Jubilaciones: con chances en el Senado, el gobierno negocia para blindar el veto

La aprobación de la recomposición de jubilaciones, por la doble vía de un aumento en los haberes y un incremento en el bono, más la restitución de la moratoria previsional, fueron capitalizadas como triunfos políticos de la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación y reveses para el gobierno nacional. A la vez, fue el punto de partida de una secuencia que ya se volvió conocida y, eventualmente, de rigor: media sanción, conversión del proyecto en ley, veto presidencial a la norma, tratamiento del veto en el Congreso.

De momento, toca mover la ficha del primer al segundo casillero. Pero con la perspectiva de un resultado adverso (por lo menos en lo que atañe a recomposición, y tal vez no tanto a moratoria), el oficialismo ya tiene la mirada posada en el final del recorrido. Y si bien buscará la manera de que el Senado rechace el proyecto, o al menos demorar su curso introduciendo modificaciones o dilatando el tratamiento en comisiones, se trabaja sobre la hipótesis de que habrá ley y veto, y los mayores esfuerzos están concentrados en "blindar" el pronunciamiento presidencial para evitar poner la norma en vigencia.

Paso a paso

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. Con menos votos fue avalada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.

Luego de la maratónica sesión de la cámara baja, el trámite parlamentario en el Senado se activa con la remisión del proyecto. A la espera de ello, los senadores de La Libertad Avanza preveían reunirse con los jefes de los bloques "dialoguistas" -una categoría de composición oscilante y muchas veces provisoria-, para unificar posturas de cara a una posible reunión de Labor Parlamentaria el miércoles, referida a cuándo iniciar el análisis de la cuestión previsional. Sin fecha de arribo al recinto definida, y con Victoria Villarruel apartada de su función parlamentaria y abocada al reemplazo de Javier Milei en el Poder Ejecutivo, el texto votado en Diputados deberá tener su tránsito en comisiones, previsiblemente de Trabajo, y de Presupuesto y Hacienda.

En caso de ser la de Trabajo y Previsión Social la cabecera, quedaría al comando la macrista cordobesa y usual aliada al Gobierno libertario Carmen Álvarez Rivero. En tanto, el titular de la de Presupuesto y Hacienda es el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy).

Esta circunstancia permitiría al oficialismo incidir en el manejo de los tiempos, pero probablemente no en el resultado: la integración de ambas comisiones facilitaría en principio la aprobación de dictámen de mayoría a favor de la actualización jubilatoria. No está tan claro en lo que hace a la moratoria previsional, que ya en Diputados cosechó muchas menos adhesiones, y se impuso de manera más ajustada.

En el recinto

El panorama en el recinto tampoco favorece al oficialismo. Con 34 votos asegurados de parte del PJ, solamente hacen falta tres votos más para sancionar los cambios.

Ante la consulta de El Litoral, el santafesino Marcelo Lewandowski confirmó que acompañará las iniciativas tal como vinieron de Diputados. Y los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto hicieron lo propio el año pasado, al igual que todos los integrantes de los demás bloques, excepto los siete libertarios y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO).

El recuento previo de votos no sólo garantiza la aprobación, sino también la obtención de quórum; con lo cual el gobierno tampoco podría acudir a la estrategia de hacer fracasar la sesión a través de esta herramienta. El paso siguiente será, entonces, definir en qué momento dictar el veto presidencial (que ya fue anticipado por el propio mandatario e integrantes de su equipo), y jugar luego la pulseada definitiva cuando las cámaras debatan si lo aceptan o lo rechazan.

Si se diera este último supuesto, el Poder Ejecutivo no tendría más remedio que promulgar la ley. Para ello, ambas cámaras deberán contar dos tercios de los votos. Ese porcentaje no se calcula sobre el total de los diputados, sino sobre el número de legisladores que están efectivamente presentes en el momento de la votación. Por lo cual no solo el sentido de los votos serían un factor determinante, sino también las eventuales ausencias. Por ejemplo, si hay asistencia perfecta, la oposición necesitaría 172 votos afirmativos para rechazar un veto de Milei, mientras que si los libertarios suman 86 votos negativos lo dejarían firme. Pero esos números se modificarían según la cantidad de legisladores que participen de la sesión.

En caso contrario de que la oposición no obtenga los dos tercios, como sucedió el año pasado cuanto también se sancionó una ley de recomposición previsional, prevalecerá la voluntad del presidente, y la norma quedará sin efecto. Con ese fin es que el accionar del oficialismo estará dirigido a conseguir el tercio de votos en al menos una de las cámaras, que le permitirá "blindar" el veto y hacer que el tema no pueda volver a tratarse en el recinto hasta el año que viene.