Con críticas a la adhesión de funcionarios, empezó el debate nacional por la reforma a la Inocencia Fiscal

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación iniciaron este miércoles el tratamiento informativo del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, una reforma enviada por el Poder Ejecutivo apenas seis meses después de la promulgación de la Ley 27.799.

Ante los legisladores expusieron la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu; y el director del Banco Central Martín Vauthier.

Como argumento, el Gobierno asegura que unas 455.000 personas ya optaron por esta modalidad, lo que demuestra que la herramienta funcionó y justifica extenderla. Sin embargo, el argumento choca con el objetivo de incorporar al circuito formal los cerca de US$170.000 millones que el equipo económico estima fuera del sistema bancario, reduciendo el temor a que esos fondos desencadenen fiscalizaciones sobre ejercicios anteriores.

Declaraciones

La defensa oficial se concentró en separar la iniciativa de cualquier cambio penal o beneficio impositivo. “No hay ninguna modificación a ninguna norma penal”, dijo Balestrini, asegurando que la elevación de los montos necesarios para configurar evasión simple o agravada y el acortamiento de determinados plazos de prescripción ya forman parte de la legislación vigente y alcanzan a todos los contribuyentes, utilicen o no la declaración simplificada.

Según explicó, el proyecto no altera alícuotas, deducciones ni Ganancias, sino que modifica la presentación de la información y las consecuencias para quienes acepten los datos de ARCA. “No hay ninguna exención adicional ni ningún tratamiento distintivo en el mecanismo de liquidación”, afirmó Balestrini. Y detalló que el contribuyente podrá confirmar los ingresos y gastos informados por el organismo o corregirlos antes de presentar la declaración, pero deberá pagar el mismo impuesto que quien permanezca dentro del régimen general.

Por su parte, el director nacional de Impuestos comparó la ley vigente con el proyecto en debate. “El primer tema a considerar es que, en cuanto a los lineamientos generales, la ley no sufre ninguna modificación, esto es que sigue comprendiendo al mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las asociaciones indivisas. Es decir, no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado, para ello, esas personas humanas continúan o deben continuar cumpliendo la condición de ser residentes fiscales argentinos”, explicó Imirizaldu.

A continuación, Vauthier argumentó que la iniciativa se inscribe en una serie de medidas tendientes al desarrollo y crecimiento sostenido del PBI de Argentina. “Cuando uno mira las estimaciones de los montos de billetes en moneda extranjera que tienen los argentinos fuera del sistema financiero, estamos hablando de aproximadamente 170 mil millones de dólares, probablemente eso sea un piso. Y para ponerle un orden de magnitud, eso es un número obviamente enorme, hoy los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40 mil millones de dólares”, especificó el director del Banco Central.

Fiscalización

La legislación actual admite a personas humanas y sucesiones indivisas residentes que no superen determinados niveles de ingresos y patrimonio y que no sean consideradas grandes contribuyentes por ARCA. El nuevo proyecto elimina esos topes. El régimen simplificado quedaría abierto sin importar cuánto facture o qué cantidad de bienes posea el contribuyente.

Ese cambio concentró las primeras objeciones. Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria, preguntó si la reforma está dirigida a pequeños contribuyentes o a “personas humanas con altos patrimonios, fondos no exteriorizados o inconsistencias fiscales que necesitan regularizarse con mayor protección frente a ARCA”. También cuestionó que la iniciativa no corrija las multas formales que recaen sobre las mipymes. “¿Por qué no se adopta un esquema proporcional en función de la capacidad contributiva?”, planteó.

Además, el texto redefine cuándo una diferencia resulta relevante como para hacer caer los beneficios. La discrepancia será significativa cuando el ajuste supere el 15% del impuesto declarado, aunque se incorpora un piso equivalente al 5% del monto previsto para la evasión simple. Balestrini dijo que ese umbral responde al llamado “principio de bagatela”, destinado a evitar que diferencias menores provoquen la exclusión automática. Aclaró que la protección no regirá cuando el monto absoluto supere el límite penal.

El contribuyente tendrá además 15 días hábiles para rectificar sin perder los beneficios. Para el Ejecutivo, se trata de equiparar su situación con la de quien declara por el régimen general. Para la oposición, el mecanismo reduce las consecuencias de haber informado inicialmente un impuesto menor. La carga de demostrar la discrepancia recaerá sobre ARCA, que deberá utilizar la información declarada, la existente en sus propios sistemas o la aportada por terceros.

Adhesiones

El punto de mayor tensión fue la posibilidad de que funcionarios públicos y personas de ocupación política puedan adherirse al régimen.

Esteban Paulón, de Provincias Unidas, reclamó una exclusión expresa y advirtió que adherir no acredita la licitud de los fondos. “Confundir simplificación tributaria con regularidad patrimonial podría convertir la constancia de adhesión en una apariencia de normalidad frente a bancos y organismos de control”, señaló.

Agustín Rossi fue más allá. El diputado santafesino sostuvo que nunca había debido analizar dos veces un mismo régimen en ocho meses y atribuyó la reforma al reclamo de grandes estudios contables. “¿Qué es lo que pasó para que en ocho meses tengan que enviar un nuevo proyecto sobre el mismo tema?”, preguntó.

Balestrini respondió que los funcionarios mantienen la obligación de presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Y que si utilizan el régimen simplificado, deberán cargar manualmente los bienes que no sean trasladados automáticamente desde ARCA. “De ninguna manera se renuncia a la fiscalización”, aseguró. También sostuvo que siguen vigentes los controles de la Unidad de Información Financiera, los bancos y el resto de los sujetos obligados por las normas contra el lavado de activos.