"La Defensoría de Niñez tiene que estar conducida por alguien sólido jurídicamente y con sensibilidad social"

El ex defensor adjunto de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Juan Facundo Hernández estuvo de visita en la ciudad de Santa Fe como invitado destacado en la apertura del ciclo de conversaciones sobre los derechos de las infancias en los entornos digitales y su regulación, organizado por la Defensoría provincial. En ese marco, el abogado y docente de amplia experiencia en temáticas de niñez conversó con El Litoral sobre los desafíos actuales del sistema de protección integral, el papel de la Defensoría como organismo de control, la designación de nuevas autoridades y la necesidad de una mirada federal que acompañe los procesos provinciales.

—Estamos en medio de la elección de nuevas autoridades para la Defensoría Nacional de Niñez, en la que hasta hace algunos meses te desempeñaste como adjunto. ¿Qué debe procurar la Defensoría de Niñez? ¿Cuál es su mirada sobre la función central del organismo?

—En primer lugar, recalcar que la Defensoría es un organismo de control. No es el Poder Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial. Es un organismo que tiene que velar para que las políticas públicas se cumplan y que los casos que recibe, según la Ley 26.061, tengan una resolución adecuada. En este sentido, es central una correcta gestión de los casos, y eso fue algo en lo que trabajamos fuertemente durante los últimos cinco años.

La Defensoría tiene un sistema propio: no admite cualquier caso, sino aquellos que no están siendo resueltos por los poderes judiciales locales y que transitan las zonas grises del ámbito penal. Por ejemplo, un caso de abuso sexual archivado en lo penal mientras, en el fuero de familia, el presunto autor pide una revinculación; probablemente en el proceso no se escuchó al niño o la niña. Ahí la Defensoría debe intervenir.

También están los casos de incidencia colectiva, donde puede iniciar amparos ante retrocesos en políticas públicas, como el programa Aunar Familias, destinado al apoyo de familias ampliadas que cuidan transitoriamente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Son políticas que implican un gran esfuerzo y deberían estar protegidas de los vaivenes de cada gestión, para evitar una mirada regresiva en materia de derechos.

—La creación de la Defensoría se dio en 2005, en el marco de la ley 26.061 de Protección Integral. Han pasado veinte años y las deudas con las infancias siguen siendo grandes, sobre todo en materia de pobreza. ¿Qué balance hacés de este tiempo?

—Estos años me permitieron hacer un balance y coincido: desde 2005 tenemos una ley fundamental, pero los niveles de pobreza infantil siguen siendo un problema estructural. Desde la Defensoría dimos la pelea cada vez que hubo debate sobre seguridad social, ya sea la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta Alimentar o el plan Mil Días. Todas son políticas vinculadas al derecho de los chicos más pobres. Nuestra tarea era llevar esa voz al Congreso y sostenerla en el tiempo. La función principal de la Defensoría es estar pendiente, todo el tiempo, de la protección especial de los chicos y chicas, incluso frente a los cambios de gobierno, tecnológicos y culturales que transforman su entorno.

El perfil de quien conduzca la Defensoría

—Aprovechando tu experiencia en el cargo, ¿qué características debe tener quien encarne la Defensoría? No desde los nombres, sino desde la misión.

—Debe ser alguien con una concepción muy amplia de las infancias, con una mirada jurídica sólida pero también con sensibilidad social para velar por el cumplimiento de las políticas públicas que garantice que se respeten los derechos de las infancias. Es un perfil que exige idoneidad técnica y compromiso ético con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso es tan importante el concurso público como mecanismo de selección.

Otro aspecto fundamental es el vínculo con el Congreso, en una lógica parecida a la Oficina de Presupuesto: que trabaje codo a codo en los proyectos de ley vinculados a niñez y adolescencia. Además, hay que fortalecer el equipo técnico y planificar con metas concretas y auditables, en línea con las observaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU. La Defensoría debe tener un plan medible, con prioridades claras, más allá de quién la encabece.

—¿Qué valoración hacés del proceso de selección de autoridades que está en marcha?

—Fue un proceso un poco caótico, pero finalmente se encaminó bien. A diferencia del nuestro, esta vez hubo una mayor unanimidad. Recuerdo que en nuestro concurso participaron legisladores con trayectoria en el tema, como la senadora Durango, que venía de la experiencia provincial. Ahora el procedimiento fue más consensuado una vez que se ordenó en la Bicameral, salvo por algunos integrantes del oficialismo que buscaron cuestionar sin apostar al diálogo, algo esencial en materia de niñez.

También sé que la presidencia de la Cámara no autorizó recursos suficientes para llevar adelante el concurso. Muchos de quienes se opusieron comparten una visión general sobre los problemas de la infancia —pobreza, calidad de vida, salud mental—, pero difieren en derechos específicos, como la salud sexual y reproductiva o la interrupción voluntaria del embarazo. Lo importante es dar las discusiones, no frenarlas.

En este contexto, me parece positivo que se haya llegado a una terna para ser votada por el Congreso. Y el acuerdo es fundamental porque este es el único concurso que lleva adelante el Poder Legislativo; todos los demás cargos son designaciones directas. Para futuras selecciones sería clave fortalecer ese procedimiento.

En cuanto a la doctora María Paz Bertero, que fue propuesta como nueva Defensora, considero que llega con un trabajo importante, construyendo consensos en la Cámara de Diputados bonaerense y con experiencia concreta en la defensa de derechos, condición indispensable para el cargo.

Agenda pendiente y temas urgentes

—¿Cuáles son los asuntos prioritarios que el organismo debería abordar en el corto plazo?

—Hay una agenda prioritaria que debería mejorar en lo inmediato y tiene que ver con las transferencias monetarias, especialmente hacia los adolescentes. Este gobierno hizo un esfuerzo en ese sentido, a través de la tarjeta Alimentar y el plan Mil Días. Pero cuando miramos el universo adolescente, son los que menos apoyo reciben. Por ejemplo, el programa Progresar, que estaba destinado a jóvenes desde los 15 años, no se actualizó y hoy tiene una cobertura mucho menor que años atrás.

También hay una agenda recurrente vinculada al sistema penal juvenil. La discusión no debe ser bajar la edad de imputabilidad; eso es un engaño. La discusión debe girar en torno a un nuevo régimen penal juvenil que ofrezca medidas alternativas y prevenga que los chicos cometan delitos. Hoy hay una gran disparidad en cómo cada provincia lo resuelve. Necesitamos una ley marco que no se limite a endurecer penas.

Otra deuda es en materia de salud mental, discapacidad y fortalecimiento de los sistemas de protección. Faltan autoridades centrales que organicen la discusión. Estas mesas de debate, tanto a nivel nacional como provincial, están debilitadas y requieren liderazgo.

Vínculo con las provincias

—¿Cómo ves la cuestión territorial y la articulación con las provincias en la promoción de los derechos de la niñez?

—Ahí hay una autocrítica. A nosotros nos tocó crear la Defensoría Nacional luego de quince años de vacancia del cargo. Probablemente faltó un trabajo más articulado con las provincias. Los vínculos solían darse por cuestiones puntuales —como los proyectos de baja de edad penal—, pero no con una planificación sostenida.

Hay organismos provinciales que abordan la niñez desde distintas perspectivas: algunos con foco en la promoción, otros desde lo judicial. Faltó un trabajo de homogeneización para definir qué debe hacer una Defensoría, cuál es su piso de acción y cómo medirlo.

Es importante entender que la Defensoría controla a los poderes del Estado, no los reemplaza. Por eso debería promover la creación de defensorías provinciales donde aún no existen. Son organismos pequeños, pero con alta especialización técnica. Con provincias como Santa Fe, donde ya existe una Defensoría activa, es fundamental estrechar la agenda común. Ojalá que con la renovación de autoridades tanto nacional como provincial se aproveche ese impulso.

Niñez en el mundo digital

—De aquel tiempo a esta parte surgieron nuevos desafíos, especialmente en los entornos digitales. ¿Cómo regular esos derechos en los nuevos escenarios?

—El entorno digital fue el gran tema del último tramo de nuestra gestión. En Argentina estamos un poco demorados en esa discusión, pero otros países ya avanzaron. Se trata de trasladar la protección de los derechos del mundo físico al virtual.

Hay tres factores clave. Primero, la ciudadanía digital y alfabetización. Durante la pandemia, los chicos fueron arrojados a las pantallas por necesidad, y aunque fue un uso positivo para mantener la educación, debemos acompañarlos para que aprendan a moverse con cuidado en ese entorno. Segundo, la prevención de riesgos específicos: Grooming, pornografía infantil, sexting, desinformación, que son realidades que requieren protocolos claros y educación. Tercero, pero para mí el más importante, el diseño de las plataformas. Brasil, hace diez días, aprobó el Estatuto de Crianza y Adolescencia Digital, que impone restricciones a las empresas tecnológicas sobre cómo diseñan sus redes. Es crucial porque muchos problemas nacen del diseño: un niño no debería estar a tres clics de contenidos sobre apuestas, trastornos alimentarios o suicidio. Eso puede evitarse regulando los algoritmos y el uso de datos. Pero en Argentina es una discusión todavía incipiente.

—¿Se trata de proteger los mismos derechos en un nuevo entorno o de atender a nuevas vulneraciones propias de lo digital?

—El debate sobre si existen nuevos derechos es muy interesante. Hace poco escuché al abogado Damián Loretti, que plantea que en realidad se trata de los mismos derechos, pero que deben protegerse de otra manera. Los procedimientos cambian.

Por ejemplo, la vulneración sigue siendo a la intimidad o a la privacidad, pero hoy adopta otras formas. Y ahí entra la protección de los datos: las empresas no pueden usar la información de los chicos para dirigirles publicidad de apuestas deportivas o de consumo problemático. Esa es la frontera que tenemos que construir, para que los derechos que ya existen en el mundo real se mantengan también en el digital.