La ONU denunció arrestos arbitrarios en la lucha contra las pandillas en El Salvador

La ONU expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en El Salvador, cuyo gobierno exhibe cifras de criminalidad en descenso a costa de un combate bajo un estado de excepción que restringe derechos y garantías individuales, además de facultar arrestos sin orden judicial.

Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACD), declaró: "Ha pasado un año en el que las autoridades han tomado varias medidas que suscitan graves preocupaciones en materia de derechos humanos".

La funcionaria destacó que "comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de proporcionar seguridad. Sin embargo, es el deber del Estado hacerlo en el marco del derecho internacional de derechos humanos".

Desde que El Salvador proclamó el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción en respuesta a una ola de 87 asesinatos en pocos días, 65.000 personas fueron arrestadas sin un mandato de arresto.

Hurtado además aseguró que "algunas de estas detenciones masivas, incluidas las de niños, pueden equivaler a detenciones arbitrarias, ya que parecen basarse en investigaciones mal documentadas y en burdos perfiles basados en el aspecto físico o el origen social de los detenidos".

La portavoz dijo que la ONU recibió denuncias de graves violaciones de los derechos de los presos, entre ellos el aislamiento prolongado, la falta de atención médica y otras formas de malos tratos.

"Es especialmente preocupante que 90 personas murieron en detención desde que entró en vigor el estado de excepción, y que se disponga de escasa información sobre el progreso de las investigaciones sobre estas muertes", afirmó.

Preocupación por los derechos humanos

Desde de las Naciones Unidas recordaron que todo Estado tiene "el deber de proteger las vidas de los individuos privados de libertad", y a permitir que la institución nacional que supervisa los Derechos Humanos, que acumula ya 7.900 quejas, pueda examinar de forma "regular" e "independiente" la situación de las cárceles.

También llamó a combatir las causas subyacentes a la violencia, entre las que nombró "las desigualdades sociales, la marginación y la falta de políticas sociales efectivas".

Bukele, sin embargo, hizo caso omiso de este tipo de críticas durante el último año y prometió que seguirá "trabajando por la seguridad de los salvadoreños, aunque reclamen las ONG de 'derechos humanos'".

El mandatario argumenta que las medidas fueron imprescindibles para reducir a niveles mínimos la violencia y presume de forma prácticamente diaria que el país registra ahora cero homicidios al día y es "el país más seguro" de la región.