Denuncia por mala praxis: médico diagnosticó a un árbitro de futbol un desgarro y terminó con la pierna amputada

Una denuncia penal presentada ante el MPA (fiscalía de Venado Tuerto) abrió una investigación sobre un presunto caso de mala praxis médica que tuvo como desenlace la amputación de la pierna izquierda de un hombre de 73 años, conocido en el ámbito deportivo por desempeñarse como árbitro de fútbol y que, hasta pocos días antes del episodio, llevaba una vida físicamente activa.

La presentación fue realizada por la abogada Carolina Walker Torres en representación de Luis José Strafella, quien atribuye el grave desenlace a una serie de presuntas falencias ocurridas durante la atención recibida entre el 9 y el 12 de julio en el Samco "Miguel Rueda" de la localidad de Santa Isabel.

La denuncia solicita que se investigue la eventual responsabilidad penal del médico identificado con las iniciales F.C., a quien se le atribuye haber descartado reiteradamente la existencia de una urgencia vascular, manteniendo un diagnóstico de desgarro muscular y omitiendo, según sostiene la presentación, disponer una derivación inmediata hacia un centro de mayor complejidad.

El escrito también pide que la investigación abarque la actuación de las autoridades del establecimiento asistencial y de quienes tenían responsabilidades de conducción y supervisión, con el propósito de determinar si existieron eventuales omisiones institucionales.

Rutina deportiva y emergencia médica

Según consta en la denuncia, el episodio comenzó el 9 de julio, cuando Strafella realizaba su entrenamiento habitual. Mientras corría sufrió un dolor repentino e intenso en la pierna izquierda que, siempre de acuerdo con la versión incorporada a la presentación judicial, estuvo acompañado por un inmediato adormecimiento de la extremidad y la imposibilidad de continuar caminando.

Su hijo debió trasladarlo hasta el hospital, donde fue atendido por el médico ahora denunciado.

Siempre conforme al relato presentado ante la Fiscalía, durante esa primera consulta se le practicó una radiografía y se diagnosticó un presunto desgarro muscular. Como tratamiento recibió medicación antiinflamatoria y corticoides, además de indicaciones para regresar en distintas oportunidades a fin de completar las aplicaciones prescriptas.

La denuncia sostiene que durante aquella evaluación no se habrían realizado maniobras clínicas destinadas a descartar un compromiso vascular agudo, extremo que será materia de investigación.

Cuatro consultas

Uno de los ejes centrales de la presentación judicial es que el paciente volvió en reiteradas ocasiones al mismo centro de salud sin experimentar mejoría.

La reconstrucción efectuada por la denunciante indica que, con el paso de las horas, comenzaron a aparecer signos que preocupaban tanto al paciente como a sus familiares: la pierna permanecía fría, el dolor aumentaba, desaparecía progresivamente la sensibilidad y la movilidad era cada vez más reducida.

Pese a ello, sostiene el escrito, el diagnóstico inicial nunca fue modificado.

La denuncia afirma que familiares del hombre comunicaron en más de una oportunidad esos síntomas al profesional denunciado, quien habría atribuido el cuadro a la evolución del supuesto desgarro muscular y mantuvo el tratamiento inicialmente indicado.

Durante esas sucesivas consultas —siempre según la presentación penal— tampoco se habrían solicitado estudios complementarios ni dispuesto una interconsulta especializada o una derivación urgente.

El cambio de criterio

La situación dio un giro durante la madrugada del 12 de julio, cuando Strafella regresó nuevamente al hospital debido al agravamiento del cuadro.

En esa oportunidad fue atendido por otro médico de guardia, quien —de acuerdo con la denuncia— realizó una evaluación orientada a verificar la circulación sanguínea del miembro afectado y advirtió la ausencia de pulsos arteriales, además de la marcada frialdad y el cambio de coloración del pie.

Frente a ese escenario resolvió derivar al paciente a un centro asistencial de mayor complejidad para su inmediata atención por especialistas en cirugía vascular.

Ya en ese establecimiento, un ecodoppler confirmó una obstrucción arterial total del miembro inferior izquierdo y el paciente fue sometido a una cirugía de revascularización mediante un bypass arterial, con el objetivo de recuperar el flujo sanguíneo.

Sin embargo, siempre conforme a la denuncia, el tiempo transcurrido desde el inicio del cuadro habría provocado un daño irreversible en los tejidos, por lo que finalmente los profesionales resolvieron amputar la pierna izquierda por encima de la rodilla para preservar la vida del paciente.

Responsabilidades institucionales

Más allá del accionar atribuido al profesional denunciado, la presentación judicial sostiene que la investigación no debería limitarse únicamente al acto médico.

La abogada patrocinante solicita que el Ministerio Público de la Acusación determine si existieron responsabilidades por parte de quienes tenían a su cargo la conducción del establecimiento sanitario, al considerar que podrían haber existido omisiones en las tareas de supervisión y control.

En ese sentido, la denuncia menciona que con anterioridad al caso de Strafella ya habrían existido cuestionamientos públicos sobre el desempeño del médico denunciado. Según el escrito, esos antecedentes se habrían reflejado en reclamos efectuados por pacientes, publicaciones en redes sociales, intervenciones en programas radiales y supuestas anotaciones en el libro de quejas del efector sanitario.

Recuperación complicada

Mientras tanto, Luis José Strafella continúa atravesando un complejo proceso de recuperación. Según la denuncia, además de la amputación debió afrontar nuevas complicaciones clínicas posteriores, entre ellas una hemorragia digestiva que motivó estudios, transfusiones sanguíneas y un nuevo ingreso a terapia intensiva.

La causa quedó ahora en manos del Ministerio Público de la Acusación, organismo que deberá resolver las primeras medidas de investigación para reconstruir el recorrido asistencial del paciente y determinar si existieron responsabilidades penales individuales o institucionales.