Revés para Uber en Rosario: el Concejo aprobó multas de más de $ 100.000 para el transporte ilegal

Por Ignacio Pellizzón


Finalmente, el proyecto impulsado por los taxistas rosarinos, para aumentar las multas al transporte ilegal en más de 100.000 pesos, fue aprobado en el Concejo este jueves. La iniciativa está enfocada en evitar que empresas de movilidad digital como Uber, Maxim, Cabify, entre otras, puedan seguir operando en Rosario de forma ilícita al igual que los famosos remises truchos.

Con 20 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones el cuerpo legislativo aprobó la aplicación de multas que van desde los 58.000 pesos hasta los 170.000 pesos.

¿Qué cambia?

Lo probado recientemente en el Concejo incorpora la ordenanza 9.959 que modifica al Código de Faltas en lo referido al servicio regulado de remises. Con este nuevo cambio se modifican las sanciones pecuniarias ya existentes que pasan de 200 a 1.900 UF (antes de 200 a 500) al titular registral, y al responsable del vehículo que “bajo cualquier concepto transporte y el que ceda a un tercero el vehículo para transportar personas en forma onerosa cualquier fuera su número, realizando un servicio público en automóvil sin el correspondiente certificado de habilitación emitido por el organismo competente, que estando habilitado para la prestación de determinada actividad o servicio, realice uno diferente y estando habilitado en otra localidad, levante pasajeros en la ciudad de Rosario, excepto el servicio contratado puerta a puerta por pasajeros con domicilio en otras localidades, y cobraren una tarifa diferente a la autorizada por la autoridad de aplicación, más la remisión del vehículo al corralón municipal y comiso de los accesorios o elementos utilizados”.

En tanto se actualiza también la ordenanza penando el servicio realizado mediante aplicaciones cuando no está habilitado, agregando el párrafo: “La prestación del servicio de transporte de personas realizado en forma habitual y onerosa, con vehículos sin habilitación municipal y cuyo despacho de viajes se practique a través o sirviéndose de aplicaciones móviles o de cualquier medio digital de alcance o uso masivo, la multa será de 1.300 a 3.800 UF”.

A favor y en contra

La iniciativa llegó al recinto tras el consenso alcanzado en la Comisión de Servicios Públicos, donde se determinó que el importe máximo de la sanción que le cabe a aquellas personas titulares de vehículos que prestan servicios de transporte de manera ilegal llegaría a los 150.000 pesos, mientras que, si se utiliza una aplicación ilegal, la multa va desde los 100.000 a los 300.000 pesos. “Buscamos desalentar a las firmas que buscan destruir todo tipo de competencia”, advirtió el edil peronista Eduardo Toniolli, quien acompañó el proyecto.

En total disidencia, el concejal del PRO, Roy López Molina, señaló a Mirador Provincial que esta medida “perjudica a la ciudad”, porque, por ejemplo, “el remís ilegal surgió como una respuesta de parte de la población que viviendo lejos del centro no encuentra ni en el taxi ni en el transporte público, la manera de moverse y trasladarse”.

Otra de las concejalas que sí apoyó la medida fue Lorena Carbajal, del Bloque Socialista, quien en su exposición señaló: "Seguramente en un futuro estas transnacionales se inscriban bajo un marco autorizado a nivel municipal. Es claro que es una actividad lícita de transporte, pero no tienen habilitación, y pone en riesgo la vida de los habitantes de la ciudad. Ahora legislamos para que ellos no destruyan el transporte público de aquí a 20 años. Estas herramientas probablemente sean insuficientes, pero es mejor intentar que quedarnos en un debate abstracto".

Según López Molina, quien también se desempeña como vicepresidente del Concejo, el aumento de multas “no va a frenar el desembarco de aplicaciones”, si es que consiguen mercado en Rosario; y se “profundizará” el mercado de remises ilegales.

Con respecto a la presión que intentó ejercer Uber a través de una cadena de mails con el hashtag: #QuieroUberEnRosario, donde protestaba y remarcaba que había una “persecución ilegítima”, el concejal aseveró que “lo primero que hay que hacer es legislar sin ser permeables a las presiones, que pueden venir desde Uber o desde representantes corporativos de un servicio de taxis, que no entienden que son un servicio público, no privado”.

Y concluyó en que en la ciudad “no hay un problema de oferta” de transporte público, en términos de cantidad, sino que “hay un problema de calidad del servicio”, que es percibido como malo; y eso hace que “muchos vecinos vean en las aplicaciones una manera de resolver esa mala calidad del servicio”.

La otra idea

También en el Concejo de Rosario hay un proyecto para poder regular las aplicaciones de transporte como Uber. A diferencia del aprobado, en éste se busca darle un marco legal al funcionamiento de las apps en la ciudad, en pos de “aumentar el empleo y generar mayores recursos municipales”, indicó a Mirador Provincial la concejala del PRO, Renata Ghilotti, responsable de la iniciativa.

Según especificó la edila, “la finalidad del proyecto es regular una actividad lícita, que existe y que hoy se está dando en Rosario y que por supuesto va a permitir la creación de nuevos puestos genuinos de trabajo”.

Además, Ghilotti indicó que “es importante la regulación, porque a partir de ella se van a generar nuevos ingresos a las arcas públicas de la ciudad; y, con ese dinero, fortalecer los sistemas de transporte público como el de los taxis y remises, siempre bajo el ala reguladora del Estado”.

La iniciativa de la concejala del PRO, que lidera el bloque unipersonal Propuesta Republicana, se da en el marco de una batalla que viene dando la Municipalidad contra las aplicaciones de transporte como Uber, principalmente.

Si bien en la ciudad ya están operando desde hace un mes otras apps como la rusa Maxim y Cabify, el conflicto se desató por tercera vez contra la multinacional Uber. Es que la estadounidense, que está decidida a instalarse en Rosario, no cumple con ninguna de las normativas vigentes que sí deben acatar los servicios públicos y privados.

Es por eso, que el proyecto presentando en el Palacio Vasallo pretende amparar a “personas que intentan ganarse la vida genuinamente trabajando”, apuntó y agregó: “Hay que dar una discusión mucho más de fondo, poner reglas claras para que haya competencia leal y que esto genere beneficios para los rosarinos y rosarinas”.