Imputaron en Santa Fe a un empresario uruguayo acusado de tentativa de extorsión

Un empresario uruguayo de 68 años fue imputado este viernes en los tribunales de Santa Fe como coautor de extorsión en grado de tentativa, en el marco de una investigación que ya tiene a otros tres acusados detenidos.

Se trata de Walter Antonio Roel de Armas, quien fue extraditado desde la República Oriental del Uruguay tras una notificación roja de Interpol y quedó sometido a una medida cautelar de prisión preventiva morigerada.

La audiencia se realizó en el subsuelo de los tribunales locales, donde la fiscal María Laura Urquiza le atribuyó haber actuado en coautoría funcional, sobre la base de un plan común y con una clara distribución de roles, con el objetivo de obligar a un empresario santafesino —titular de una firma de nutrición animal— a entregar 100 mil dólares entre el 1º y el 10 de octubre de 2025.

El juez Leandro Lazzarini dispuso que el imputado cumpla arresto domiciliario en la ciudad de Santa Fe, por razones de edad y salud, según expresó y pudo acreditar la defensa, que está a cargo del abogado Jorge Hernando Qüesta. Para ello, debió alquilar un departamento donde fijará domicilio mientras dure el proceso, en tanto que un familiar viajará desde Uruguay para asistirlo.

Rol y estructura del plan

De acuerdo con la imputación, Roel de Armas —empresario vinculado al rubro de importación de cereales— y Rodolfo Eduardo Liendo -transportista- habrían aportado el componente medular de la maniobra: información personal y sensible de la víctima y su entorno familiar, sin la cual las amenazas posteriores habrían carecido de entidad intimidatoria.

Según expuso la fiscal Urquiza, esa información incluyó números telefónicos del denunciante y de su hermano, domicilio particular, nombre de su pareja y de su hijo menor, establecimiento educativo al que asiste el niño y los domicilios laborales de la mujer.

También se les atribuye haber impartido instrucciones sobre el falso origen del reclamo dinerario y la necesidad de ocultar su propia intervención.

La ejecución material de las amenazas fue atribuida a Guillermo Sebastián Pucheta y José Luis Ríos —este último detenido en Puerto Madryn—, quienes enviaron mensajes y audios intimidatorios en los que exigían el pago de la supuesta deuda y advertían sobre posibles agresiones contra la familia.

El 9 de octubre de 2025, ambos se presentaron en una joyería céntrica, propiedad de la pareja del denunciante, para reforzar la coacción.

Para la fiscalía, se trató de una coautoría funcional: mientras algunos aportaban la información estratégica y coordinaban, otros materializaban la intimidación.

La calificación legal es la de coautor de extorsión en grado de tentativa, figura que prevé una pena en expectativa que —según explicó la acusadora— parte de un mínimo cercano a los dos años y medio y puede extenderse hasta los diez años de prisión.

Extradición y situación procesal

La causa se inició en octubre de 2025 y rápidamente derivó en allanamientos simultáneos en Santa Fe y otras jurisdicciones, que culminaron con la detención de Liendo, Pucheta y Ríos. Roel de Armas, en cambio, se encontraba en Uruguay.

A pedido de la Fiscalía Regional I, se libró una notificación roja de Interpol y se activaron los mecanismos de cooperación internacional. La captura se concretó en diciembre en la localidad uruguaya de Pan de Azúcar.

Tras el trámite judicial correspondiente, fue extraditado por vía aérea a la Argentina, con intervención de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina, y entregado a la Policía de Investigaciones (PDI) para su traslado a Santa Fe.

La fiscalía también le atribuye el delito de tenencia de arma de fuego. En paralelo, existe un conflicto de índole civil vinculado a relaciones comerciales entre las partes.

Mientras los otros tres imputados permanecen en prisión preventiva efectiva, el empresario uruguayo transitará el proceso bajo arresto domiciliario en la capital santafesina. La investigación continúa en etapa preparatoria, con negociaciones abiertas entre las defensas, la fiscalía y la víctima respecto de una eventual salida alternativa o la elevación a juicio.

“Información esencial”

Tras la audiencia imputativa, la fiscal María Laura Urquiza brindó precisiones sobre la atribución formulada contra el empresario uruguayo extraditado y explicó por qué su intervención es considerada central dentro del esquema delictivo.

“Se realizó la audiencia imputativa para hacerle conocer el hecho por el cual estaba siendo investigado desde octubre de 2025. Se le atribuyó el delito de tentativa de extorsión en coautoría con otras tres personas”, indicó la funcionaria.

Sobre el papel específico que le endilga la acusación, Urquiza sostuvo: “Su rol como coautor fue el de aportar la información esencial y sensible sobre la vida privada de la víctima. Sin esos datos, las amenazas posteriores hubieran carecido de fuerza intimidatoria”. Y agregó: “Es una pieza medular del plan. Sin esa información, la coacción no hubiese tenido sentido ni gravedad”.

La fiscal detalló que la víctima comenzó a recibir mensajes de distintos números en los que se le reclamaba el pago de una supuesta deuda por 100 mil dólares. “Los mensajes eran cada vez más frecuentes y más graves. Se enviaban fotografías del núcleo familiar, precisiones sobre la escuela del hijo menor y datos sobre el lugar de trabajo de su pareja”, describió.

También explicó que dos de los imputados se presentaron en el local comercial de la mujer para reforzar la intimidación: “Fue una forma de demostrar que no se trataba de una broma, que podían llegar hasta el lugar”.