El cazador de la Laguna Setúbal es empleado provincial y no tiene licencia habilitante

La investigación por las imágenes de caza difundidas en redes sociales sumó nuevos elementos y abrió varios frentes, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial. El hombre señalado por haber cazado aves acuáticas en la Laguna Setúbal es empleado de planta permanente de la provincia de Santa Fe y, según confirmó el Ministerio de Ambiente, no contaba con licencia habilitante para desarrollar esa actividad.

El caso había comenzado a partir de fotografías y videos publicados por el propio investigado en redes sociales. En esas imágenes aparecía junto a ejemplares de distintas especies de patos y otras aves acuáticas que, de acuerdo con la denuncia, habrían sido abatidas durante jornadas de caza realizadas en la zona de la Setúbal.

A partir de esas publicaciones, la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna inició una actuación administrativa y posteriormente la Provincia presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación.

Trabaja en planta permanente

El secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Alejandro Luciani, confirmó que el denunciado integra la planta permanente del Estado santafesino y sostuvo que no figuraba como titular de una licencia de caza deportiva.

La situación adquiere particular relevancia porque, de acuerdo con lo informado por la autoridad ambiental, la caza se encuentra vedada durante todo el año en los departamentos La Capital y Rosario. Las escenas difundidas habrían sido registradas en inmediaciones del barrio El Pozo, en un sector de la Laguna Setúbal situado además frente al edificio del propio Ministerio de Ambiente.

El expediente administrativo no se limita a la falta de permiso. Los investigadores analizan también la presunta caza de especies protegidas, la cantidad de ejemplares exhibidos, el eventual incumplimiento de cupos y los métodos empleados durante las jornadas.

El caso continúa en la Justicia

El caso dio además un salto al ámbito penal. En el marco de las primeras medidas ordenadas por la Justicia se realizaron allanamientos en el domicilio del investigado, aunque hasta el momento no fueron localizadas las armas que aparecen en las publicaciones ni los ejemplares que presuntamente habrían sido cazados.

La ausencia de esos elementos no puso fin a la pesquisa. Las imágenes y videos publicados en redes sociales se transformaron en una de las principales líneas de investigación y son analizados para intentar establecer fechas, lugares y circunstancias de las distintas jornadas de caza.

En paralelo, el Ministerio de Ambiente avanzó con el expediente administrativo y proyectó una sanción que se aproxima a los 3,5 millones de pesos. El monto máximo vigente para este tipo de infracciones fue establecido en $3.456.434,80, mientras que el mínimo se ubica en $41.485.

La eventual multa administrativa y la investigación penal transitan por caminos diferentes. La primera corresponde al ámbito de aplicación de la normativa provincial sobre fauna, mientras que será la Justicia la que determine si los hechos denunciados configuran delitos y quiénes resultan eventualmente responsables.

Otro aspecto incorporado al expediente surgió del análisis de las imágenes. Según las autoridades ambientales, pudieron identificarse ejemplares correspondientes a al menos diez especies de patos y aves acuáticas. Entre ellas aparecen el pato picazo, sirirí pampa, sirirí colorado, pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara, pato de collar y pato crestudo.

Precisamente esta última especie ocupa un lugar particular dentro de la investigación debido a su condición de especie protegida y amenazada en territorio provincial.

Argumento falaz

El denunciado había sostenido públicamente que cazaba para consumir los animales y que parte de las piezas eran destinadas a la elaboración de conservas. Desde el Ministerio de Ambiente señalaron que ese argumento no habilita la captura de fauna silvestre en lugares donde la actividad está prohibida.

Luciani también puso el foco en los riesgos sanitarios asociados con el consumo de animales silvestres que no atraviesan controles oficiales. La falta de trazabilidad, de supervisión sanitaria y de garantías sobre la conservación de la carne constituye, según explicó, otro de los problemas vinculados con este tipo de prácticas.

El expediente permanece abierto y no se descarta que puedan disponerse nuevas medidas para reconstruir las circunstancias de las cacerías que aparecen en las publicaciones.

Operativos contra la caza furtiva

Mientras tanto, el caso quedó instalado como una de las investigaciones recientes vinculadas con la protección de la fauna silvestre en Santa Fe, en un contexto en el que las autoridades provinciales también vienen realizando operativos contra la caza furtiva en distintas zonas del territorio.

Uno de esos procedimientos tuvo lugar recientemente en el área rural de Las Avispas, en el departamento San Cristóbal, donde la Policía de Seguridad Rural "Los Pumas" detuvo a cuatro cazadores y secuestró 72 patos crestones abatidos y cuatro escopetas.

La Provincia informó además sobre nuevas herramientas destinadas a fortalecer los controles sobre los humedales, entre ellas drones, cámaras trampa, dispositivos GPS y binoculares. El objetivo declarado es mejorar la vigilancia sobre los territorios donde se desarrollan actividades de caza y facilitar la detección de infracciones.

Las autoridades ambientales recordaron que, ante una situación de caza ilegal en desarrollo o un caso de flagrancia, se puede recurrir al 911. También existen canales oficiales para formular denuncias ambientales a través del sistema de Atención Virtual del Gobierno de Santa Fe.