El jefe policial de General López depositó la caución y quedó libre

Después del mediodía de este martes, el desplazado jefe de la Unidad Regional VIII de Policía, Francisco Fernández, recuperó la libertad -estaba preso en la Alcaidía de Melincué- tras el depósito por parte de sus abogados de la caución de un millón de pesos que el juez Leandro Martín impuso como condición, mientras tanto continúa el proceso judicial.

El trámite se sustanció en el Registro de la Propiedad, con sede en Venado Tuerto, donde se dio cumplimiento a la garantía con la documentación de una vivienda que el uniformado posee en la ciudad de Rosario.

Luego, apenas constada dicha presentación, el magistrado libró el oficio para que sea puesto en libertad el acusado.

Hasta ese instante, el policía permaneció detenido en Melincué, y dado el adelanto del depósito de la caución -en principio estaba previsto para mañana miércoles-, no hizo falta la autorización judicial para los chequeos con el área médica y de psiquiatría del Hospital Gutiérrez, que iban a realizarse este martes, en función de un cuadro depresivo que estaría atravesando Fernández.

Ahora, ya en el ejercicio de su libertad, el acusado podrá acudir al centro médico que desee, y además deberá cumplir las reglas de conducta resueltas por el juez Martín: prohibición de uso del arma reglamentaria; prohibición de ingreso al departamento General López mientras se desarrolle el enjuiciamiento; obligación de presentarse cada 15 días en una comisaría de Rosario; y prohibición de acercamiento a cualquier persona interviniente en el caso, tanto los ya citados a declarar, como los que aún no lo hicieron.

Historia del caso

El episodio que dio origen a esta causa ocurrió en la noche del domingo 10 de septiembre en el Km 362 de la Ruta Nacional 8, donde el joven Federico Tracaneli (31), oriundo de María Teresa, murió en el choque de la motocicleta que tripulaba contra un automóvil.

Pocos segundos después arribó al lugar el jefe de la Unidad Regional VIII, Francisco Fernández, quien, según declararon los testigos, se identificó como policía (no vestía el uniforme) y tomó en el lugar una cifra cercana a los 400 mil pesos que eran propiedad de la víctima fatal, y luego no habría incluido en el informe de los elementos hallados en la investigación del hecho.

Posteriormente fue imputado bajo la figura de “hurto calamitoso, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”.

Luego el fiscal solicitó la prisión preventiva ordinaria para Fernández, pero fue denegada por el juez Leandro Martín, quien igualmente impuso una serie de conductas para el acusado.