Trump solicita a la Corte Suprema poner fin al TPS para migrantes venezolanos

La administración de Trump instó a la Corte Suprema a levantar las protecciones contra la deportación para unos 300.000 venezolanos que residen en Estados Unidos.

En un recurso de urgencia, los funcionarios acusaron a un tribunal inferior de cometer una “afrenta innecesaria” al bloquear la orden del gobierno de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido a estos migrantes.

El caso, que se refiere a la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar el TPS, ha llegado nuevamente a la máxima corte del país. La disputa legal también reaviva el debate sobre el uso de la "agenda de emergencia" de la Corte Suprema, conocida como shadow docket, donde se emiten órdenes sin una explicación razonada.

La cronología del caso y los argumentos del gobierno

A pesar de la desaprobación de la jueza Ketanji Brown Jackson, la Corte Suprema había permitido en mayo que la administración de Trump procediera con la anulación de las protecciones mientras el caso seguía en tribunales inferiores. Sin embargo, el juez federal Edward Chen y el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito emitieron una nueva orden para bloquear temporalmente la medida, lo que motivó el recurso de urgencia actual.

En su apelación, el gobierno argumentó que la decisión de los tribunales inferiores de ignorar la orden previa de la Corte Suprema era "inaceptable", independientemente de si esta incluía una explicación detallada o no. “Mientras la orden del tribunal de distrito esté en vigor, la secretaria debe permitir que más de 300.000 ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, a pesar de su razonada determinación de que hacerlo es ‘contrario al interés nacional’”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional.

El contexto legal y político

La disputa legal se centra en si Noem tenía la autoridad para eliminar la designación de TPS antes de que esta expirara.

El TPS fue concedido por primera vez a los venezolanos por el gobierno de Biden en marzo de 2021, citando la inestabilidad en el país sudamericano. Posteriormente, la protección fue ampliada en 2023. Los demandantes, que son los propios migrantes venezolanos, sostienen que la revocación repentina de las protecciones violó la Ley de Procedimiento Administrativo, y alegan que la decisión de Noem estuvo motivada por prejuicios raciales y políticos.

La incertidumbre sobre el uso del shadow docket ha sido un tema recurrente entre los jueces de tribunales inferiores. Como señaló el juez James Wynn, los fallos sin justificación de la Corte Suprema “no nos dicen nada”, generando confusión sobre cómo proceder en casos similares.