Comenzó el juicio por el copamiento a Bernardo de Irigoyen en 2016

Este miércoles comenzó el tan esperado juicio por el copamiento a Bernardo de Irigoyen, una localidad del departamento San Jerónimo ubicada en el centro sur de la provincia, a 82 km de Santa Fe y 97 km de Rosario.

El único acusado en llegar a esta instancia es Leonardo Ramón Rivero Ortiz, quien se enfrenta a un pedido de 17 años de prisión como jefe de “asociación ilícita”, “privación ilegítima de la libertad” y cinco “robos calificados” por los hechos ocurridos el 4 de marzo de 2016.

El tribunal compuesto por los jueces Celeste Minniti, Héctor Aiello y Pablo Ruiz Staiger preside el debate. La actuación está a cargo de los fiscales Omar de Pedro y Lucila Nuzzo, en tanto que la representación legal del imputado la ejerce la defensora pública Virginia Balanda.

Durante la primera jornada del juicio, las partes presentaron sus teorías del caso ante los magistrados. Mientras los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostuvieron su pedido de condena a 17 años de cárcel, la defensa solicitó la absolución de su asistido basándose en el principio de inocencia.

Rivero, de 54 años, asistió al inicio de la audiencia mediante conexión remota porque se encuentra privado de la libertad en la provincia de Buenos Aires, en el marco de otra causa. El juicio se realiza en la ciudad de Santa Fe.

Golpe comando que paralizó a un pueblo

La fiscalía sostuvo enfáticamente que el hecho juzgado no constituyó un episodio delictivo aislado, sino que se trató de un caso de criminalidad organizada que despojó de la tranquilidad a toda una comunidad.

De acuerdo a la reconstrucción acusatoria, seis delincuentes a bordo de un automóvil Peugeot 207 gris polarizado irrumpieron en Bernardo de Irigoyen el 4 de marzo de 2016 a las 9 de la mañana y ejecutaron cinco robos consecutivos.

En primer lugar, ingresaron armados a la Comisaría 9na, encañonaron a una oficial de guardia y redujeron al comisario junto a dos vecinos. Sustrajeron armas reglamentarias, handies, celulares y un chaleco antibalas, dejando a las víctimas encerradas en el calabozo.

Posteriormente, redujeron al juez comunal en su despacho y continuaron el raid hacia el local de Santa Fe Servicios. Allí encañonaron al cajero y lo tomaron de rehén para ingresar al edificio de la comuna, al grito de: "Esto es un asalto, tírense todos al piso o los quemamos".

Tras agredir al presidente comunal y apoderarse de dinero, cheques y celulares, amenazaron a los presentes advirtiendo: "Quédense quietos porque son todos boleta". El raid finalizó en el Correo Argentino, donde golpearon al encargado y sustrajeron efectivo destinado al pago de jubilaciones.

Durante la huida por la Ruta 11, uno de los sospechosos, Carlos Entivero, resultó abatido en un enfrentamiento armado con la policía cerca de Coronda. Le secuestraron armas de fuego.

Los fiscales afirmaron contar con evidencia técnica, como el impacto de antenas celulares y escuchas telefónicas, para probar que Rivero era el líder de la banda. También señalaron que sus cómplices ya fueron condenados: Héctor Budiño, alias "El Viejo", Omar Fernández, alias "El Gringo", Miguel Ángel Medrano y Cristian Ojeda.

Cerraron sus alegatos indicando que "la fiscalía va a sostener la pena de 17 años de prisión por entender que luce razonable atento a la gravedad y a la calidad de los hechos".

Presunciones y vulneración de plazos

A su turno, la defensora pública cuestionó la acusación fiscal por considerar que carece de evidencias directas. Balanda afirmó ante los jueces que no existen testigos ni ruedas de reconocimiento que identifiquen formalmente a su defendido en los escenarios de los hechos.

Durante su exposición, la abogada remarcó la fragilidad del cuadro probatorio presentado por el MPA: "Todo lo que vamos a escuchar tiene que ver con presunciones, posibilidades". "No hay ningún teléfono secuestrado que pertenezca a Rivero ni que acredite su presencia en el lugar de los hechos", agregó.

La defensa se refirió a la excesiva dilación del proceso judicial, iniciado hace más de diez años, y denunció una falta de plazo razonable en la investigación. También argumentó la falta de congruencia entre la imputación inicial y los alegatos presentados en la audiencia.

Balanda solicitó la absolución de Rivero por el beneficio de la duda. Subsidiariamente, tildó el pedido punitivo fiscal como desmesurado y solicitó que, en caso de condena, se aplique el mínimo legal.

El juicios continuará durante los próximos días.