que el debate tiene bases poco transparentes ya que las empresas distribuidoras plantean recomposiciones de su porción de la tarifa final, sin saber cuál será el valor del metro cúbico de gas para el usuario. Y que lo mismo sucede con los demás subsectores, se exponen visiones sectoriales sin tener presente el impacto final real en el bolsillo de las boletas.

Subrayó que los usuarios "deben tener certeza y horizonte normativo" pero "hoy sólo tienen indefiniciones". Aseguró que "para definir incrementos tarifarios deben contemplarse las circunstancias sociales, políticas y económicas del país" y que en "una relación tripartita entre Estado, prestadores y usuarios/as, existen relaciones básicas que deben ser resguardadas en su justo equilibrio. Los usuarios/as son los que están en mayor desventaja".

Para garantizar el acceso al servicio público de gas, las tarifas deben ser asequibles: los pagos por el servicio no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes, que se relacionen con la dignidad propia de toda persona y los derechos que de allí se desprenden: a la salud, a la educación, a la alimentación y a una vivienda y una vida dignas.