Piden pena de prisión para un gomero de Rincón acusado de desviar pistolas al circuito delictivo

La historia comenzó a reconstruirse a partir de un cruce de datos. Un gomero de San José del Rincón figuraba en los registros oficiales como legítimo usuario de armas de fuego y acumulaba un arsenal poco habitual para su perfil económico y laboral.

Mario Nicolás Álvarez, de 38 años, tenía registradas a su nombre seis armas: dos pistolas calibre .380, una 9 milímetros, un revólver calibre .32 y dos escopetas. Las compras habían sido realizadas entre 2017 y 2023 y, según la acusación fiscal, demandaron una inversión equivalente a unos 3.360 dólares, cifra que actualizada rondaba los 4,8 millones de pesos a fines de 2025.

La sospecha surgió dentro del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego, creado en mayo de 2024 en el ámbito de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación.

A partir de un convenio de colaboración con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) —ex RENAR—, los investigadores elaboraron listados de legítimos usuarios santafesinos que poseían cinco o más armas de calibres considerados prioritarios por su poder ofensivo, entre ellos 9 mm y .380.

Según la fiscal Juliana González, esos informes permitieron detectar “patrones de alerta” compatibles con maniobras de provisión ilegal de armas. Entre los indicadores aparecían la frecuencia de compras, la reiteración de modelos similares y, especialmente, la imposibilidad de acreditar ingresos lícitos suficientes para afrontar las adquisiciones.

Un arsenal incompatible

Los registros de ARCA incorporados a la causa fueron determinantes para los investigadores. Álvarez declaró desempeñarse como gomero y tener además un lavadero de autos en Rincón, actividad que su defensa utilizó para remarcar su arraigo laboral y familiar. Sin embargo, para la fiscalía, sus ingresos no alcanzaban para explicar la compra escalonada del armamento.

La acusación sostiene que el imputado “valiéndose de su calidad de legítimo usuario” adquiría armas “con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal mediante la entrega a personas que no poseían la calidad de legítimos usuarios”.

La hipótesis tomó fuerza el 3 de diciembre de 2025, cuando allanaron su vivienda. Allí sólo encontraron dos de las seis armas registradas: un revólver calibre .32 y una pistola Stopping Power calibre 12. El resto no apareció.

La explicación del pescador

Consultado por las armas faltantes, Álvarez ofreció una versión que no convenció a los investigadores. Dijo que aproximadamente en enero de 2023 había salido a pescar en lancha y que, debido a un movimiento de la laguna Setúbal, la embarcación se dio vuelta y las armas cayeron al agua junto con sus credenciales.

También aseguró haber denunciado el extravío en la Comisaría 14ª de San José del Rincón. Sin embargo, una búsqueda realizada en el sistema Heimdall del MPA no encontró registros de esa presentación. Además, la supuesta denuncia nunca fue comunicada ante la autoridad nacional de control de armas.

Para la fiscalía, la explicación resultó inconsistente frente a otro dato clave de la investigación: una de las pistolas desaparecidas sí había reaparecido.

Un robo con arma

Se trata de una pistola semiautomática Bersa Thunder .380 registrada a nombre de Álvarez y secuestrada luego de un violento episodio ocurrido el 20 de julio de 2023 en la ciudad de Santa Fe.

Ese día, Brian Alexander Tessi fue detenido tras cometer un robo calificado, resistirse a la autoridad y efectuar disparos. El arma utilizada era precisamente la Bersa vinculada al gomero de Rincón. Tessi terminó condenado el 19 de septiembre de ese mismo año a 6 años y 8 meses de prisión efectiva.

Para los investigadores, ese hallazgo constituyó una evidencia concreta del desvío de armamento hacia circuitos criminales. La acusación afirma que las tres armas restantes fueron “entregadas indebidamente a personas que no revisten la calidad de legítimos usuarios”.

Camino al juicio

Álvarez fue imputado el 12 de diciembre de 2025, el mismo día de su cumpleaños, por el delito de provisión ilegal de armas de fuego. Esta semana, durante una audiencia de revisión cautelar, su defensor, el abogado Luis Miguel Massot, pidió la libertad con restricciones.

El planteo incluyó quedar bajo la guarda de su esposa, la prohibición de salir de la provincia y una caución real superior a los cuatro millones de pesos. La defensa sostuvo que “hace seis meses que no se sabe cómo fueron entregadas las armas” y remarcó que ya no quedaban medidas probatorias pendientes.

La fiscal González rechazó el pedido y reveló además que ya presentó la acusación formal contra Álvarez, solicitando una pena de 4 años y 6 meses de prisión.

El juez Sergio Carraro confirmó la prisión preventiva al considerar vigentes los riesgos procesales. Entre otros aspectos, valoró que el acusado ya había sido beneficiado en 2024 con una suspensión de juicio a prueba en una causa por encubrimiento, situación que —según indicó— evidencia “un comportamiento antagónico al mandato legal”.

Para la fiscalía, el caso expone una modalidad especialmente sensible: el desvío de armas adquiridas legalmente hacia el mercado clandestino. “Es indudable cómo Álvarez causó un perjuicio a la seguridad pública y ciudadana”, sostuvo González en la acusación.