"Tenía que ser yo el que llevara adelante la denuncia", dijo el gobernador en el juicio a dos altos jefes policiales

El juicio oral y público a dos ex jefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe por presuntos hechos de corrupción institucional cometidos hace casi una década comenzó este jueves en los Tribunales de la ciudad capital.

El tribunal, integrado por los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert, abrió el debate pasadas las 8 de la mañana y tras entrevistar a los imputados Rafael Grau (62) y Omar Odriozola (59), escuchó los alegatos de las partes.

Primero fue el turno de los fiscales de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, quienes reclamaron 9 años de prisión para ambos, por considerarlos “jefes de asociación ilícita y coautores de defraudación”.

“Alta corrupción”

“No son muchos los casos de alta corrupción que llegan a esta instancia”, abrió el fiscal Hernández, quien consideró “trascendente” el caso por varios motivos: “por ser los jefes”, por “los montos” y “por lo extendido en el tiempo”.

También sostuvo que “se dañó a la Policía” a la que “se le creó una mácula”; pero también “a la sociedad santafesina en una materia sensible como la seguridad”. “En el medio de una emergencia se lucraba con la reparación de móviles que no se hacían”, recordó.

Señaló Hernández que la investigación decantó en 9 condenas en juicios abreviados, donde cada uno de los miembros de la asociación ilícita reconoció su responsabilidad; y que se ha llegado a instancia de juicio porque aún hoy “los jefes no se hacen cargo de los perjuicios” ocasionados.

Luego repasó los cargos que pesan sobre cada jefe y los montos en los que se afectó al erario público, los cuales a valores de la época no superaron los dos millones de pesos (Odriozola $ 1.040.000 y Grau $ 961.000).

El representante del MPA marcó 5 puntos centrales en los que la acusación llevará adelante el caso: 1) medidas iniciales de la investigación; 2) material obtenido de computadoras y celulares; 3) análisis de la información contable; 4) declaraciones de los condenados en calidad de testigos; y 5) análisis de los impactos de antenas de celulares investigados.

“Escándalo” y “absolución”

En cuanto a Grau y Odriozola, contaron con la asistencia técnica de las abogadas del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp), Ileana Echaniz y Virginia Balanda, respectivamente.

La primera en alegar fue la Dra. Echaniz,quien rechazó “la acusación en todos sus términos”. “La fiscalía entiende que el rango llevaba implícitamente ser jefes de una asociación ilícita, lo cual sería un escándalo institucional para el gobierno de turno”. Por eso, “la única conclusión será la absolución de mi defendido, en el peor de los casos, por el beneficio de la duda”.

Su colega, la Dra. Balanda, formuló el mismo planteo y agregó que “lo único que va a quedar claro es el alto caudal de trabajo de un jefe de policía” y “las responsabilidades concretas de cada funcionario” que intervino en el hecho. “No solo no fue parte, sino que desconocía lo que pasaba”.

“Odriozola no formaba parte de ninguna asociación ilícita” y “siempre fue respetado por sus pares”, amplió la Dra. Balanda. La defensora sostuvo que su pupilo dejó la función pública “por cuestiones de salud de un familiar” y que igualmente “se lo pretende vincular a personas con las que nunca tuvo contacto”.

Puntualmente sobre el hecho material que se les atribuye a los jefes, la abogada recalcó que “el jefe de Policía jamás habría podido controlar si se hicieron las reparaciones y los ploteos” de los móviles.

Testigo y denunciante

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entró a la sala de audiencias cuando faltaban menos de 10 minutos para las 9 de la mañana. Su declaración, que en principios sería por teleconferencia, se convirtió en el acto central del juicio por la investidura que representa.

Envuelto en un sobretodo azul, llegó acompañado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, que se ubicó entre el público. Pullaro se sentó en el centro de la sala, donde juró “por Dios” decir la verdad en cuanto le fuera preguntado.

El testigo de la fiscalía recordó que fue ministro de Seguridad de Santa Fe desde el 10 de diciembre de 2015 y hasta el 10 de diciembre de 2019, período en el cual radicó la denuncia.

“Me anoticio de un anónimo que llegó al Ministerio de Seguridad” en el cual “había datos específicos y certeros de corrupción institucional”. Allí se marcaban “vehículos, talleres y reparaciones que no se hacían”.

A raíz de eso fue que “entendí que tenía que poner en conocimiento a la fiscalía de esa situación” y que “en ese momento lo que hice fue elevar lo que llegó como anónimo”.

Finalmente, destacó que “por la gravedad institucional” que implicaba el tema “tenía que ser yo el que llevara adelante la denuncia” formulada en 2016.

9 años atrás

La denuncia que lleva la firma de Pullaro fue presentada ante el MPA el 4 de mayo de 2016. La investigación se inició en la Fiscalía a cargo del Dr. Roberto Apullán, quien ordenó los primeros allanamientos en talleres mecánicos, una casa de repuestos y en dependencias del Departamento de Logística (D-4) de la Jefatura de Policía de la provincia.

En ese entonces, el ministro de Seguridad provincial decía que “nosotros marcamos una línea muy clara con la decencia en la función pública y fuimos muy claros con las fuerzas de seguridad de la provincia diciendo que cuando nos enterásemos de que pudiese existir corrupción institucional o vínculo con el delito por parte de cualquier funcionario de la provincia de Santa Fe lo íbamos a denunciar”.

La denominada Causa “D4”, en la que se investigan hechos ocurridos entre 2015 y los primeros meses de 2016, cuenta actualmente con 9 condenados, bajo la modalidad de juicio abreviado.

En el rol de “organizador” del delito de “asociación ilícita” se encuentra Facundo José Testi (condenado a tres años de prisión efectiva). Luego, en carácter de “miembros” figuran funcionarios policiales y civiles.

José María Leiva (exjefe del D4, condenado a tres años); Raúl Alberto Patriarca (ex Habilitado de la Jefatura, condenado a tres años de prisión); y Ariel Hernán Villanueva (ex Habilitado de la Jefatura, condenado a tres años);

Entre los civiles se encuentran Andrés Daniel Soto (chapista, condenado a 10 años porque se le acumuló una causa por corrupción de menores agravada); Rodrigo Exequiel Ruiz (condenado a tres años); Maximiliano Edgardo Ambrosio (condenado a tres años de prisión); Noelia Biscari (condenada a tres años de prisión); y Artemio Biscari (condenado a tres años de prisión).