Acerca de la relación entre ocupación e inflación (Parte III)

Veremos si con el paso del tiempo, al igual que la Ley de Gravedad descubierta en física por Isaac Newton, la Curva de Phillips -tal cual la analizamos en la primera de las entregas del presente informe histórico descriptivo- se cumple.

Y el resultado de la baja de inflación por compresión de la oferta monetaria, desregulación económica de las políticas neoliberales o anarco-capitalistas, el ajuste del programa de estabilización, la toma de deuda externa para financiar la llamada “bicicleta financiera” con elevadas tasas de interés en plazos fijos y títulos para evitar la presión cambiaria, la apreciación del tipo de cambio y otras medidas afines, generan millones de desocupados.

Y al ser el programa económico oficial socialmente inviable, a pesar de contar con el respaldo del presidente de los Estados Unidos y el Secretario de Estado, podría producir un estallido social, el cual legitimaría a los fines de garantizar el control social, el uso de la violencia pública por parte de las fuerzas de seguridad, ya que por memoria histórica sabemos que todo ajuste cierra con represión.

Para garantizar institucionalidad, los sectores nacionales, republicanos y populares, deben conformar un frente político que en el marco de la alternancia democrática posibilite una transición política pacífica.

Es indudable que argentina necesita urgente una Reforma Laboral que tutelando los derechos de los trabajadores resulte compatible con el desarrollo científico-técnico actual y los nuevos roles sociales de trabajo, que permita ingresar al mercado formal del trabajo a millones de trabajadores informales y desocupados; así como un nuevo Régimen Tributario.

Un nuevo Régimen Tributario que establezca un orden y una jerarquía decreciente entre los impuestos a la propiedad -con alícuotas progresivas-, a la producción y al consumo, preferentemente eliminando el IVA -el más regresivo de los impuestos- a los productos básicos de la canasta básica alimentaria.

Sin estas dos reformas los trabajadores precarizados, como consecuencia del registro irregular, el fraude en la registración laboral bajo las figuras de locación de servicio o monotributo, la tercerización a firmas subsidiarias para bajar el costo laboral y la licuación de la responsabilidad civil, la contratación en negro, entre otras causas, en lugar de tender a la registración para blanqueo o regularización de relación laboral, serán desplazados al campo laboral informal.

llí la informalidad seguirá creciendo y la economía seguirá fría. ¿Por qué? Porque lamentablemente la experiencia histórica indica que bajo la máscara de la modernización laboral se encubre un mecanismo de restricción y pérdida de derechos laborales de los trabajadores tales como el salario mínimo vital y móvil y los convenios colectivos de trabajo.

También las paritarias cámara empresaria-gremio para acordar salarios; escalas salariales y condiciones de trabajo, etc. Por otra parte, bajo la fachada de la reforma tributaria se esconde una brutal transferencia de ingresos de la clase obrera a los sectores de capital concentrado.

A saber: empresas multinacionales, bancos, financieras, mineras, agroexportadoras, empresas de servicios, importadoras, automotrices, electrodomésticos, electrónica, laboratorios y farmaceúticas, hipermercados y supermercados, etc., en perjuicio de los intereses del estado argentino: las empresas nacionales y los trabajadores locales.

Ahora bien, la normativa que regula las entidades financieras aprobada por la última dictadura militar, Ley Nº 21526 (de 1977), que legaliza las tasas de interés y protege al capital especulativo, legitimando la usura como negocio, no es referida en ningún programa de reformas.

El Código Penal de la Nación tipifica el delito penal de usura sin asignar un porcentaje específico, dejando a la sana crítica del juez penal la decisión, en un país con crisis hiperinflacionarias recurrentes.

Mientras que la Ley de Sociedades Comerciales, que licúa las garantías civiles para constituir Sociedades Anónimas -que posibilitan fraudes bancarios monumentales como el ocurrido en Argentina durante 2001- no es objeto de debate en la política, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Congreso Nacional.

A contrapelo de un momento de la historia política argentina en el cual el ajuste político nacional es premiado en las urnas, los gobernantes deberán contemplar dos cuestiones:

1) Que el triunfo electoral en la elección legislativa nacional no es un cheque en blanco, sino que expresa que deben cumplir con las promesas efectuadas en la campaña y resolver los problemas urgentes de los desempleados y

2) El gobierno tiene la obligación de lograrlo superando la grieta mediante un acuerdo nacional que implique lograr consensos con las distintas fuerzas políticas, y entender y practicar que el consenso no es simplemente reunirse y escuchar al otro y después hacer lo que uno quiere.

Nuestra propuesta es que en acuerdo el gobierno nacional y los provinciales deben generar un plan de desarrollo productivo nacional que posibilite que el empleo formal crezca y que los impuestos, costos y precios del sistema de producción, distribución y comercio sean razonables.

Y que el aumento de trabajadores formales puedan financiar las Cajas de Jubilaciones, priorizando los intereses nacionales estratégicos, en una postura geopolítica de equilibrio, equidistante de los gobiernos de Estado Unidos y Europa por un lado, Rusia y China por otro.

Mientras que el gobierno anterior se alineó con China, alineamiento que se materializó en la obtención de un swap, el actual gobierno se alineó con los Estados Unidos, luego de la intervención del presidente Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Kenneth Homer Bessent.

El gobierno norteamericano no solo ofreció un swap, sino que a través de este órgano del Estado compró pesos argentinos, interviniendo en la política monetaria y cambiaria del país, afectando nuestra independencia económica y su soberanía política, que no puede ser visto como algo normal.

En un acto de defensa de la soberanía nacional e independencia económica de la República Argentina, el Estado Nacional debe retomar el control político del precio de la moneda nacional y en política cambiaria definir el tipo de cambio.

El problema de Argentina, al contrario a lo que ha opinado últimamente Elisa Carrió, no es solo económico, sino también político. Es inviable un programa de estabilización que no incluya a los sectores mayoritarios del pueblo sin un amplio acuerdo político.

Por último, si la Curva de Phillips se cumple, las políticas neoliberales libertarias producirán como consecuencia de la quiebra de miles empresas privadas y recortes en el sector público millones de desocupados, quienes tendrán que encontrar un canal de expresión política.

Uno que implique una plataforma de gestión política pública nacional, con miras a lograr el desarrollo productivo y la creación de empleo formal, sin privilegios políticos, subsidios distorsivos y regresivos.

Y sobre todo sin corrupción, que parece ser una de las únicas constantes en nuestra historia política democrática reciente, al menos desde la década de los 90 a esta parte, tanto en los gobiernos del justicialismo, de la Unión Cívica Radical, el PRO y La Libertad Avanza. El desarrollo productivo nacional requiere la formalización de un acuerdo social entre los sectores del capital y el trabajo.

El sector del capital, las empresas, al margen del modelo perverso de la “patria contratista”, que otorga renta asegurada en sectores monopólicos u oligopólicos de la economía por relación política, jaqueada por causas de corrupción de una magnitud monumental con una cantidad importante de empresarios confesos en sede judicial en la reciente causa "Cuadernos" y no por standard de calidad.

Y el sector del trabajo, los gremios y sindicatos, dejando de lado las viejas prácticas de la burocracia sindical en la administración fraudulenta de las obras sociales que dio lugar al modelo de sindicalismo empresario, desviando al gremio de la defensa del salario y las condiciones dignas de labor.

No es la “motosierra”, sino la siembra de la esperanza en una política de producción lo que nos dará un futuro próspero como Nación.