UCR: "hay persecución política a la intendenta de San Guillermo"

La UCR santafesina, mediante un comunicado de prensa, expresó su repudio “al accionar de la policía provincial para con la intendenta de la ciudad de San Guillermo (departamento San Cristóbal), Romina López, a quién creemos claramente está sometida a una persecución política”.

El texto firmado por la Mesa Directiva del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical sostiene que “el pasado 24 de marzo personal policial se hizo presente en el domicilio particular de la intendenta Romina López para ponerla en conocimiento del inicio de actuaciones judiciales”.

“Seguidamente, de modo intimidatorio y violento procuraron trasladarla a los efectos de realizar una audiencia ese mismo día sin contar con garantías mínimas vaciando de ese modo el procedimiento y atentando contra las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio”.

El radicalismo santafesino advierte que se trata de “situaciones que no se pueden tolerar en un estado de derecho, justamente el día en que los argentinos ratificamos el derecho al libre pensamiento, la verdad, la justicia y la democracia, siendo estos degradados mediante este accionar”.

“Finalmente apelamos al sentido común de quienes tienen la responsabilidad de implantar justicia para que investiguen lo sucedido, cuidando la salud de la intendente que se encuentra embarazada y resguardar su núcleo familiar”.

Elección suspendida

El 25 de Agosto de 2019 falleció el entonces intendente Daniel Martina, un dirigente del PJ. Asumió entonces la presidenta del Concejo, Romina López, que cuenta con el apoyo de la del PRO en esa ciudad además del radicalismo.

En abril de 2020, por la emergencia sanitaria, el gobierno provincial tomó la decisión de suspender un proceso electoral que estaba en marcha para normalizar la intendencia. Ya se habían celebrado las PASO, cuando las cosas quedaron 65% a 35%. Esa era la ventaja de López con la lista de “Somos San Guillermo” formada por la UCR y el PRO sobre el peronismo, cuyo candidato, Luciano Parola, renunció en febrero pasado a continuar con la elección y a su banca de concejal.

Diez días atrás, desde el oficialismo en San Guillermo se ha pedido formalmente al Tribunal Electoral que resuelva el tema y aún no se ha expedido. Probablemente, la elección se lleve a cabo de manera conjunta con las de otras localidades para renovar autoridades municipales y comunales, en la segunda mitad del año.

“Sentí que me estaban apretando”

*Por Luis Rodrigo

Con distintos hechos y denunciantes ante la misma fiscalía, la intendenta de San Guillermo Romina López enfrenta tres causas judiciales por ser extremadamente dura o demasiado blanda con la cuarentena.

En el primer caso porque obstaculizó la circulación de vecinos de una localidad vecina (durante la primera mitad del año pasado), en el segundo porque –en un audio viralizado- les permitió a un grupo de jóvenes seguir con una fiesta clandestina hasta tarde, en lugar de impedirla.

En cualquier caso, no son esas causas bajo proceso lo que llaman la atención sino el modo en que la intendenta fue convocada a colaborar con la justicia o a defenderse.

El Litoral conversó con Romina López. Su voz todavía denota una congestión severa (un hisopado de Covid-19 le ha dado negativo) y un estado emocional vulnerable. Por momentos se cortaban sus palabras, aunque logró aplacar sus sollozos. Pronto cursará el séptimo mes de embarazo.

“Hace unas semanas vino personal de la fiscalía a pedirme que en 2 horas le responda a un pedido de informes, algo que era imposible porque eran muchos puntos y el inspector que trajo esa requisitoria me dijo que tenía la orden de no moverse de la Municipalidad hasta que yo responda. Le dije que para responderlo bien era necesario más tiempo, y que se pusiera cómodo para esperar. Entregamos la respuesta a la mañana siguiente, con el personal haciendo horas extras y corriendo para poder contestar semejante oficio que pedía muchísima información”.

La intendenta indicó que ese extraño plazo no fue comunicado por escrito, sino de manera oral, para cuidar los protocolos que impone la pandemia, según se le indicó.

Todo fue peor luego, el 24 de marzo. “Estoy embarazada, prácticamente entrando al séptimo mes y por recomendación de mi doctora tenía prescripto hacer reposo, porque estaba por un cuadro de congestión que, bueno todavía lo sigo sufriendo un poco… Estaba en casa y suspendí toda mi agenda particular. A eso de las 10:55 llega un oficial de la policía que quería leerme unas causas judiciales que hay en mi contra y que para ello me obligaba a ir a la comisaría. Le dije que no me iba a mover de mi casa porque estaba con reposo médico, cursando un embarazo. El oficial insistió, insistió, yo le repetí que no me iba a mover… Y que haga lo que quiera hacer, pero que yo iba a cuidar mi embarazo y que de mi casa no me iba a mover. Cuando se convenció que yo no iba a aflojar, después discutir un rato, llamó a la fiscal que tiene esa causa y no lo atendió. Accedía a darle mi número de teléfono con tal de que se vaya y me deje hacer reposo, para poder recuperar la tranquilidad. Pero por la tarde me volvió a llamar como tres ó cuatro veces. En definitiva, estuve todo el día pendiente de ésto, controlándome la presión arterial… Lo que menos hice fue reposo”.

“Pase un día horrible, justamente un 24 de marzo que conmemoramos la democracia, yo sentí que me estaban apretando porque sentí que me habían hostigado todo el día. Como a las 5 de la tarde me llamaron, nuevamente, y entonces los atendí para que me dejen de molestar”.

En esa llamada se le leyeron las tres causas que “hay en mi contra” una de “una presidenta comunal de una localidad vecina, otra de un militante peronista y otra supuestamente de oficio por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de la autoridad”.

El jueves 25 la intendenta interpuso un hábeas corpus “como para que me dejen de molestar y le hice saber al juez que se había puesto en peligro la vida de mi hijo”.