Movimiento de dólares: Provincia se enfoca en organizaciones criminales

El gobierno de la provincia llevará adelante medidas para bloquear la circulación de dinero por parte de personas vinculadas a organizaciones criminales, e impedir que aprovechen las facilidades dispuestas a nivel nacional para financiar actividades delictivas y violentas. En particular, un comité interministerial concentrará los datos y "alertas" recogidos por todas las agencias públicas, incluyendo la colaboración de organismos nacionales, y los cruzará con la información provista por las acciones de inteligencia criminal, para bloquear movimientos a quienes estén vinculados a ellas, o para que los sospechosos estén obligados a comprobar la licitud del origen y el destino de los fondos.

Así lo anunciaron los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en una conferencia de prensa desarrollada en Rosario, a propósito de las definiciones del Gobierno Nacional sobre la posibilidad del uso de dólares no declarados.

En el marco de las acciones que el Gobierno provincial lleva adelante en la lucha contra el narcotráfico y las economías del delito, el Ejecutivo santafesino reforzará medidas para evitar lavado de dinero proveniente del delito.

El Ejecutivo provincial considera que la lucha contra las mafias en Santa Fe es un mandato indeclinable, por lo que se van a tomar las medidas que sean necesarias para evitar que cualquier definición que se tome en otro ámbito impacte de alguna forma en la seguridad pública.

En ese sentido, desde la Provincia se enfatiza en la necesidad de mantener controles estrictos para evitar que el dinero proveniente de actividades criminales ingrese al sistema económico formal.

Vale recordar que ya en el blanqueo anterior el Gobierno santafesino investigó quiénes eran las personas que habían adherido, con una mirada puesta en verificar que no haya ningún fondo que sea directamente ilegal o que provenga de las economías criminales, o que organizaciones delictivas pretendan blanquear.

El 99 vs. el 1 %

En palabras del ministro Olivares, no se trata de impedir que "el 99 % de la población" que permanece ajeno a las actividades delictivas pueda aprovechar las ventajas dispuestas por el Gobierno nacional al eliminar controles y obligaciones de informar en cuanto al movimiento de dinero, sino de evitar que esas mismas ventajas sean indebidamente aprovechadas por las organizaciones criminales.

En ese sentido, dejaron en claro que todo el accionar de la provincia se enfocará específicamente en quienes estén condenados, procesados o investigados, mediante un permanente entrecruzamiento de datos, que no signifique incrementar o crear controles para el grueso de la población.

"El objetivo es que estas facilidades no impidan que podamos debilitar y desmantelar económicamente a estas organizaciones", resumió Cococcioni. Y en ese sentido, adelantó que "hemos decidido y está a la firma del gobernador la puesta en marcha de un comité de representantes de todos los ministerios y de otros organismos, para diseñar un programa de disrupción patrimonial y financiera, que se va a centrar en las personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado".

"No se trata de suplantar controles que se hacían a nivel nacional, ni instituir otros nuevos, sino de focalizarnos en sujetos vinculados a organizaciones criminales, para apuntarles a ellos y limitar su poderío económico, que es lo que les permite seguir financiando la violencia", insistió.

Agregó que el comité funcionará en la órbita de la subsecretaría de Inteligencia, en la Dirección de Investigación Criminal, para recabar la información recogida en distintas reparticiones y, sobre esa base, impedir o al menos demorar con controles más estrictos cualquier movimiento patrimonial que pudiera resultar sospechoso de estar inserto en una red de acciones delictivas.

Consultado al respecto, el ministro Olivares no avanzó en consideraciones acerca de las medidas dispuestas por el gobierno nacional para facilitar la circulación de dinero, y favorecer la incorporación a la formalidad de divisas mantenidas al margen de ella ("dólares en el colchón"), ya que aún no se conocen con suficiente nivel de detalle, como así tampoco el proyecto de ley que se prevé para bloquear futuras persecusiones a quienes se valgan de ellas.

"Hay que tomar en cuenta que todos los que podían y querían sacar el dinero del colchón ya tuvieron la oportunidad con un blanqueo muy generoso. De modo que estas nuevas medidas están dirigidas a quiene no lo hicieron. Y que esto sea a expensas de cerrar los ojos, sacando controles, nos lleva a que tratemos de tener los ojos más abiertos que nunca", consideró.

Los funcionarios aclararon que el accionar de la provincia no consistirá en sanciones, o cualquier tipo de medida penal, que siguen su propio curso por canales separados. "Hablamos de bloquear o posponer el acceso a autorizaciones de las que tiene la llave el estado, para tomar en esos casos los recaudos necesarios para atacar el financiamiento de la violencia", reiteraron.

En tal sentido, insistieron que "se va a priorizar a grupos criminales con posibilidad de llevar a cabo actos violentos. No podemos permitir que un grupo criminal tenga plata para ir a matar gente", sostuvo Cococcioni.

"Hasta ahora se imponía a toda la población deberes de informar. Ahora se revierte esa lógica, y solo se aplica a quienes estén vinculados a la actividad delictiva, sobre la base de la información de que dispone la inteligencia criminal", completó Olivares.