El gobierno de la Nación Argentina promulgó la Ley 27.793 que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.
La Ley 27.793 avanza mediante el Decreto 681/2025 con firma de Milei, Francos y Lugones. Modificaron el Presupuesto hasta que se determine su fuente de financiamiento.

El gobierno de la Nación Argentina promulgó la Ley 27.793 que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.
La misma fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, luego de que el pasado 20 de agosto fuera rechazado por la Cámara Baja el veto del presidente de la Nación Javier Milei, rechazo confirmado por la Cámara Alta el 4 de septiembre.
La promulgación, ya obligatoria para el Ejecutivo, se dio mediante la publicación este lunes 22 de septiembre del Decreto 681/2025 en el Boletín Oficial. El documento en cuestión llevas las firmas del presidente Milei; el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; y el ministro de Salud, Mario Lugones.
Esta normativa tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas con discapacidad, alineándose con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La ley establece medidas de protección social, incluyendo el financiamiento de pensiones no contributivas y la promoción de servicios de atención médica. Además, se busca fortalecer a los prestadores de servicios bajo la ley 24.901, asegurando su sostenibilidad financiera.
“Comuníquese al H. CONGRESO DE LA NACIÓN, en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga”, aclara el texto oficial en su segundo artículo.
La Agencia Nacional de Discapacidad será la autoridad encargada de implementar y gestionar estas disposiciones, impactando directamente en la calidad de vida y el acceso a derechos de las personas con discapacidad en Argentina.
El decreto de este lunes también aclara que “el crédito presupuestario para atender todas las funciones del Estado que se encuentra disponible al momento de elaborar esta medida, sin impactar en la partida presupuestaria destinada a servicios sociales, es de PESOS DOS BILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 2.302.526.621.430)”.
La Decisión Administrativa 24/2025, emitida por el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y con firma de su ministro de Economía, Luis Caputo, modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025.
Esta modificación responde a la necesidad de ajustar los créditos presupuestarios para afrontar gastos urgentes, especialmente en relación con el financiamiento de prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
A pesar de la suspensión de la Ley N° 27.793 hasta que se determine su fuente de financiamiento, se incrementará el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, compensando este aumento con una reducción en los créditos asignados a Obligaciones a Cargo del Tesoro.




