Derribaron dos búnkeres de droga en Esperanza y destacan su impacto en la "pacificación del territorio"

Dos viviendas utilizadas como puntos de venta de droga fueron demolidas este jueves por la mañana en la ciudad de Esperanza, en cumplimiento de una orden judicial dictada la semana pasada, a pedido del Ministerio Público de la Acusación.

Los inmuebles estaban ubicados sobre terrenos usurpados de barrio La Lona, en el extremo sur de la planta urbana, y habían sido escenario de actividades vinculadas al narcomenudeo en al menos dos investigaciones penales consecutivas, encabezadas por los fiscales Alejandro Benítez y Natalia Giordano.

El operativo se desarrolló en una zona de descampados ubicada sobre calle Chaco al 1700 y estuvo a cargo del área Técnica y Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, con apoyo de efectivos de la Unidad Regional XI y de la Policía de Investigaciones.

También participaron autoridades de la Municipalidad de Esperanza, encabezadas por el intendente Rodrigo Müller; el subdirector de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, Diego Vigo; el subsecretario de Análisis Criminal de la provincia, Sebastián Montenotte; y la diputada Jimena Senn, que es oriunda de Grütly.

Dos puntos de venta

La primera construcción derribada fue la que había ocupado Carlos Exequiel Lane, uno de los imputados en la investigación más reciente. Frente a ella se encontraba el segundo inmueble, conocido en el barrio como “la casa del peruano” (Barbadillo Marín), una edificación precaria compuesta por sectores de mampostería y otros de características propias de un rancho.

Una retroexcavadora avanzó sobre las estructuras mientras operarios completaban la tarea con mazas y martillos. Finalmente, un camión municipal retiró los escombros.

Fuentes presentes en el lugar señalaron que el procedimiento se desarrolló con normalidad. Pese a la expectativa generada por el operativo, no se registraron incidentes ni manifestaciones de resistencia entre los escasos vecinos que permanecían en sus viviendas durante la mañana.

“Impacto simbólico”

Presente durante el derribo, el subdirector de Microtráfico del MPA, Diego Vigo, destacó que la medida constituye una de las herramientas previstas por la ley de desfederalización del narcomenudeo para intervenir sobre puntos de venta reiteradamente utilizados para actividades delictivas.

“Cuando detectamos los casos y entendemos que se encuentran reunidas las condiciones para neutralizar tanto la actividad delictiva como también desactivar el punto de venta, concretamos estos derribos”, explicó.

En referencia al caso de Esperanza, agregó que “esta es una reiteración delictiva, con lo cual lograr este derribo también tiene un impacto simbólico muy importante para la comunidad, para la pacificación del territorio y para la consolidación de la seguridad pública”.

Buzón de la Vida

Vigo también valoró el papel de las denuncias ciudadanas en el desarrollo de las investigaciones.

“En Esperanza estamos detectando que el Buzón de la Vida funciona y muy bien”, afirmó. Según sostuvo, ello demuestra “la buena articulación que existe con el municipio, la provincia, pero fundamentalmente con los vecinos y las vecinas que se comprometen poniendo en conocimiento del MPA todas las situaciones delictivas”.

Por su parte, el fiscal Alejandro Benítez recordó que las pesquisas tuvieron origen en llamados al 911 y denuncias anónimas.

“A partir de ahí eso se deriva a la Oficina de Microtráfico y nos asignan a los fiscales locales la continuación de la investigación, con resultado positivo”, señaló. Asimismo remarcó que actualmente hay cinco personas en prisión preventiva vinculadas a los inmuebles derribados.

Dos investigaciones

La demolición constituye el capítulo más reciente de dos causas penales que investigan la venta minorista de estupefacientes en el sector. La primera se inició tras allanamientos realizados el 5 de abril de 2025, que derivaron en las detenciones de Kevin Antonio Santillán, Emilce Maricel Scheffer y César Augusto Barbadillo Marín, quienes permanecen detenidos.

Según la hipótesis fiscal, en aquella oportunidad se secuestró cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión, municiones y otros elementos de interés para la investigación.

Sin embargo, tras esas detenciones, el punto de venta no quedó inactivo.

Con el paso de los meses, la vivienda volvió a ser ocupada y la actividad ilícita se reanudó. Esa situación motivó una nueva investigación que culminó el 15 de mayo de este año con cinco allanamientos simultáneos y la detención de Carlos Exequiel Lane, Jorge Ezequiel Luna, Silvina Marisel Vidal, Jorge Andrés Ruiz Díaz y Santiago Ruiz Díaz.

Durante esos procedimientos, los investigadores secuestraron cocaína, cannabis, dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares y un revólver calibre 32 cargado y apto para el disparo. El pasado 2 de junio, los cinco acusados quedaron en prisión preventiva.

125 derribos en Santa Fe

Desde el gobierno provincial, el subsecretario de Análisis Criminal, Montenotte, subrayó que los procedimientos realizados en Esperanza corresponden a los derribos números 124 y 125 concretados en Santa Fe desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico.

“Los primeros que sufren este tipo de comercialización son los propios vecinos”, sostuvo. Y añadió que estos puntos de venta suelen estar asociados “a robos, violencia y otros delitos predatorios” que afectan la convivencia en los barrios.

Con las dos demoliciones ejecutadas en Esperanza y otra realizada el mismo día en Rosario, la provincia alcanzó los 125 inmuebles vinculados al narcomenudeo inactivados desde la sanción de la ley impulsada a fines de 2023, una política que las autoridades provinciales presentan como uno de los ejes centrales de la estrategia de combate al microtráfico.