Condena para un abogado que deberá pagar más de $61 millones por una década de estafas inmobiliarias

Un abogado entrerriano fue condenado este martes por la Justicia santafesina, tras reconocer su responsabilidad como miembro de una asociación ilícita que durante una década cometió estafas inmobiliarias en Santa Fe y la zona metropolitana. Deberá pagar $61.352.515 en concepto de reparación a las víctimas y quedó inhabilitado para ejercer la abogacía y el corretaje inmobiliario.

La condena recayó sobre Javier Andrés Cóceres, de 51 años, oriundo de Federal, Entre Ríos, y fue dictada por el juez penal Pablo Spekuljak en el marco de un juicio abreviado acordado entre la fiscal de Delitos Complejos del MPA Bárbara Ilera y el defensor particular Héctor Acuña.

El acuerdo contempló una pena de tres años y el cese de la prisión preventiva, que Cóceres cumplía desde hacía 25 meses. El abogado querellante, Ricardo Veglia, ratificó los términos del acuerdo propuesto por la fiscalía.

La sentencia alcanzó al abogado por su participación en una estructura que, de acuerdo con la acusación, estuvo dedicada a cometer distintos delitos vinculados con operaciones inmobiliarias. En su caso fueron considerados 27 hechos que incluyeron estafas, ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario y falsificaciones de documentos públicos y privados, sellos oficiales y timbrados.

Una década de estafas

La investigación tiene como figuras centrales a los hermanos Alfonso y Agustín Storni y permitió reconstruir una organización que funcionó desde mediados de 2014 hasta el 23 de agosto de 2024, cuando se realizaron los primeros allanamientos. Su composición fue cambiando con el paso de los años, pero la Fiscalía sostuvo que conservó un funcionamiento “permanente, estable y organizado”.

El mecanismo consistía en ofrecer terrenos cuyos propietarios no habían autorizado las operaciones y generar una apariencia de legalidad mediante documentación que contenía información falsa. Para captar interesados se utilizaban publicaciones en redes sociales y oficinas inmobiliarias que llegaron a cambiar de domicilio en siete oportunidades.

Los locales funcionaron en distintos puntos de Santa Fe, entre ellos el centro, barrio Candioti, el sur de la ciudad y la zona del Puerto.

En las reuniones con los potenciales compradores se exhibían planos de mensura, escrituras, boletos de compraventa y otros documentos. La presencia de abogados, escribanos y corredores inmobiliarios contribuía, según la acusación, a darle apariencia legítima a las operaciones.

La organización llegó incluso a intervenir en expedientes de la Justicia Civil. De acuerdo con la Fiscalía, la documentación adulterada fue utilizada para intentar avanzar en procesos de escrituración y otras actuaciones relacionadas con inmuebles que no pertenecían a quienes aparecían como vendedores.

La pesquisa acumuló más de un centenar de damnificados y operaciones vinculadas con inmuebles de Santa Fe, Colastiné Norte, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes. Uno de los casos más numerosos correspondió a un loteo de tres hectáreas en Colastiné, donde se detectaron 22 operaciones fraudulentas.

Los hermanos Storni

En la estructura investigada, Alfonso Storni fue señalado como el principal organizador. Su hermano Agustín, corredor inmobiliario, ocupó también un lugar central. La Fiscalía sostuvo que hacia 2021 la organización se dividió en dos grupos, aunque ambos conservaron vínculos con la estructura original.

Agustín Storni fue condenado en mayo de 2025 a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado. También recibió diez años de inhabilitación para ejercer como corredor inmobiliario y acordó una reparación de $ 6,9 millones para las víctimas.

Alfonso Storni, en tanto, permanece como uno de los principales acusados de la causa y espera el juicio oral. En 2025 obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por razones vinculadas con su estado de salud, luego de que se planteara que el Servicio Penitenciario no podía garantizar el tratamiento que necesitaba.

Cinco condenas

La sentencia dictada este martes se suma a otras cuatro condenas alcanzadas mediante procedimientos abreviados dentro de la misma investigación.

Además de Agustín Storni, fueron condenados Emiliano Lihuel Chacón, Diego Marcelo Parisse y María Fernanda Guerra. Las resoluciones permitieron avanzar sobre distintos roles que la investigación atribuyó a quienes integraban la organización.

Guerra, quien había trabajado como empleada doméstica de la esposa de Alfonso Storni, recibió una condena de tres años de prisión efectiva por su intervención en operaciones vinculadas con el loteo de Colastiné.

En ese expediente aparecieron documentos destinados a acreditar derechos sobre un inmueble cuya propietaria había permanecido internada durante décadas en el hospital Moyano y había fallecido en 1959.

Chacón y Parisse también admitieron su responsabilidad mediante juicios abreviados y acordaron distintos mecanismos de reparación para los damnificados.

La reparación

En el caso de Cóceres, de los $61.352.515 comprometidos para reparar a las víctimas, $30.800.000 ya fueron depositados en una cuenta del Banco Santa Fe del MPA. Ese dinero será distribuido entre los damnificados de manera proporcional, según los cálculos realizados por el equipo contable del organismo.

El resto será abonado en 15 cuotas iguales y consecutivas.

La fiscal Ilera explicó durante la audiencia que la Fiscalía mantuvo reuniones con las personas afectadas y que la amplia mayoría aceptó los términos del acuerdo. Aquellas que consideraron insuficiente el monto acordado igualmente recibirán la reparación proporcional y conservarán la posibilidad de reclamar una indemnización adicional por la vía Civil.

Al momento de dictar la sentencia, Spekuljak destacó que los hechos atribuidos a Cóceres se encontraban acreditados y consideró razonable el esquema de reparación acordado.

El abogado recuperó así la libertad después de más de dos años de prisión preventiva, aunque deberá cumplir las reglas fijadas por el tribunal: mantener un domicilio en Santa Fe, no contactar a las víctimas ni acercarse a ellas a menos de 200 metros y cumplir con el compromiso económico asumido.