El Estado nacional como obstáculo a las obras en la provincia de Santa Fe

La promesa preelectoral de “obra pública 0”, formulada por Javier Milei durante la campaña electoral de 2023, cuando fue elegido presidente, se revela hoy al cabo de dos años de su aplicación como de una “obra pública -0”.

Como se verá más adelante, que al 0 lo preceda el signo negativo tiene un valor que la aritmética no reconoce, pero que sin embargo usa desde hace tiempo la informática. Los programadores saben perfectamente qué significa “-0” porque con ese predecesor se sabe que a continuación habrá otros números negativos. El signo anticipa valores posteriores negativos.

En suma, que la “promesa” podrá haber sido “obra pública 0” pero que, en realidad, estaba programada como “obra pública -0”. Lo prueban las políticas públicas que se desataron a partir de la idea de la supuesta neutralidad estatal en invertir “cero pesos” como ideal libertario.

¿Cuántas preguntas sobre la existencia pueden formularse a partir de un número de tanto misterio como -0? Por lo pronto, respondamos que en términos aritméticos -0 es igual a 0, pero que en términos políticos un 0 nunca es un “cero a la izquierda”.

El número redondo, perfectamente par en su valor de nada, con su apariencia vacía, erguido como consigna de abandono de la gestión estatal por estos años permite pensar en que se ha impulsado desde la Casa Rosada, además de la indiferencia o la inacción o la restricción presupuestaria máxima, una verdadera obstaculización a quien pretenda llevar a cabo obras desde otros niveles subnacionales del Estado.

Más, cuando sus autoridades no tengan la simpatía de quien administra los fondos a las provincias con igual arbitrariedad que los gobiernos anteriores.

Le pasa a Santa Fe y, aunque también a otras provincias, aquí el contraste es mayor porque la posibilidad de llevar a cabo obras en el mapa de la bota es justamente mayor que en otras jurisdicciones.

En solo dos obras, para ampliar plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, llegan fondos nacionales destinados a infraestructura. Fueron sostenidas por el ex Enohsa hasta que el gobierno libertario lo eliminó. Y tras un largo año sin fondos, antes de las elecciones los trabajos fueron retomados por la Nación.

Mala fe al negociar

¿En qué puede advertirse que el Estado nacional sea hoy, en cuanto puede, un obstáculo a las obras públicas santafesinas? En una lista extensa de casos concretos. La Casa Rosada aplica la política de “obra pública -0” cuando por ejemplo además de no hacer elementales reparaciones en las rutas nacionales impide o pone trabas para que la provincia tome a su propio costo esas inversiones.

Es conocida la absurda pérdida de tiempo a que la Nación ha sometido a Santa Fe en busca de una solución con fondos propios para la infraestructura que necesita el principal sostén de las exportaciones tradicionales de granos: los puertos del sur y sus rutas nacionales detonadas.

La gestión nacional no hace. Y tampoco deja hacer. Sobre el tema hay planes y proyectos que ya fueron presentados por el gobierno provincial a los sectores productivos directamente interesados, pero no se cede la jurisdicción ni se conceden esos corredores.

Encima, cuando las excusas para decir siempre que no se agotaron, las autoridades nacionales pretendieron que las rutas que la Nación no repara obren como parte de pago de las deudas de la Casa Rosada con la Provincia, que es su acreedora por fondos indebidamente retenidos.

Los negociadores de la Nación obraron con mala fe al pretender meter el tema de las rutas nacionales en las audiencias que, ante la justicia federal, no han prosperado.

Más casos en 2026

En lo poco que va del año ya hubo dos casos en los que, por primera vez, la que agotó su paciencia fue Santa Fe ante los palos en la rueda que pone la Nación. Y el año pasado, algo parecido sucedió con el puente Santa Fe-Santo Tomé que la provincia construye al lado del Carretero. Sin embargo, por la importancia de esa infraestructura pudo más la presión de la opinión pública sobre las demoras injustificadas para dar el visto bueno desde Buenos Aires.

Una semana atrás, sin la autorización de la Dirección Nacional de Vialidad, se colocaron 4 tubos de alcantarillas por debajo de la Ruta Nacional 11 para drenar al menos parte del agua de lluvia. El trámite ante la DNV se había demorado demasiado y el ministro Lisandro Enrico definió: “No podemos esperar más, hay que prevenir”.

Y otro tanto sucedió con la rotonda que en el departamento San Cristóbal, en la jurisdicción nacional de la Ruta Nacional 34 construye Santa Fe. En el cruce con la Ruta Provincial 39 ya hubo tres muertos que lamentar. Se hace la obra tantas veces reclamada, sin que la Nación dé al menos su acuerdo, ya que no los fondos.

Las dos obras públicas ya habían sido proyectadas, licitadas y adjudicadas a empresas contratistas que paga el Estado santafesino y que mejoran la infraestructura nacional. En ambos casos, son inversiones que debió haber hecho la Nación pero que ni el actual gobierno nacional, ni todos los anteriores, llevaron a cabo. El gobierno de la obra pública -0 tampoco ha autorizado aún esas intervenciones en su jurisdicción.

Son en síntesis trabajos que tendrían que pagar los argentinos, que finalmente salen del bolsillo de los santafesinos. Y que ni siquiera tienen el permiso de la jurisdicción nacional. Si la misma actitud obstructiva se hubiera observado en gestiones anteriores en la Casa Rosada, hoy no sería una autovía la Ruta Nacional 19, que se ejecutó con fondos santafesinos en tiempos de Jorge Obeid y Hermes Binner.