Cada dos meses los usuarios del gas natural por redes notarán diferencias en los componentes de sus tarifas, a partir de las boletas emitidas para los consumos que se produzcan en agosto.
La compensación de los consumos de agosto entre precios estimados y del mercado ya no se hará cada cuatro meses. Se subdivide el impacto.

Cada dos meses los usuarios del gas natural por redes notarán diferencias en los componentes de sus tarifas, a partir de las boletas emitidas para los consumos que se produzcan en agosto.
Habrá variaciones en el precio del metro cúbico que serán más frecuentes, con impacto bimestral, en lugar de estacional (cada cuatro meses).
Obviamente, las boletas mostrarán esas modificaciones desde septiembre en adelante, cuando comienza a descender el consumo de gas por parte de los usuarios. Y a ese rubro se agregarán las cuotas del sobrecosto de importar gas mediante buques de GNL.
Según la resolución 167 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, se busca, mediante “medidas complementarias”, poder “contribuir a evitar que el pago a realizar por los usuarios se vea afectado por un doble efecto estacional: el aumento en las cantidades demandadas y la simultánea suba del precio del gas durante el invierno, en aras de una mayor previsibilidad para el usuario final”.
También menciona “el contexto internacional en el que se dan las adquisiciones adicionales de gas, por parte de las prestadoras del servicio de distribución, de manera de propiciar el sostenimiento de los flujos financieros necesarios para afrontar los compromisos propios de la prestación del servicio público y de las inversiones establecidas”.
La decisión otorgará una “herramienta” a las empresas distribuidoras que pagan el precio del gas según lo dicta el mercado y lo cobran a sus usuarios un valor atado a un precio estimado por el regulador, hasta que se las compensa mediante un complejo mecanismo de Diferencias Diarias Acumuladas.
Ahora, bimestre a bimestre, los impactos ya no tendrán las típicas variaciones estacionales fuertes, que daban dos curvas a la suba y la baja según el clima.
Los límites de la capacidad del país para cubrir sus necesidades energéticas, debidos al atraso de su infraestructura, explican también el costo extra del gas en este invierno.
La Argentina, pese a contar con el yacimiento de Vaca Muerta, por su escasa inversión en gasoductos durante décadas y la decisión del gobierno nacional actual de paralizar obras que estaban en marcha al iniciar su gestión (y más tarde se retomaron) debe comprar al exterior el gas que necesita cuando hace frío.
Y la importación de cargamentos de buques con Gas Natural Licuado fue este año excepcionalmente cara, por los efectos del conflicto armado en las cotizaciones a nivel mundial.
Tal fue la explosión de precios que la Casa Rosada optó por ir a contrapelo de sus planes y convicciones y no privatizar la operación de adquisición de esos cargamentos.
La hizo la empresa de estatal Enarsa, con lo que en definitiva se confió más el sector público que lleva -lamentablemente- décadas con esa práctica. Lo saludable sería que el país cuente con lo necesario para usar su propio gas, mucho más económico.
Se estima que 2026 demandará 28 buques de Gas Natural Licuado. Dos menos que en 2024 pero muchísimos más que si se hubieran desarrollado gasoductos para aprovechar el yacimiento que sobre todo se encuentra en suelo neuquino.
El costo extra de esa importación (la diferencia entre el gas del exterior y el nacional) en 2026 será financiado por vía estatal. Y los usuarios residenciales pagarán por esta vez en 6 cuotas ese sobrecosto. A las industrias y los comercios, en cambio, se les trasladó ese valor, por lo que hubo por ejemplo interrupciones del flujo de gas en estaciones de servicio de GNC.
Además, la gestión libertaria no logró aún poder quitarles a amplias regiones del país el régimen tarifario de Zona Fría, subsidiado por el Estado Nacional. Entre las áreas que podrían ser afectadas por esa norma, que aún no ha tratado el Congreso, se encuentra la zona sur de la Provincia de Santa Fe.
El proyecto de ley para quitar esas ayudas estatales a los usuarios residenciales equivale a subirles en invierno las tarifas entre el 30 y el 50% en el valor del metro cúbico.
Ese aumento para quienes llevan años de gas barato en invierno hubiera dado una señal para que se encienda menos la calefacción, en zonas donde el frío intenso también presenta otras jornadas menos crudas.
La norma pretende dejar sin esa ayuda estatal y de los demás usuarios a la totalidad del territorio de las siguientes provincias: Santa Fe, San Juan, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Entre Ríos y mantendría solo subsidios en algunas áreas del sur de Buenos Aires, el departamento Malargüe en Mendoza y la Puna en Santa y Jujuy.
En términos técnicos, una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación modifica el plazo para compensar las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), en el sector del gas natural por redes.
Se trata del mecanismo de compensación que corrige el desfasaje entre el precio estimado del gas y el efectivamente pagado por las distribuidoras. Hasta aquí se hacían esos cálculos en forma estacional, es decir, cada cuatro meses. A partir de agosto, y mientras se mantenga la emergencia energética vigente hasta diciembre de 2027, será cada dos meses para que el impacto sea más gradual.
Cuando el Ente Regulador dicta los cuadros tarifarios para meses por venir sencillamente estima cuál será el valor del metro cúbico, para el período siguiente.
Pero finalmente ese no es el precio pagado por las empresas distribuidoras a la industria petrolera que lo extrae, sino el del mercado. El precio PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) es el precio mayorista del combustible.
Las distribuidoras perciben más adelante esas Diferencias Diarias Acumuladas y ahora esa actualización será bimestral en lugar de cuatrimestral.
Desde el punto de vista normativo, el cambio es “transitorio”, palabra de la que en la Argentina siempre debe dudarse. Está atado a la declaración de la emergencia energética, que rige en el país desde hace más de 25 años.





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