Por consumos exorbitantes quitan tarifas sociales a 1.506 usuarios de la EPE

Un comunicado de prensa del Ministerio de la Producción informó que "el gobierno de la Provincia de Santa Fe detectó abusos en usuarios de Tarifa Social" con "consumos de hasta 7000 kw/h mensuales y facturas por $ 17 millones". El texto difundido oficialmente indica que "la Provincia profundiza la fiscalización de la Tarifa Social de la EPE, tras detectar consumos desproporcionados que derivaron en subsidios millonarios afrontados por el Estado provincial. Se dieron de baja a 1.506 usuarios".

El despacho pone el acento en que "el Gobierno de Santa Fe detectó abusos y consumos desmedidos en usuarios inscriptos en el registro de Tarifa Social. En total, dieron de baja a 1.506 usuarios que tuvieron consumos por encima de los 2.000 kw, cuando el promedio de un hogar en la provincia ronda los 700 u 800 kw".

Se destacan los casos de "21 usuarios que consumieron hasta 7.000 kw/h, y generaron facturas de más de 17 millones de pesos", pero por su condición de caso social "abonaron menos de 3 millones, teniendo que cubrir el Estado los 14 millones restantes", indica el parte de prensa.

Declaraciones

"Es inadmisible que se continúe este esquema. El beneficio está pensado para acompañar a las familias que más lo necesitan. No vamos a permitir que unos pocos vivos perjudiquen a la Empresa Provincial de la Energía y a quienes realmente lo necesitan", afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Esa cartera tiene a su cargo la compañía estatal distribuidora de energía eléctrica.

"Los controles recientes sobre la Tarifa Social revelaron consumos muy por encima del promedio: se detectaron 258 usuarios que superaron los 3.000 kilovatios y cuatro casos en Rosario que excedieron los 6.000. En los 82 casos de mayor consumo, el Estado provincial debió cubrir más de 52 millones de pesos en subsidios, mientras que los usuarios abonaron apenas seis millones", precisa la gacetilla.

"La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro dispuso un esquema de control más estricto sobre la firma pública, con auditorías permanentes y medidas de modernización que alcanzan tanto el seguimiento de consumos como la organización interna de la empresa. El objetivo es ordenar la administración, garantizar transparencia en el uso de los recursos y en este caso, asegurar que la Tarifa Social se aplique de manera justa, evitando abusos y desvíos", añade.

Por otra parte, el comunicado cita expresiones de la presidenta del Directorio de la EPE, Anahí Rodríguez. "Estos números -afirma la funcionaria- muestran que algunos sectores están desvirtuando el espíritu del beneficio. Vamos a redoblar los controles y aplicar todas las medidas necesarias para que la Tarifa Social vuelva a ser lo que debe: un apoyo para los hogares vulnerables, no un subsidio encubierto para consumos excesivos".

Santa Fe y Rincón

En la ciudad capital y en San José del Rincón se registraron 50 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que implicaron un subsidio estatal de 23.135.594 pesos. Entre ellos, una vivienda en un barrio de nivel residencial, sobre calle 1 de Mayo de la ciudad de Santa Fe que figuraba como caso social y consumió 2.840 kilovatios: "generó una factura de 654.195 pesos, de la cual el Estado cubrió 198.094". Otro caso en barrio Centenario "mostró un consumo de 3.482 kilovatios, con una factura de 779.439 pesos, de la cual el usuario pagó apenas 19.713 y el resto quedó a cargo del Estado".

Rosario y Funes

"La ciudad de Rosario concentró 78 casos de usuarios con consumos superiores a 3.000 kilovatios, que demandaron un subsidio estatal de 21.315.668 pesos. Allí se destaca el caso de un usuario del barrio Belgrano que consumió 7.020 kilovatios y cuya factura fue cubierta en 521.442 pesos por el Estado", puntualiza el texto que divulgó la Casa Gris.

"En septiembre se identificaron 21 contribuyentes que, con consumos entre 2.500 y 7.000 kilovatios, generaron facturas por 17.114.592 pesos. Los usuarios abonaron apenas 2.889.765, mientras que el Estado provincial debió cubrir 14.224.827".

Un caso de Funes "expone con claridad el desvío del beneficio". Un usuario con tarifa social "consumió 3.897 kilovatios y generó una factura de 880.367 pesos. De ese total, solo pagó 19.673, mientras que el Estado cubrió 860.693". En el mismo complejo, "dos familiares que también accedían al beneficio consumieron en conjunto 10.011 kilovatios, con facturas por 2.272.143 pesos. Los usuarios abonaron apenas 77.183 y el Ejecutivo provincial debió cubrir 2.194.959".

Próximos pasos

Rodríguez recordó que en los últimos días se avanzó con la compra de 75 mil telemedidores para mejorar el monitoreo en tiempo real de los consumos de los usuarios y así "poder ser más precisos a la hora de destinar los recursos". "Acá se ve que el robo de energía es una cuestión transversal y no de un sector particular. Tenemos que ser conscientes de que el robo de unos pocos afecta al consumo de todos", agregó.

El propósito "es que la tarifa social se mantenga como un instrumento de equidad, garantizando un consumo responsable y evitando que los recursos provinciales se desvíen hacia prácticas que no reflejen la necesidad real de los hogares vulnerables", expresa el parte de prensa del Ministerio de la Producción.