Nueva instancia judicial para Saín por una millonaria licitación para la compra de armas para Santa Fe

La justicia penal santafesina realizará los días 11 y 15 de diciembre la audiencia preliminar en la causa que investiga un presunto direccionamiento y tentativa de fraude en la licitación pública para la compra de armas destinadas a la Policía de Santa Fe.

El proceso tiene como principal imputado al ex ministro de Seguridad Marcelo Fabián Saín (59) y alcanza también a otros tres ex funcionarios y a la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, señalada como beneficiaria de la maniobra.

La causa es impulsada por la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), representado por los fiscales Ezequiel Hernández y Matías Broggi.

En tanto, la provincia de Santa Fe actúa como único querellante a través de la Fiscalía de Estado y la audiencia estará a cargo del juez penal José Luis García Troiano, en la Sala 3 del subsuelo de tribunales.

Según la acusación presentada por el MPA en mayo de 2024, Saín, el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro (57) y el ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera Maximiliano Novas (53), habrían intervenido en un intento de direccionamiento del proceso licitatorio.

Para los investigadores el plan iniciado en 2020, manejaba un presupuesto oficial que ascendía a $1.411 millones (equivalentes entonces a más de 17 millones de dólares).

El paquete incluía la compra de 12.000 pistolas 9 mm Jericho, 260 fusiles Tavor X95 y Uzi Pro y 12 rifles de francotirador, todos de la marca IWI de fabricación israelí.

Acusaciones y montos

A los tres ex funcionarios se les atribuye el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública.

En tanto, el ex jefe del Departamento D4 (Logística) de la policía, Marcelo Correa (51), llega a esta instancia como partícipe necesario de la misma maniobra.

Para Saín, la Fiscalía solicita 5 años de prisión; para Montenegro y Novas, 4 años -los tres con defensa del abogado Hernán Augusto Martínez-; y para Correa, 3 años de prisión condicional -representado por el Dr. Diego González-.

Persona jurídica

La empresa Emprendimientos Grupo Patagónico, representante en Argentina de la marca israelí IWI, también está imputada como persona jurídica, algo inédito para la provincia.

Se la acusa de participar activamente del intento de direccionamiento, con un pedido de multa equivalente al doble del beneficio económico buscado y una inhabilitación para participar de licitaciones públicas durante 5 años.

El monto total de la oferta presentada por la empresa ascendía a 16.825.831,98 USD, y la maniobra se habría gestado —siempre según la Fiscalía— a partir del 18 de mayo de 2020.

De haberse concretado el rédito a obtener hubiera sido de entre 2 y 8 millones de dólares, según los valores comparativos del rubro pistolas 9 mm ofrecidos por otras firmas.

La licitación finalmente fue suspendida luego de la impugnación realizada por la empresa Bersa SA el 1 de febrero de 2021, a la que se sumaron objeciones de la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas provinciales.

Trama empresarial

La situación de Emprendimientos Grupo Patagónico agregó complejidad a la causa: tras la muerte de su propietario —Bernardo Fabián Menajovsky— la firma pasó a manos de su hija y luego fue vendida.

Sin sede declarada, sin empleados registrados y con domicilio real en una vivienda familiar de Villa Crespo, la empresa había designado como representante a un abogado de apellido Scoponi, cuya renuncia al puesto obligó a la justicia postergar el primer intento de preliminar, programado par mediados de año.

Actualmente, la titular registrada es una mujer de apellido Roldán, cuyo paradero se desconoce y sobre quien pesa una declaración de rebeldía dictada por el juez.

Lo que debatirá la preliminar

La audiencia del 11 y 15 de diciembre deberá resolver múltiples planteos técnicos presentados por las defensas y determinar si la causa avanza a juicio oral.

Para el MPA, los imputados intentaron beneficiar indebidamente a una empresa que —según prueba secuestrada— incluso habría intervenido en la confección del pliego licitatorio.

En caso de haberse concretado la operación, el perjuicio estimado para el Estado santafesino hubiera oscilado entre 2,3 y 8,2 millones de dólares solo en el rubro pistolas.

La causa se inició en marzo de 2021 tras una denuncia radicada durante el gobierno de Omar Perotti, y tuvo su primera imputación formal en abril de 2022. Cuatro años después, la investigación ingresa a su etapa decisiva. La próxima semana, la Justicia deberá definir si los hechos llegarán finalmente a juicio.