Paradoja Sain: protagonista de la gestión pero por fines ajenos a la seguridad pública

Casi como en los dos primeros años de la gestión de Omar Perotti, el denominado "caso Sain" volvió a cobrar protagonismo también en 2022 y prácticamente lo atravesó por completo. Durante el primer período – 2020-, la atención sobre el creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria giraba en torno de la expectativa que se había depositado en él como ministro de Seguridad. Era la figura que el gobernador había elegido para poder hacer realidad el slogan "paz y orden", que se había pregonado durante la campaña. En Sain estaban depositadas las esperanzas para que se pudiesen revertir los índices de violencia y el crecimiento del crimen organizado que sigue expandiendo sus redes y generando muertes, sobre todo, en la ciudad de Rosario.

En el segundo año de gestión – 2021-, Sain siguió estando en el centro de la escena, pero no por los resultados que obtenía como responsable de la seguridad pública. Todo lo contrario. Marcelo Sain volvía a ser noticia a raíz de una situación de alta controversia emanada de los escándalos que comenzaban a generarse en su administración. La revelación de una serie de irregularidades en el manejo de la cartera terminaron con el funcionario desplazado del Ministerio y expulsado también del Organismo de Investigaciones.

Ni fuera de todo cargo público en el ámbito de la provincia, Sain dejó de ser protagonista. Llegó 2022 y su figura volvió a cobrar relevancia porque aquellos escándalos que se habían desatado en 2021, se judicializaron. Y fue a lo largo del corriente año, que la causa logró evolucionar y terminó con Sain y otros siete de sus ex colaboradores investigados. A principios de año – abril-, el ex ministro afrontaba el primer revés judicial al ser imputado por el delito de "negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la Administración Pública provincial". Ello, en el marco de la causa en la que se investigaba la compra irregular de armas para la policía provincial; un proceso que fue frenado en términos administrativos por los propios mecanismos internos del estado, pero que llegó a la justicia por una presentación de legisladores de la oposición.

Una segunda imputación se formalizó a fines de noviembre. Es la que corresponde a una causa que tiene un potente impacto en términos políticos e institucionales. Porque es aquella en la que Sain es investigado por presunto espionaje ilegal. De hecho, el delito por el que termina siendo imputado es el de jefe de una asociación ilícita – integrada por otros funcionarios tanto del Ministerio de Seguridad como del Organismo de Investigaciones- que se dedicaba a cometer diferentes ilícitos como el de espiar de manera ilegítima a empresarios, dirigentes políticos y sindicales, periodistas y magistrados; pero también, a malversas fondos. Incluso, Sain y otros dos de sus ex funcionarios fueron imputados, además, por el delito de peculado.

Sain estuvo al borde de la prisión preventiva porque así lo habían solicitado cuatro de los seis querellantes. Pero el magistrado que condujo la correspondiente audiencia de medidas cautelares, convalidó algunas – y endureció otras- de las opciones que habían convenido la defensa del ex ministro y la fiscalía. Finalmente, se resolvió que Sain no podrá salir del país ni podrá portar armas. Deberá evitar, además, contacto y acercamiento con víctimas, testigos y oficinas del Ministerio. Con esas restricciones pero en libertad, el ex funcionario que también dejó en octubre su cargo como asesor del ministro Aníbal Fernández, deberá seguir transitando un proceso penal que promete para 2023 varios meses aún de investigación de parte de los fiscales, incluso, antes de proceder a la acusación. Y ello será en simultáneo con un año electoral. Es una coincidencia temporal que obligará a las partes a vencer la tentación de capitalizar la investigación, según le convenga a cada una de las partes.