Formulan la acusación contra el fiscal Spelta

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa tiene ahora en su poder la acusación que abre un proceso contra el fiscal regional Adrián Spelta, titular del área de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación en Rosario.

Se cuestiona la decisión del funcionario del MPA de acordar con la defensa la prisión domiciliaria de un peligroso delincuente, acusado de tentativa de homicidio en triple grado.

Se trata de Emanuel Sandoval, un narcotraficante que era juzgado por triple tentativa de homicidio en 2017. “Ema Pimpi” fue asesinado en octubre de 2019 y había sido beneficiado con la prisión domiciliaria que acordara Spelta, y que dos jueces otorgaron.

En otra causa anterior, Sandoval admitió ser quien disparó, en 2013, contra el domicilio del entonces gobernador Antonio Bonfatti.

El senador Lisandro Enrico actúa como miembro acusador y presentó su escrito ante la comisión formada por ocho diputados y cuatro miembros del Senado, entre ellos el radical que representa a General López.

El pedido de sanción para el fiscal fue iniciado por la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, quien además de llevar el caso a la Legislatura presentó una denuncia penal por la que -en forma paralela- la Procuración de la Corte avanza en la investigación a dos Jueces por el mismo hecho: Hernán Postma y Gustavo Pérez de Urrecha porque convalidaron la salida del penal.

Una vez presentada la acusación, corresponde que se notifique al fiscal Spelta quien luego de ese acto contará con veinte días hábiles para responder, proponer medidas de pruebas pruebas o llevar testigos a la Comisión. En ese lapso puede incluso acordarse una entrevista entre el funcionario requerido y Acuerdos. Una vez terminada la defensa, y llevada a cabo la defensa por parte del fiscal, la Comisión pasa a deliberar qué medida resuelve, lo que podría ocurrir recién en unos dos meses (siempre y cuando no haya receso invernal en ambas Cámaras).

Contra la impunidad

Enrico ocupó de no adelantar su posición respecto de Spelta, para que sea objetada su acusación, y mediante un comunicado de prensa expresó sus quejas -en general- contra las generosas prisiones domiciliarias otorgadas a delincuentes en la Justicia.

Enrico advierte que forma parte de un esquema “de impunidad” la tendencia de los jueces a “conceder a peligrosos delincuentes o personas que tienen que estar en cárceles, beneficios para estar en sus domicilios”.

“Nos preocupa esta situación que se da en la justicia santafesina. Estamos promoviendo a nivel de la Legislatura este procedimiento y siguiendo de cerca lo que la Corte Suprema realice sobre todas las conductas de juezas y jueces que, violando la ley en su letra y en su espíritu permiten que personas que deberían estar presas hoy estén en la calle. Directamente vinculamos esta clase de fallos judiciales con los momentos de inseguridad y de violencia que nos toca vivir en la provincia”, dijo.

“Son situaciones de impunidad que atentan contra la seguridad de la población y disminuyen el nivel de vida que merecemos los santafesinos, porque muchos delincuentes que hoy deberían estar con privación de libertad - como lo establece la ley-, terminan siendo beneficiados por el criterio de jueces, juezas y fiscales”, agregó.

“Al margen de la ley”

Aseguró que “lo cuestionable no es la discrecionalidad que pueda tener un juez al momento de aplicar la ley, sino que algunos de los casos en los que estamos investigando, haya jueces de Cámara y de primera instancia y fiscales en las distintas Circunscripciones de toda la provincia de Santa Fe, que caen en un apartamiento directo de la ley, y eso es lo que enciende los mecanismos de sanción previstos”, comentó.

Explicó que “ya no estamos evaluando el criterio que aplica un juez, sino que hay casos donde los magistrados directamente se apartan de la ley para permitir que un delincuente que tiene que estar preso quede en libertad”, lamentó el senador.

Con fundamentos

Enrico es el autor de una reforma que se aprobó en la Legislatura en 2017 sobre la prisión domiciliaria. Antes se otorgaba usualmente, pero a partir de aquella norma es menor el margen que tienen los jueces y fiscales para poder otorgar ese beneficio.

El senado aprobó esas modificaciones por unanimidad, que establecen “razones muy limitadas por la cual una persona tiene que estar en prisión preventiva o cumpliendo la pena en su casa: se concede ese beneficio cuando se trata de condenas a personas mayores de 70 años, madres con hijos de menos de 5 años, enfermedad terminal, etc”.

“Puntualmente uno de los casos se dio hace poco en nuestra región, con el caso del imputado E.J.P. de Elortondo, una persona con una carga delictiva reconocida y comprobable, y sin embargo el juez de Cámara, Tomás Orso, le otorgó el beneficio con la prisión domiciliaria alegando una afección a la salud agravada por la pandemia del coronavirus, con el agravante de que existía un informe médico que no justificaba la salida de la cárcel y haciendo constar que dos jueces de primera instancia ya habían rechazado la prisión domiciliaria porque no correspondía. Sin embargo el juez Orso le asignó ese beneficio y quedó en libertad”, se quejó Enrico.

Aseguró que “las prisiones domiciliarias otorgadas en Santa Fe son motivo de investigación justamente por haber sido distorsionadas en su aplicación en beneficio de los delincuentes cuando había una clara reforma hecha por la Legislatura para restringir estos supuestos que algunos operadores del sistema penal están incumpliendo”.