Caso Maros: "Siempre fue mi intención cumplir con la gente"

Juliano Salierno

jsalierno@ellitoral.com

“Hace 30 años me dedico a esta actividad, 20 en relación de dependencia. Fui funcionaria de Afip”, cargo al que renunció “para dedicarme al turismo”, declaró Marcela Arévalo, quien junto con su madre Ana Felice y Miguel Ángel Correa, administraban la agencia de viajes y turismo Maros, que estafó a más de un centenar de pasajeros en Santa Fe y alrededores.

Entre lágrimas y rogándole al juez Jorge Patrizi que proteja a sus niños, la imputada declaró por primera vez ante la Justicia, luego de que fuera detenida el lunes 2 de enero en la agencia de 1º de Mayo 6916.

La versión de la imputada se dio ayer, en el marco de la audiencia en la que tuvo tratamiento la medida cautelar, en la que el juez Patrizi dictó la prisión preventiva para ella y sus consortes de causa, con la salvedad de que la señora Felice, de 75 años, continuará bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Arévalo contó que hace 10 años, cuando surgió Maros, “vendimos un terreno” que tenía “con mi ex marido para poner la agencia”. Desde entonces “nunca pude recuperar el terreno que había invertido en el negocio” dijo. Ni siquiera “pude alquilar para irme a vivir con mis hijos”, agregó.

Robo y debacle

Como una de las explicaciones posibles a los hechos recientes, la mujer de 51 años contó que “tuve que afrontar un robo (se habla de $ 500.000) y solucionarlo recurriendo a préstamos. Siempre fue mi intención cumplir con la gente”, aseguró.

“Soy único sostén de mis hijos, no recibo cuota alimentaria” porque según dijo, su ex marido se encuentra en una situación también “difícil”. “Por eso he cometido el error de continuar con una actividad que no daba para más”, confesó.

Más allá de las estimaciones de la fiscalía, que argumentó peligro de fuga y entorpecimiento probatorio, Arévalo aseguró que “en ningún momento se me ocurrió irme de Santa Fe”, aunque reconoció que cuenta con todos los medios disponibles para hacerlo.

Por último, dijo: “No hay dinero en ningún lado, no hay inversiones, yo nunca me pude capitalizar”, echando por tierra las ilusiones de los damnificados de recuperar la plata invertida en un viaje que no podrán realizar.

“Si hay un negocio humilde en el rubro era ése, era una agencia de barrio”, insistió la mujer cuya principal preocupación por estas horas son “mis niños que viven con mi madre” y que pronto “deberán iniciar el ciclo escolar”.

Suma millonaria

La audiencia realizada ayer duró aproximadamente seis horas, con dos breves intervalos. Durante la jornada expusieron sus argumentos los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Omar De Pedro y Lucila Nuzzo, y los abogados Abel Bay y María Eugenia Cogliano -por Correa-, y Humberto Baridón -por las dos mujeres-.

Para la fiscalía, el monto de la estafa alcanza los $ 4.740.980,80, es decir unos U$S 298.554, según estimaciones con fecha 9 de enero del propio MPA, aunque aclararon que desde el lunes se seguían recibiendo denuncias en las oficinas de la Policía de Investigaciones (PDI). En ese sentido, la fiscalía atribuyó a los tres por igual los delitos de “estafas reiteradas” y “falsificación de documento”, figuras legales que fueron admitidas por el juez Patrizi para el dictado de la prisión.

“Preferimos venir con las atribuciones que se hicieron el viernes” y no formular nuevas acusaciones, aunque “a futuro se podrá hablar de una asociación ilícita”, adelantó el fiscal De Pedro, que una vez más chocó contra la labia ponzoñosa del Dr. Bay, que lo acusó de “verdugo” y lo llamó a “arrepentirse y reencauzarse” (ver aparte).

Primeras horas

La fiscalía repasó los hechos ocurridos el 2 de enero, cuando pasadas las 20, personal policial se constituyó en calle 1º de Mayo 6916, donde un grupo de personas se agolpó en la puerta de la agencia de viajes y turismo Maros, para reclamar por lo que a primera vista aparecía como una estafa a un contingente de 68 personas que tenían programado un viaje a Cancún y Playa del Carmen con fecha de partida al día siguiente.

En las oficinas de Maros, Marcela Arévalo trataba de convencer a los pasajeros defraudados de que todo se iba a solucionar; pero lejos de apaciguarse los ánimos, la situación fue incrementando en temperatura, y del diálogo, se pasó a los insultos, forcejeos y hasta hubo algunos golpes destinados a la agenciera, cuya detención había sido ordenada por la fiscal Nuzzo esa misma noche. La medida privativa de la libertad se hizo extensiva a su madre, Ana Felice, de 75 años que aparece como la titular del comercio y de las cuentas bancarias, sin las cuales Maros no podría haber operado en el mercado turístico; y 24 horas después para Miguel Ángel Correa, considerado administrador de la firma junto con Arévalo.

Según los damnificados, la versión de Arévalo fue que había sido engañada por el mayorista, y que por eso el viaje estaba cancelado.

Sin embargo, en un intento por salvar su pellejo llamó a su abogado, el Dr. Fernando Roldán, que lejos de ayudarla la sepultó al decirle -altavoz de teléfono mediante- que se vaya, que el 29 de diciembre (último día hábil previo a la feria judicial) había presentado el concurso de acreedores ante la Justicia Civil y Comercial.

En dicho documento judicial, que el propio Roldán puso a disposición de la fiscalía, la titular de la agencia reconoce un listado de 87 acreedores que en total serían unas 118 personas, muchas de las cuales debían estar ahora en las playas de Cancún.

El administrador

Entonces con Felice como responsable en los papeles y Arévalo como cara visible de la empresa -se presentaba como socia gerente-, faltaba que la fiscalía estableciera el rol que le cupo a Correa en la empresa delictiva. Si bien el hombre se autodefinió como “prestamista y cobrador”, la investigación permitió determinar que existen documentos ante el Ministerio de Turismo de la Nación en los que aparece con el rol de “administrador”, y una serie de mensajes de whatsapp confirman que tenía “una muy activa participación”, además de “dominio” sobre los movimientos de la empresa.

A propósito del fraude, la fiscalía sostuvo que “fue necesaria una estructura sólida y bien armada” y que ello permitió que “la gente fuera engañada en su pura confianza”. También se acreditó mediante informes del BCRA, que la empresa operaba con el Banco Macro de Aristóbulo del Valle, donde tanto Arévalo como su madre eran clientes conocidos. Además, los cajeros reconocieron que Marcela había asistido en los últimos meses -desde noviembre- acompañada de un hombre, cuya descripción coincidía en todo con la de Correa.

De los 160 casos que la fiscalía tenía inventariados hasta ayer, se fueron vertiendo “casos testigo” donde, por ejemplo, se detectó que una pasajera que había contratado un crucero recibía descuentos en su tarjeta de crédito para el pago de dos aéreos; otro que al recibir el número de vuelo se comunicó con la aerolíneas Copa donde le informaron que se trataba de vuelos inexistentes.

También surgieron otros dos nombres entre los involucrados: la habilitada Ivana Noelia Álvarez Flores y una empleada llamada Lucila García, conocida como “Popi”. Sobre ellas no pesa imputación alguna por el momento, aunque sí se abrieron otras investigaciones en el MPA.

Firmas falsas

De las maniobras delictivas endilgadas surge que Arévalo falsificó la firma de algunos turistas para completar el formulario de cobro vía tarjeta de crédito. Un perito calígrafo de la Corte y otro de la PDI detectaron trazos diferentes a los originales en repetidos casos. Como si fuera poco, la fiscalía cuenta con hojas de tipo borrador, en las que se advierte que alguien estuvo practicando firmas.

Adelantándose a la estrategia defensiva de los imputados, la fiscalía sostuvo que la maniobra “no se limita a un simple incumplimiento contractual”, puesto que “se sabía hace meses que no se iba a cumplir lo prometido” y eso es clave en la configuración de la estafa.

También fue consultado el empresario del rubro Marcelo Giménez, quien prestó declaración testimonial en el MPA como secretario de la Aseavyt (Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo). El empresario explicó que dichas firmas comerciales necesitan de un habilitado para funcionar y detalló algunas tarifas estándar para viajes internacionales, las que aparecen muy por arriba de las que promocionaba Maros. Por ejemplo, mientras Maros promocionaba un viaje a Aruba por 1.695 dólares, el mismo baucher en cualquier agencia ronda los 3.000, lo cual habla de una diferencia de casi el 100%.

>>> De Pedro el “verdugo”

Por estricta recomendación del juez de la IPP, Jorge Patrizi, las partes acataron el pedido de no interrumpirse mientras la contraparte realizaba su argumentación, ya que cada uno tendría tiempo de hacer sus respectivos descargos. Así, el abogado Abel Bay se mostró llamativamente prudente, durante la extensa exposición del MPA.

Apenas en un par de oportunidades el profesional de aquilatada trayectoria en los tribunales locales osó intervenir con frases socarronas, pero fue frenado a tiempo y primó la cordura.

A su turno, y abusando de las muletillas “escúcheme” y “vio señor juez”, antes y después de cada frase, el Dr. Bay también se explayó en su alocución, considerada “brillante” por su colega María Eugenia Cogliano, que se mostró tímida y titubeante.

Bay criticó el accionar de la fiscalía que entrevistó a su cliente Miguel Ángel Correa mientras estaba en situación de arrestado. “Yo fui defensor del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) cuando tenía 26 años”, “me da una sensación de cierto temor”, dijo al preguntarse si la entrevista no fue acaso un “ablande” para obtener información.

El defensor se preguntó por qué el detenido fue trasladado a declarar a la fiscalía y de eso no quedó constancia. “Si hubo una entrevista no está”, agregó. Pero fue más allá: “Estamos ante un procedimiento sumamente irregular que es alarmante”. “Usted es el juez de Garantías -le dijo a Patrizi-, usted nos tiene que brindar protección, no queremos estar ante un fiscal que parece un verdugo”, acusó a De Pedro.

Después se dedicó a criticar a las víctimas que “con todo respeto” -dijo- “eran personas indolentes” porque los viajes que estaban comprando “eran una ganga” y remató: “A los torpes la ley no los protege”.

>>> El juez

Unos 45 minutos le llevó al juez Patrizi resumir y fundamentar su resolución, en la que en primer término convalidó el arresto de Correa y la posterior entrevista mantenida en la fiscalía, tal como lo establece el Código Penal vigente. Luego sostuvo que “aquí el silencio es constitutivo del engaño” y que “ella (por Arévalo) tendría que haber informado” a los clientes para que se configurase la estafa. Luego agregó que el uso de las tarjetas de crédito de manera discrecional “hace mayor la posibilidad de que estemos ante un delito penal y no una cuestión civil”, por lo que el juez Patrizi consideró “acreditados” la estafa y la falsificación atribuidas.