Córdoba: dos hermanos condenados por trata de personas deberán indemnizar a las víctimas

Los hermanos Daniel Alejandro Barey (41) y Fabio Ricardo Barey (49) fueron encontrados responsables de encabezar una red de trata de personas y explotación sexual y deberán indemnizar a las víctimas según lo resuelva la Justicia Federal de Córdoba.

Además, hay otras personas acusadas, pero los Barey ya habían logrado sortear un juicio en el que resultaron sobreseídos en el 2014, aunque ahora en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la ciudad de Córdoba, se llevará adelante un juicio abreviado, donde se acordó una condena por lavado de activos que generaron tras la explotación sexual de varias mujeres.

El fiscal Carlos Gonella, precisó en declaraciones a Cadena 3 que también se resolverá “reparación económica para las víctimas por todos los bienes logrados”.

“Se los acusa de explotación económica de la prostitución ajena y haber legitimado y darle apariencia legal a bienes adquiridos con fondos de la explotación sexual ajena y trata de personas”, indicó.

“Se acordó con la defensa y se han decomisado 3 inmuebles, 8 vehículos de alta gama que van a ser liquidados, rematados y con eso se va a indemnizar a 30 víctimas por sumas que superan los 30 millones de pesos”, agregó.

En octubre de 2014, los acusados consiguieron un fallo absolutorio en el Tribunal Oral Federal N° 1, pero la Cámara Nacional de Casación Penal anuló esa sentencia y ordenó un nuevo juicio. Ahora, tras un acuerdo de los defensores con el fiscal Gonella se prevé este juicio abreviado que debe homologar tras sucesivas audiencias la vocal del TOF2 María Noel Costa.

En su elevación a juicio por lavado del dinero derivado de la explotación económica de la prostitución ajena, el instructor de la causa, el fiscal Enrique Senestrari acusa a los Barey; a su madre, Mafalda Edith Ceballos (73); a la tía de ambos (y hermana de la anterior) Selva del Valle Ceballos (80), y a otras cuatro personas vinculadas a su entorno, Marcela Elizabeth Guzmán (47), Fabián Ariel Peralta (47), Graciela Mabel González (46) y Marcela Cristina Andino (48).

El acuerdo que debe ser refrendado por la jueza sostiene que el “acervo patrimonial” de los Barey queda a disposición del Estado. Se estima que luego el producido será utilizado -al menos en gran parte- para el resarcimiento de las víctimas. Entre vehículos importados y propiedades, algunas muy valiosas, se superan ampliamente los 30 millones de pesos.

Con información de Télam