Informaron nuevas cesantías a empleados estatales y aguardan más despidos en junio

Este martes por la mañana, las inmediaciones del edificio del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de la ciudad de Buenos Aires se llenaron de trabajadores protestando por nuevos despidos.

En la noche del lunes, muchos empleados de planta transitoria recibieron un mail notificándoles que sus designaciones no serían prorrogadas.

Al llegar a sus puestos de trabajo, un cordón policial impidió que los empleados ingresaran al edificio del INADI.

Los trabajadores fueron informados de su desvinculación a través de un correo electrónico en el que se les comunicaba que “no correspondía prorrogar su designación transitoria” y, por lo tanto, estaban “desvinculados” del organismo.

El pasado 22 de febrero, el Gobierno nacional había anunciado el cierre del INADI y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona. En respuesta, los empleados marcharon hacia la sede de dicha cartera para exigir la "urgente reincorporación".

“Hay empleados con 17 y 20 años de antigüedad. En mi caso, como en el de muchos, me renuevan el contrato cada tres meses; se me vence el mes que viene y no sé qué va a pasar. Esto es una masacre, una ruleta rusa. Se manejan con mucha crueldad”, declaró a Noticias Argentinas Mariana, una de las profesionales del personal de capacitación.

Los trabajadores estatales destacaron que la mayoría de los despedidos pertenecen al colectivo LGTBIQ+ y que, además, hay una persona con discapacidad entre los afectados. También señalaron que la actual interventora del INADI, María Ángeles Quiroga, no ha recibido a los sindicatos desde febrero.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) criticó al Gobierno por esta decisión y acusó a la actual gestión de “avanzar con el desguace del Estado”. “Ahora despiden a otros 120 compañeros en el INADI, llevando el número de cesantías a casi la mitad de sus trabajadores. No podemos permitir que sigan desmantelando las políticas públicas”, publicaron en su cuenta oficial de la red social X.

Estudian más despidos para junio

Los gremios estatales también aguardan con preocupación la revisión de unos 57 mil contratos regidos bajo el artículo 9 y de asistencia técnica, que fueron prorrogados en marzo pasado por otros tres meses. Se teme que a fines de junio ocurra una nueva oleada de cesantías entre los empleados de planta transitoria.

En su informe de gestión ante el Senado, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, informó que "al 31/03/2024 se registra un total estimado de 14 mil bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada". Además, el oficialismo adelantó su intención de continuar con las auditorías de los miles de empleados en la planta transitoria.

Desde ATE advierten que ya ha comenzado "la cuenta regresiva" hacia nuevas cancelaciones de contratos y denuncian que la situación podría empeorar si el Congreso sanciona la ley Bases, que no solo contempla la privatización de empresas públicas, sino también la autorización para "disolver" organismos e institutos.

El pasado mes marzo, el propio presidente Javier Milei se había expresado al respecto. “Estamos convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, que tiene mucho de motosierra y licuadora. Si lo queríamos hacer rápido, teníamos que hacer las dos cosas. Hay mucho de ambas hoy en día. Entre ellas, eliminamos la obra pública de cuajo, de lo que estoy orgulloso y algo a lo que toda la gente de bien debería oponerse. Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias. Echamos 50.000 empleados públicos. Y van a caer 70.000 contratos más”, destacó en aquella oportunidad el líder de La Libertad Avanza.