Crisis en un hogar de Niñas y Adolescentes motivó intervención policial y bomberos en barrio Sur

Una grave situación de violencia institucional y crisis emocional protagonizada por un grupo de adolescentes alojadas en un hogar de protección dependiente del Estado provincial movilizó durante la noche del domingo a numerosas fuerzas de seguridad y equipos de emergencia en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.

El episodio ocurrió poco después de las 23 en un inmueble ubicado sobre calle Urquiza al 1700, donde funciona un hogar destinado a niñas y adolescentes bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

El conflicto comenzó cuando personal policial fue comisionado a raíz de un llamado al sistema de emergencias 911 que advertía sobre disturbios en el establecimiento. Al arribar los primeros efectivos del Comando Radioeléctrico encontraron que varias adolescentes se habían atrincherado en el segundo piso del edificio y reaccionaban con extrema violencia frente a cualquier intento de intervención.

Objetos arrojados y amenazas

Según informaron fuentes policiales, las jóvenes comenzaron a arrojar desde el interior distintos objetos contra los uniformados. Entre los elementos lanzados hubo sillas, palos y recipientes con agua caliente, situación que obligó a extremar las medidas de seguridad para evitar lesiones tanto al personal actuante como a las propias menores.

En medio del conflicto, una de las adolescentes manifestó intenciones de autolesionarse, mientras que el grupo amenazaba con provocar un incendio dentro del inmueble.

Ante ese escenario, se dispuso la inmediata convocatoria de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), personal de la Agrupación Bomberos Zapadores (ABZ) y una unidad del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), previendo una posible escalada de la situación.

Prevención ante una eventual emergencia

Bomberos Zapadores montó un dispositivo preventivo frente al edificio, desplegando una línea de ataque con mangueras ante la posibilidad de que las amenazas de incendio se concretaran.

Sin embargo, una vez que el GOE logró ingresar al inmueble y controlar la situación, los especialistas realizaron una inspección completa del edificio y constataron que no existía ningún foco ígneo ni evidencias de combustión.

Las actuaciones se concentraron entonces en contener la crisis y garantizar la seguridad de todas las personas presentes dentro del establecimiento.

Intervención judicial

Mientras el operativo se desarrollaba, la responsable del hogar puso en conocimiento a las autoridades judiciales de lo ocurrido.

La fiscal de Menores en turno fue informada de la situación y autorizó el ingreso de las fuerzas especiales al inmueble para impedir consecuencias de mayor gravedad, teniendo en cuenta el nivel de violencia registrado y el riesgo que representaban las amenazas de incendio y los anuncios de autolesiones.

Una vez restablecido el orden, la representante del Ministerio Público dispuso la aprehensión de una adolescente de 17 años, quien quedó a disposición de la Justicia por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y amenazas.

Respecto del resto de las menores involucradas —de entre 12 y 15 años— la fiscal indicó que no correspondían medidas penales en esa instancia y ordenó que la Subsecretaría competente evaluara su inmediata reubicación dentro del sistema de protección.

Operativo de gran magnitud

Del procedimiento participaron móviles del Comando Radioeléctrico, efectivos del GOE, Bomberos Zapadores, personal del SIES 107 y autoridades policiales de la Unidad Regional I.

La intervención concluyó cerca de la medianoche, luego de que la situación quedara completamente controlada y se descartara cualquier riesgo de incendio dentro del establecimiento.

El episodio volvió a poner en evidencia la complejidad de las intervenciones en instituciones destinadas al resguardo de niñas y adolescentes atravesadas por situaciones de alta vulnerabilidad, donde los conflictos suelen requerir una respuesta coordinada entre organismos judiciales, fuerzas de seguridad, equipos sanitarios y áreas de protección de derechos.