Rosario: cadetes cuestionan el censo y piden control de las aplicaciones

Esta semana la Municipalidad de Rosario informó que avanza con un censo de repartidores de aplicaciones para conocer cuántos trabajadores hay, en qué condiciones desarrollan la actividad y cuáles son los principales riesgos, especialmente en materia vial. El objetivo de fondo: saber en qué pueden ayudar (infraestructura urbana, apoyo y capacitación, entre otros). Sin embargo, desde el Sindicato de Cadetes marcaron que el problema central ya está identificado y tiene nombre propio: regulación.

El censo, en el que ya se estima que alrededor de 9.000 personas en la ciudad desarrollan tareas de reparto, en su mayoría jóvenes, utilizando motocicletas y bicicletas como herramientas de trabajo, llega luego de un diagnóstico que ya dieron meses atrás desde el sindicato cuando se discutía la Reforma Laboral: más trabajadores, menos ingresos y costos en alza. En un contexto de retracción del consumo, subirse a una moto o bicicleta – incluso del sistema de bicis públicas– se consolidó como salida laboral para miles de personas, lo que intensificó la competencia y profundizó la caída del ingreso real.

“No fuimos consultados por la municipalidad y desde nuestra experiencia lo más urgente es la regulación”, dijo Nicolás Martínez desde el sindicato rosarino y completó: “Ya hay una ordenanza vigente en la ciudad, y la municipalidad no la hace cumplir”. La referencia apuntó a la ordenanza 7042 de Rosario, que establece obligaciones para las empresas del rubro, pero que —según denunciaron— no se aplica sobre las plataformas digitales.

Seguridad, infraestructura y apoyo

Desde la Municipalidad de Rosario plantearon el censo como una herramienta para construir un diagnóstico propio de un sector en crecimiento y con escasa información oficial. “Es una nueva forma de trabajo autogestivo en donde las personas organizan su tiempo, sus herramientas y sus recursos para generar ingresos”, señaló el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni y agregó: “Ahí es donde tenemos que estar presentes, no para sancionar, sino para acompañar, cuidar y fortalecer su laburo, por eso buscamos hacer un abordaje integral del sector”.

El objetivo, según explicaron desde la gestión de Pablo Javkin, es relevar cuántos repartidores trabajan en la ciudad —tanto de aplicaciones como tradicionales—, en qué condiciones lo hacen y cuáles son los principales riesgos que enfrentan, con foco en la seguridad vial. A partir de esos datos, siempre según comunicaron este miércoles, proyectarán diseñar políticas públicas específicas, que incluyan instancias de capacitación, campañas de prevención y eventuales medidas de ordenamiento de la actividad.

El anuncio del municipio sobre el censo hizo foco en la seguridad vial como uno de los ejes del relevamiento. En la calle, esa problemática tiene múltiples causas, aunque el sindicato ubicó una por encima del resto. “La mayor causante de los accidentes es que el algoritmo de las apps nos obliga a correr a contrarreloj. Si no llevás determinada cantidad de pedidos, no avanzás de categoría y no te rinde el dinero”, describió Martínez, trazando un paralelismo a un videojuego. Solo que esto no es un juego.

La lógica de funcionamiento se combina con un deterioro del ingreso que empuja a extender las jornadas. Siempre según describieron desde el sindicato, donde antes se trabajaban ocho o diez horas, hoy los turnos se estiran hasta doce o quince para alcanzar un ingreso similar. Ninguno por encima del millón de pesos. A la par, todos los costos recaen sobre el trabajador: mantenimiento del vehículo, elementos de seguridad y hasta seguros contra accidentes. “La empresa no se hace cargo absolutamente de nada”, dijo Martínez.

Para Martínez, la clave no es relevar sino intervenir. “El Estado tiene que obligar a las empresas a adecuarse a la legislación. Si no arbitra en la relación laboral, las empresas no van a cambiar”, explicó Martínez y recordó cuando algunas de las apps llegaron al país y registraron trabajadores bajo convenios, pero ante la avanzada del nuevo gobierno nacional dejaron de hacer a cuenta de la falta de controles. “Las empresas tienen ganancias exorbitantes, pero no se adecuan porque nadie las obliga. Si se regula, no se van a ir”, agregó el sindicalista.

El valor del censo de repartidores

Desde el sindicato advirtieron que el resultado del censo dependerá menos de los datos que de las decisiones políticas posteriores, porque para que el relevamiento tenga impacto concreto debe abarcar toda la ciudad y no solo el centro; incluir tanto a repartidores de apps como tradicionales; y que derive en un registro efectivo de empresas y trabajadores.

“Si se queda en capacitaciones (en seguridad vial principalmente), no nos sirve para mucho”, aclaró Martínez y sumó un dato que está contemplado en la normativa local: las empresas de repartos deben tener una sede física en la ciudad, algo que no existe y que en muchos casos hace que las personas que trabajan no tengan, además de un lugar de referencia frente a un accidente, la simple posibilidad de usar un baño durante la extensa jornada de trabajo.