Cómo es el proceso para lograr la primera privatización del gobierno de Milei

El Gobierno comenzó el proceso de privatización de la metalúrgica mendocina Impsa. La empresa, fundada por la familia Pescarmona, tiene su paquete mayoritario en manos del Estado nacional desde que fue estatizada bajo la gestión de Alberto Fernandez en 2021.

Sin embargo, Impsa no estaba incluida en la ley bases. Esto se debe a que existen dos tipos de compañías estatales en cuanto a sus figuras jurídicas societarias: Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas. Las primeras sólo pueden tener como único sujeto al Estado nacional, mientras que las segundas tienen una parte mayoritaria por parte del Estado, pero también pueden poner en venta sus acciones o concesionar sus servicios a privados.

Impsa es una S.A., lo que significa que el Gobierno puede encarar el proceso de una privatización total o parcial. Se dio a conocer esta semana en el Boletín Oficial que, mediante el DNU 553/2024, se prorrogó el artículo 51 del DNU 70/2023, el extenso paquete de desregulaciones de la economía implementado por Milei al comienzo de su mandato. Este DNU trata sobre la conversión de las empresas estatales en Sociedades Anónimas, trámite que tenía plazo por 180 días y se extendió por otro período idéntico.

“Estamos trabajando para que todas las compañías pasen a Sociedades Anónimas y así poder privatizar todo lo que podamos”, dijo Milei en una entrevista reciente.

Si bien este es un paso necesario, no es suficiente para poder avanzar hacia una privatización total. Las S.A. son la forma jurídica que permiten cumplir el plan de venta de acciones o concesiones que quiere el Gobierno. Pero para poder pasar a esa etapa, el Congreso de la Nación debe declararlas sujetas a privatización, como se hizo la semana pasada con las seis empresas incluidas en la ley bases. Por lo tanto, el Gobierno no podrá concretar una venta hasta que el Congreso refrende la puesta a privatización.

Impsa es una empresa que exporta el 85% de su producción y tiene presencia en más de 40 países por generar equipamiento para las industrias de petróleo y energía hidroeléctrica, solar, eólica y nuclear. “Tiene potencial pero hoy no tiene financiamiento”, dicen desde el Palacio de Hacienda. El interesado es un fondo de inversión de Estados Unidos.