Venezuela anunció la excarcelación de 300 detenidos en el marco de la Ley de Amnistía

El gobierno de anunció la excarcelación de unas 300 personas en el marco de la denominada Ley de Amnistía aprobada este año por la Asamblea Nacional. El anuncio fue realizado por, quien indicó que las liberaciones se concretarán entre esta semana y el viernes.

Según explicó Jorge Rodríguez, entre los beneficiados habrá personas mayores de 70 años, detenidos con patologías de salud, mujeres embarazadas y madres lactantes. También confirmó que serán incluidos algunos exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana encarcelados por hechos vinculados al intento de golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente.

La decisión se produce en un contexto de fuerte presión internacional sobre el gobierno venezolano y luego de semanas marcadas por denuncias sobre las condiciones de detención en distintas cárceles del país. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición sostienen que todavía permanecen cientos de personas detenidas por razones políticas.

Una ley que sigue generando debate

La llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada por el Parlamento venezolano en febrero de 2026. El oficialismo la presentó como una herramienta orientada a “reparar heridas” derivadas de años de confrontación política y conflictividad institucional en el país.

La normativa contempla beneficios para personas detenidas en el marco de protestas políticas y distintos episodios de conflictividad ocurridos desde 1999. Sin embargo, la ley también establece exclusiones para determinados delitos vinculados con rebeliones militares, atentados y acciones armadas.

Desde organizaciones como advirtieron que la medida no alcanza a todos los presos considerados políticos. La ONG señaló meses atrás que más de 600 personas continuaban privadas de libertad por motivos políticos y que una parte de los casos quedaba fuera del alcance de la legislación aprobada por el oficialismo.

En febrero pasado, tras la entrada en vigencia de la ley, Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 54 personas. No obstante, la organización aclaró que muchas liberaciones fueron parciales o bajo medidas cautelares, como prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

El gobierno venezolano, por su parte, rechaza la existencia de presos políticos y sostiene que las personas detenidas enfrentan procesos judiciales por delitos comunes o hechos tipificados por la legislación penal.

Reclamos de familiares y organismos de derechos humanos

El anuncio de nuevas liberaciones llega en medio de una creciente presión de familiares, activistas y organismos internacionales, que en las últimas semanas intensificaron las denuncias por las condiciones de detención en Venezuela.

Uno de los casos que generó mayor repercusión fue el de Víctor Hugo Quero, un detenido cuya muerte bajo custodia estatal fue denunciada por familiares y organizaciones humanitarias. La situación provocó nuevas protestas y renovó los cuestionamientos hacia el sistema penitenciario venezolano.

También cobraron notoriedad distintas liberaciones recientes de activistas, dirigentes opositores y familiares de militares acusados de conspiración. Entre ellos se encuentran casos como los de Samantha Hernández Castillo y Merys Torres de Sequea, que fueron mencionados por organizaciones defensoras de derechos humanos como ejemplos de detenciones arbitrarias.

En paralelo, familiares de detenidos continúan realizando vigilias y reclamos frente a centros penitenciarios y sedes de organismos de seguridad para exigir que las excarcelaciones alcancen a más personas. Diversas organizaciones remarcan que todavía existen denuncias por desapariciones forzadas, falta de acceso a defensa privada y restricciones para conocer el estado de salud de algunos presos.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando la evolución de la situación política y judicial venezolana. Aunque el gobierno presenta la Ley de Amnistía como un gesto de apertura y reconciliación, sectores opositores y organismos de derechos humanos consideran que las medidas continúan siendo insuficientes frente a la magnitud de las denuncias existentes en el país