La Argentina atraviesa un ciclo de transición “todavía inestable”, con avances en materia de estabilización macroeconómica pero con deudas sociales persistentes.
Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA advierte que, pese a la estabilización macroeconómica y la mejora estadística de los indicadores de pobreza, persisten brechas estructurales, mayor precarización laboral y un 46% de la población en situación de estrés económico. La niñez sigue siendo el sector más afectado.

La Argentina atraviesa un ciclo de transición “todavía inestable”, con avances en materia de estabilización macroeconómica pero con deudas sociales persistentes.
Así lo señala el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina, que analiza el período 2023-2025 y advierte sobre una recomposición desigual de ingresos, mayor informalidad laboral y una baja de la pobreza que podría estar sobreestimada.
El documento, titulado “Estabilización, nuevo ciclo y deudas sociales persistentes en una Argentina en transición”, sostiene que el actual régimen económico logró desacelerar la inflación, recomponer el superávit fiscal y avanzar en reformas estructurales.
Sin embargo, ese ordenamiento convive con una estructura social heterogénea y estratificada, con un 30% de la población atrapada en condiciones crónicas de vulnerabilidad.
Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la pobreza monetaria mostró una caída significativa hacia 2025. No obstante, el ODSA advierte que esa mejora podría estar “sobrerrepresentada” por cambios en la captación de ingresos de la encuesta oficial.
Al comparar los datos de la EPH con los relevamientos propios de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), el Observatorio concluye que la reducción fue real, pero menor a la reflejada por la medición oficial. Parte de la mejora estaría asociada a la desaceleración inflacionaria más que a un incremento sustantivo del poder adquisitivo o del consumo de los hogares.
Además, el informe subraya que no se modificaron las desigualdades estructurales por edad: más del 40% de los adolescentes de entre 13 y 17 años continúa en situación de pobreza, proporción que duplica ampliamente la registrada entre los adultos mayores. La infantilización de la pobreza sigue siendo uno de los rasgos más persistentes del cuadro social.
Más allá de la medición por ingresos, el ODSA introduce el concepto de “estrés económico”, que capta la percepción de insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas. En 2025, el 46% de la población —casi uno de cada dos argentinos— vive en hogares que declaran esa situación.
Si bien el indicador mostró una leve mejora respecto de 2024, los niveles se mantienen similares a los de 2022-2023. Las brechas por nivel socioeconómico son marcadas: mientras uno de cada diez hogares del estrato medio alto sufre estrés económico, la proporción trepa a siete de cada diez en los sectores bajos.
En paralelo, la inseguridad alimentaria, la privación en recursos de salud y el atraso en el pago de servicios públicos registraron picos en 2024 y retrocedieron parcialmente en 2025.
El informe también pone el foco en el mercado laboral. A pesar de que la actividad económica creció 3,5% interanual hacia fines de 2025 y alcanzó su nivel más alto en dos décadas, ese dinamismo no se tradujo en mayor empleo formal.
Por el contrario, la participación del empleo no registrado pasó de 41,3% en 2023 a 45% en 2025, mientras la tasa de desocupación se mantuvo relativamente baja. La caída del empleo público y el estancamiento del empleo privado formal fueron compensados por un aumento del trabajo por cuenta propia y de los microemprendimientos informales.
En términos de ingresos, las remuneraciones se recompusieron tras la fase recesiva de 2023-2024, pero de manera segmentada.
El sector privado formal registrado logró mejoras reales y amplió su ventaja respecto del promedio, mientras que el sector público sufrió un ajuste significativo en 2024 y el sector microinformal mantiene ingresos que, en promedio, son un tercio inferiores a los del conjunto de los ocupados.
En el plano subjetivo, el estudio revela una combinación de descontento actual y expectativas positivas a largo plazo. El 43% de los encuestados considera que su situación económica es peor que la de sus padres, percepción que se acentúa en los estratos más bajos.
Sin embargo, el 82% cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que las que ellos tuvieron. De cara a 2026, el 39% anticipa que la situación económica del país será peor, aunque sólo el 20,6% proyecta un deterioro para su propio hogar.
Para el ODSA, el límite principal del actual enfoque económico radica en su bajo impacto en la creación de empleo productivo y bien remunerado. El perfil agro-minero-exportador y tecnológico, si no se complementa con políticas industriales, crediticias y de fortalecimiento del tejido pyme, podría consolidar desigualdades territoriales y ocupacionales.
La estabilización macroeconómica, concluye el informe, constituye una condición necesaria pero no suficiente: sin mecanismos inclusivos de transición y políticas activas de integración social y territorial, el riesgo es avanzar hacia un orden más desigual, con menor movilidad ascendente y amplios sectores disciplinados por la supervivencia más que integrados por oportunidades.




