Apoyo de Senadores para una ley nacional de entidades que trabajan ante discapacidades

Por unanimidad, la Cámara de Senadores de Provincia de Santa Fe aprobó una declaración en apoyo a un proyecto de que a nivel nacional busca crear el "Régimen de Promoción y Sostenimiento de Entidades de Interés Social", con el objeto de "garantizar la continuidad, fortalecimiento y expansión de las organizaciones sin fines de lucro que desarrollen actividades sociales, sanitarias, educativas y asistenciales, especialmente aquellas vinculadas a la atención de personas con discapacidad en el marco del Sistema de Prestaciones Básicas establecido por la Ley 24.901, así como de la niñez, personas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad".

El texto fue presentado por los senadores provinciales del justicialismo, en adhesión a una iniciativa en el Congreso del diputado nacional por Santa Fe Diego Giuliano y recibió también las firmas de los miembros de la mayoría radical.

La declaración de los legisladores provinciales subraya en sus fundamentos que el gobierno nacional "niega y desconoce los derechos de las personas con discapacidad", tal como expuso desde su banca el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias). El presidente de la bancada en minoría agradeció el acompañamiento de sus pares del bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Para los autor de la iniciativa a nivel nacional "el sistema argentino de prestaciones se sostiene, en gran medida, sobre una red de instituciones sin fines de lucro que brindan servicios de rehabilitación, educación especial, inclusión social y acompañamiento integral". Y agrega el ex convencional reformador que esas organizaciones "constituyen el soporte real y cotidiano del Sistema de Prestaciones Básicas establecido por la Ley 24.901, cuya efectividad depende directamente de su capacidad de funcionamiento".

Advierte que "el debilitamiento de estas organizaciones no sólo compromete su sostenibilidad institucional, sino que pone en riesgo la continuidad de tratamientos, procesos de rehabilitación e inclusión, y el ejercicio efectivo de derechos reconocidos tanto por la legislación nacional como por los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. En este sentido, fortalecer a estas entidades no es una opción de política sectorial, sino una condición necesaria para garantizar la vigencia real de los derechos de las personas con discapacidad"

"Desde esta perspectiva -sigue-, el fortalecimiento de las entidades de interés social no puede ser entendido como una política aislada, sino como una decisión estratégica en términos de desarrollo humano, cohesión social y eficiencia del Estado".

"El escenario de crisis por el que están atravesando hoy las instituciones dedicadas a la atención y protección de las personas con discapacidad, producto del ajuste y la reducción del gasto público, sumado a una política pública nacional que niega y desconoce los derechos de las personas con discapacidad, obliga a encontrar respuestas adecuadas para superar la situación en todos los niveles del Estado, sea nacional, provincial o municipal, por lo que resulta imprescindible acompañar las iniciativas у proyectos que manifiesten la intención de defender, proteger, respetar y fortalecer el ejercicio de los derechos", dice Giuliano.