Petróleo de Malvinas: qué empresas se alejaron de Sea Lion tras las medidas de Milei

El conflicto por el petróleo de Malvinas comenzó a trasladarse a un terreno menos visible que la disputa diplomática: la cadena internacional de empresas que necesita cualquier proyecto offshore para funcionar.

En los últimos días, grandes compañías proveedoras de servicios, tecnología y equipamiento petrolero marcaron distancia de las actividades hidrocarburíferas en las islas, mientras que los operadores de Sea Lion sostienen que el proyecto continúa.

La situación abre una pregunta concreta: ¿puede Argentina complicar el desarrollo de Sea Lion si consigue que empresas internacionales se nieguen a prestar servicios?

La respuesta dependerá de qué proveedores se retiren, qué servicios puedan ser reemplazados y cuánto tiempo demande conseguir alternativas.

Las empresas que marcaron distancia

Entre las compañías que fijaron posición aparecen SLB, Halliburton y Baker Hughes, tres grandes proveedores internacionales de servicios para la industria petrolera.

Las empresas comunicaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes y señalaron su compromiso con la legislación argentina. También aclararon que no mantienen vínculos con Sea Lion.

A ellas se sumó Tenaris, compañía del Grupo Techint especializada en tubos y soluciones para la industria energética.

Su presidente para el Cono Sur, Andrea Previtali, afirmó que Tenaris opera en Argentina desde hace más de 70 años y que durante ese período no suministró productos ni servicios para proyectos de producción de petróleo y gas en las Islas Malvinas.

También aseguró que la empresa no mantiene vínculos comerciales con los proyectos alcanzados por las medidas argentinas.

La posición de Tenaris es relevante porque los tubos son componentes fundamentales en la construcción de pozos petroleros.

Sin embargo, su decisión no implica por sí misma la paralización de Sea Lion: existen otros proveedores internacionales capaces de cubrir distintos segmentos de la cadena.

El punto central está en el efecto acumulativo.

Por qué un proyecto offshore necesita una red internacional

Un yacimiento offshore no depende solamente de la empresa que tiene la licencia. Para perforar y producir petróleo necesita una extensa red de compañías especializadas.

Hay proveedores que fabrican tubos y equipamiento; otros aportan tecnología para perforar, evaluar las formaciones geológicas, completar los pozos o mantener las instalaciones. También se requieren servicios logísticos, técnicos y de ingeniería.

Las compañías como SLB, Halliburton y Baker Hughes ocupan precisamente distintos lugares dentro de esa cadena.

Por eso, que una de ellas decida no participar no significa automáticamente que un proyecto quede detenido. Pero reemplazar a un proveedor especializado puede demandar tiempo, nuevos contratos y una reorganización de las operaciones.

El desafío es todavía mayor en una explotación offshore, donde los equipos y servicios deben trasladarse y operar en el mar bajo condiciones técnicas complejas.

Así, la estrategia argentina apunta a un punto sensible: no necesariamente detener directamente al operador, sino aumentar las dificultades para construir la red de proveedores que necesita.

Qué cambió con las nuevas medidas de Argentina

El Gobierno modificó el esquema de aplicación de la Ley 26.659 mediante el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre en el Boletín Oficial.

La norma designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación y estableció un procedimiento para investigar posibles incumplimientos de la legislación hidrocarburífera.

Además, ordenó a los organismos de la Administración Pública Nacional informar hechos que pudieran encuadrar en las conductas prohibidas.

La propia ley alcanza no sólo a quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, sino también a quienes participen directa o indirectamente en empresas involucradas o presten servicios para esos desarrollos.

También contempla actividades económicas, financieras, logísticas, técnicas y de consultoría.

Ese punto es central para entender el nuevo frente de presión.

Argentina busca que las compañías internacionales evalúen el costo de participar en proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en las zonas que el país considera parte de su plataforma continental.

La herramienta puede incluir inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incumplan las prohibiciones previstas por la Ley 26.659, según establece la normativa.

Qué dicen Navitas y Rockhopper sobre Sea Lion

Mientras los proveedores comenzaron a marcar distancia, los responsables del proyecto sostienen que Sea Lion continúa.

El yacimiento es operado por Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper Exploration mantiene el porcentaje restante.

Ambas compañías sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y que las nuevas medidas argentinas no deberían afectar materialmente el desarrollo.

Rockhopper informó que tomó conocimiento de las declaraciones y transmitió la posición de Navitas respecto de la continuidad del proyecto.

La empresa británica también había comunicado avances relacionados con el desarrollo de Sea Lion antes de las nuevas medidas argentinas.

De esta manera, por ahora conviven dos posiciones: los operadores dicen que el proyecto sigue adelante y algunas de las principales empresas de servicios petroleros dicen que no participarán de actividades relacionadas con Malvinas.

¿Puede Argentina complicar el proyecto sin detenerlo?

Ese es el punto que habrá que seguir durante los próximos meses.

La salida de un proveedor no significa que Sea Lion quede automáticamente paralizado. Los operadores pueden buscar empresas alternativas. Pero si se acumulan las decisiones de compañías internacionales que no quieren participar, el proceso puede volverse más complejo.

El impacto dependerá de cuáles sean los servicios que queden fuera de la cadena y de la facilidad para reemplazarlos.

Además, existe un factor particular: varias de estas multinacionales tienen negocios importantes en Argentina y participan de la actividad energética vinculada con Vaca Muerta.

Para ellas, la decisión sobre Malvinas no se analiza necesariamente de manera aislada del resto de sus operaciones en el país.

Por eso, la estrategia oficial busca utilizar la legislación argentina como una herramienta de presión sobre toda la cadena y no solamente sobre las empresas que aparecen como operadoras del yacimiento.

El Gobierno no necesita demostrar que una plataforma dejó de funcionar para considerar que la estrategia tuvo algún efecto.

Si Sea Lion debe reemplazar proveedores, renegociar contratos o afrontar mayores dificultades para conseguir determinados servicios, el desarrollo puede volverse más complejo o costoso.

Por ahora, sin embargo, no hay elementos oficiales para afirmar que el proyecto haya sido suspendido.

El escenario que queda abierto es otro: mientras Navitas y Rockhopper mantienen su decisión de avanzar con Sea Lion, Argentina intenta elevar el costo legal y comercial de participar en el proyecto.

La disputa, entonces, empieza a jugarse también lejos de las plataformas: en las empresas que fabrican los equipos, aportan tecnología y prestan los servicios necesarios para que el petróleo pueda salir del fondo del mar.