Abren investigación sobre el accionar del juez Bailaque en la causa contra Alvarado

El Consejo de la Magistratura de la Nación abrió una investigación contra el juez federal Marcelo Bailaque, de Rosario, acusado por fiscales de la provincia por su desempeño en la investigación de la causa contra el narco Esteban Alvarado, rival de Los Monos, que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery (actualmente suspendido), que encabezan la Unidad de Criminalidad Organizada, denunciaron que Bailaque denegó tres pedidos de intervenciones telefónicas y así obstaculizó la investigación penal. El planteo está firmado también por la fiscal regional María Iribarren, paradójicamente también hoy transitoriamente apartada de su función por una intervención.

Según confirmaron a El Litoral fuentes del Consejo de la Magistratura, la decisión tomada por el organismo consiste en notificarle al juez que se abrió una investigación en su contra para que, si así lo desea, pueda "ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de veinte días".

La apertura de la investigación fue solicitada por Schiappa Pietra y Matías Edery, en el marco de los alegatos de cierre del juicio contra Alvarado, condenado por asociación ilícita e instigar un homicidio y a su vez por el contrabando de un cargamento de marihuana que fue hallado en la provincia de Río Negro. En aquel pedido, los fiscales solicitaron al tribunal que se remitieran las actuaciones del caso al Consejo de la Magistratura para que desde el organismo nacional se evalúe por qué Bailaque no autorizó medidas de prueba para investigar en el ámbito de la Justicia federal a Esteban Lindor Alvarado entre el 2013 y 2015. El planteo se hace en función de la declaración que realizó durante el juicio el Comisario General de la PSA Emilio Maximiliano Lencina.

Caso Villena

Por otra parte, el Consejo también ordenó investigar al juez Federico Villena, de Lomas de Zamora, a quien acusaron de haberse "arrogado la competencia" en expedientes en los que no le correspondía intervenir y de haberse extralimitado; por ejemplo, en causas vinculadas con la expresidenta Cristina Kirchner, con Karina Moyano (la hija de Hugo Moyano, a la que Villena le devolvió casi medio millón de dólares en plena feria judicial) y con Martín Insaurralde. Fue el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quien promovió esta investigación contra Villena.

A Villena también lo denunció la fiscal Cecilia Incardona, que según el expediente que se inició en el Consejo de la Magistratura, advirtió sobre el trámite irregular de cuatro sumarios iniciados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria como "actuaciones de prevención", cuando de su contenido inicial y del resto de lo actuado se desprendía claramente que eran consecuencias de denuncias de particulares. La PSA habría actuado de ese modo por indicación de Villena y según Incardona, eso constituye un acto de gravedad institucional porque con esa orden genérica del magistrado a la fuerza de seguridad omitía la intervención del Ministerio Público Fiscal y la correcta participación en el proceso penal de la víctima.