Edad de imputabilidad: cómo es el régimen penal juvenil en otros países y el debate que se reabre en Argentina

A nivel internacional, la responsabilidad penal juvenil es uno de los temas más discutidos en los sistemas jurídicos contemporáneos. Lejos de una solución uniforme, los Estados fueron reformulando sus marcos legales a partir de consensos sociales, fallos judiciales y recomendaciones de organismos internacionales.

En América Latina y el Caribe, la tendencia general fue bajar la edad mínima de imputabilidad, aunque acompañada por regímenes diferenciados y sanciones de carácter socioeducativo. La mayoría de los países estableció el límite entre los 12 y los 14 años, con sistemas especiales para adolescentes.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela fijaron la edad mínima de responsabilidad penal en los 14 años. En todos los casos, la reforma fue producto de debates extensos y modificaciones progresivas de sus códigos de niñez y adolescencia.

Paraguay fue el primer país de la región en avanzar, en 2001, con la sanción de su Código de la Niñez y la Adolescencia. La normativa habilitó sanciones penales para adolescentes, incluyendo medidas correccionales y, en casos graves, privación de la libertad en centros especializados.

Colombia siguió ese camino en 2006 con el Código de la Infancia y la Adolescencia. Allí se priorizan sanciones pedagógicas y restaurativas, con el objetivo de reencauzar la conducta del menor y evitar la reincidencia.

Perú modificó su legislación un año después, con una ley orientada inicialmente a delitos vinculados al pandillaje. El régimen combina sanciones socioeducativas con restricciones de libertad, siempre bajo supervisión judicial.

Durante la última década, Bolivia y Chile también reformaron sus sistemas. Bolivia lo hizo a través del Código Niña, Niño y Adolescente, mientras que Chile implementó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con penas diferenciadas y cárceles especiales para jóvenes.

Venezuela fue el único país que recorrió el camino inverso. En 2015 elevó la edad de imputabilidad de 12 a 14 años, tras cuestionamientos de organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó que la edad mínima penal sea superior a los 12 años y cercana a los 18.

Según UNICEF, países como Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá establecieron la edad mínima en los 12 años. En esos casos, las sanciones no replican el sistema penal adulto y apuntan a la reinserción social.

En Europa, el panorama es similar. La mayoría de los Estados fijó la edad mínima de responsabilidad penal en los 14 años, aunque con diferencias en la aplicación de penas. España redujo la edad en 2000, pero excluyó sanciones penales tradicionales.

Italia, Alemania y Austria admiten penas solo si se demuestra que el adolescente comprendía la gravedad del delito. Inglaterra, con un sistema más rígido, establece la responsabilidad penal desde los 10 años, aunque con un régimen diferenciado hasta los 17.

Argentina, entre los países con mayor edad mínima

En ese contexto comparado, Argentina aparece como una excepción. El país mantiene la edad mínima de imputabilidad en los 16 años y comparte esa condición únicamente con Cuba dentro de la región.

El régimen penal juvenil argentino se rige por un decreto-ley de la última dictadura militar, sancionado en 1980, que nunca fue reemplazado por una ley integral. Desde entonces, los intentos de reforma no lograron consensos legislativos.

El debate reapareció de manera cíclica, generalmente vinculado a hechos de violencia protagonizados por menores. En las últimas semanas, volvió a instalarse con fuerza tras el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe.

El adolescente de 15 años fue torturado y asesinado de 20 puñaladas. En el hecho están involucrados una joven de 16 años, que permanece detenida, y dos menores de 14 años, declarados inimputables por su edad.

Casos similares, como el asesinato de un playero en Rosario atribuido a un menor de 15 años, reforzaron el reclamo de sectores políticos que impulsan una reforma del régimen penal juvenil.

En ese marco, el Gobierno nacional decidió avanzar. La Mesa Política encabezada por el jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni resolvió incorporar el debate de la Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias del Congreso.

Las sesiones se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero y el eje central será la baja de la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años. El proyecto se debatirá junto a otras iniciativas clave como la Reforma Laboral.

Bullrich fue una de las voces más firmes a favor de la reforma. “La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas”, escribió en redes sociales al confirmar el tratamiento del proyecto en febrero.

Pullaro respaldó la discusión y pidió penas acordes

Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro respaldó la decisión del Gobierno nacional y se manifestó a favor de revisar la edad de imputabilidad, especialmente en casos de delitos graves.

“Estoy completamente de acuerdo. El que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó. Y recordó que su postura se consolidó durante su gestión como ministro de Seguridad.

Pullaro cuestionó el enfoque garantista que, según sostuvo, dominó durante años la política penal argentina. “Ha hecho mucho daño y dejó a las víctimas en un segundo plano”, señaló.

El mandatario provincial remarcó que la discusión no debe centrarse únicamente en la edad biológica. “Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, sostuvo.

Además, consideró que no es real afirmar que un adolescente de 14 años no comprende la gravedad de un homicidio. “Es un debate estructural que Argentina debe darse”, afirmó.

Con el proyecto ya incorporado al temario de extraordinarias, el Congreso se prepara para una discusión sensible. El desafío será definir un nuevo régimen penal juvenil que contemple sanción, prevención y derechos, en sintonía con los estándares internacionales.