Allanamientos en Alto Verde por una causa internacional de pornografía infantil

Durante la jornada de este jueves, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante dos allanamientos simultáneos —uno en el barrio costero Alto Verde de la ciudad de Santa Fe y otro en Villa Constitución— en el marco de una investigación por pornografía infantil con alcance internacional.

El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de reserva y con intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según confirmó el Director Provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, se trata de una causa de alta complejidad que forma parte del programa internacional “Escudo Protector”, orientado al combate global de los delitos vinculados con la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

“Se secuestraron elementos informáticos de gran valor para la investigación, que serán peritados en los próximos días. No hay personas detenidas por el momento”, explicó Galfrascoli.

Un jugador de Unión bajo la lupa

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que uno de los domicilios allanados pertenece a un inmueble ubicado en Alto Verde donde residiría el jugador del plantel profesional de futbol Unión de Santa Fe, Cristian Tarragona.

No obstante, desde la PDI aclararon que no se divulgarán nombres ni datos personales, debido a la naturaleza extremadamente sensible del caso y la obligación de preservar la identidad de posibles víctimas menores de edad.

“No corresponde hacer mención a nombres o situaciones particulares. Es un delito complejo que involucra material sensible y cuya persecución se desarrolla también en coordinación con organismos internacionales”, subrayó el funcionario provincial.

La pista digital

El caso se originó a partir de una alerta internacional generada por una dirección IP que fue detectada en territorio santafesino. El rastreo técnico permitió establecer una traza informática que derivó en los dos allanamientos concretados esta mañana.

“Normalmente, este tipo de delitos se detecta a partir de una alerta que llega a los organismos nacionales, quienes trabajan en red. Desde allí se inicia un minucioso trabajo de depuración y geolocalización de la conexión”, explicó Galfrascoli.

El funcionario recordó que estos procesos “pueden demandar semanas o meses de análisis técnico antes de poder identificar un domicilio específico”.

Los fiscales intervinientes en la causa son Matías Broggi (coordinador del MPA Santa Fe) y el Dr. Suasnavar, quienes lideran las diligencias judiciales y el análisis de los dispositivos secuestrados.

Sin detenidos, pero con pruebas clave

Hasta el momento, no hay personas con privación de libertad dispuesta, aunque las computadoras, tablets y teléfonos incautados serán peritados por especialistas del área de Cibercrimen.

El resultado de esos análisis podría abrir nuevas líneas investigativas e incluso vincular otros casos en el país o el extranjero.

“Cuando se secuestra material digital, se analizan los contactos, vínculos y redes de distribución que puedan derivar en nuevas responsabilidades penales”, añadió Galfrascoli.

Conexión con el grooming

El funcionario aprovechó la ocasión para remarcar la relación directa entre el delito de pornografía infantil y el grooming, especialmente en el contexto del Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, que se conmemora esta semana.

“El grooming suele ser la primera etapa: el engaño, la seducción o el chantaje a un menor para obtener material íntimo. Ese contenido, lamentablemente, muchas veces termina circulando en redes internacionales de pornografía infantil”, explicó el director de Investigaciones Criminales.

Talleres de concientización

En paralelo, Alejandra Carrizo de la PDI y los ministerios de Justicia, Seguridad, Educación y Salud desarrollaron este jueves una jornada de prevención y concientización destinada a estudiantes secundarios, con el objetivo de advertir sobre las formas de captación digital y los riesgos del ciberacoso.

“Hay que estar a la altura de las circunstancias —dijo—, porque es un delito que crece con la tecnología y solo puede combatirse con educación, investigación y cooperación internacional”.