Por incendios y causas judiciales, intervinieron el Parque Nacional Los Alerces

En un contexto marcado por el avance del incendio forestal y la judicialización de la gestión, la Administración de Parques Nacionales (APN) resolvió intervenir de manera inmediata el Parque Nacional Los Alerces en Chubut. La decisión implicó el desplazamiento de las autoridades locales y la puesta en marcha de un esquema de conducción excepcional mientras continúa el combate contra el fuego.

La medida se apoya tanto en la compleja situación operativa que atraviesa el área protegida como en la existencia de investigaciones penales en curso. Desde el organismo nacional señalaron que la intervención busca garantizar el normal funcionamiento institucional en un escenario de emergencia ambiental.

A partir de la resolución, la administración del parque quedará en manos de un Comité de Intervención, que asumirá de forma transitoria todas las funciones y atribuciones que hasta ahora ejercía la Intendencia. Este esquema se mantendrá vigente hasta que se logre restablecer la normalidad administrativa y operativa en el área.

Emergencia por incendios

Uno de los principales fundamentos de la decisión es la emergencia ígnea declarada en la región. Tras una evaluación en el terreno encabezada por el presidente de la APN, Sergio Álvarez, junto a responsables de las áreas de operaciones y lucha contra incendios, el organismo consideró necesario reforzar la conducción y coordinación de las tareas de control del fuego.

Según se informó, la intervención permitirá agilizar la toma de decisiones y optimizar el despliegue de recursos humanos y materiales en una situación que sigue siendo crítica.

Investigaciones judiciales en curso

El segundo eje que motivó la resolución está vinculado a las causas judiciales que se tramitan en la provincia de Chubut. La APN reconoció que existen actuaciones penales de público conocimiento radicadas ante la Fiscalía Federal de Esquel, lo que sumó un factor de complejidad a la gestión cotidiana del parque.

En ese marco, la intervención apunta a resguardar los bienes ambientales y garantizar la continuidad institucional mientras avanzan los procesos judiciales, en un clima de alta sensibilidad social y política.