Las condiciones de vulnerabilidad, eje del juicio por trata laboral en un campo de Arroyo Leyes

El juicio oral contra el productor agropecuario Franco Augusto Poccia, acusado de trata de personas con fines de explotación laboral en un campo de Arroyo Leyes, entró este miércoles en la etapa de declaraciones testimoniales.

El debate había comenzado el miércoles 12 de agosto ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, con los alegatos de apertura de la Fiscalía, la querella y la defensa, y se reanudó ahora con los primeros testimonios.

Ante los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vázquez y José María Escobar Cello, una abogada y dos trabajadoras sociales de organismos de la provincia de Chaco reconstruyeron las condiciones sociales de los tres trabajadores que denunciaron los hechos y dieron detalles sobre el seguimiento realizado después de su regreso a esa provincia.

Poccia enfrenta un pedido de ocho años de prisión por trata de personas con fines de servidumbre agravada. La Fiscalía sostiene que intervino en la captación, traslado y acogida de trabajadores chaqueños para desempeñarse durante la temporada de cosecha de frutillas. La defensa, en cambio, niega que se haya configurado una situación de explotación y anticipó que solicitará la absolución.

Contexto de vulnerabilidad

Las primeras testigos fueron Marisa Fantín, de la Dirección de Asistencia de Víctimas de Trata de Personas de Chaco; Ofelia Gómez, de la Subsecretaría de Género y Diversidad de esa provincia; y Paloma Perelli, abogada del equipo de Asistencia a Víctimas de Trata del Ministerio de Gobierno y Justicia chaqueño.

Las dos trabajadoras sociales habían realizado visitas domiciliarias en San Bernardo, localidad de la que son oriundos los tres denunciantes.

Fantín describió los hogares de Saúl C., Fernando S. y Carlos C. y señaló que en los tres casos encontró situaciones de vulnerabilidad vinculadas con la pobreza, la falta de trabajo y la ausencia de estudios básicos. Relató que los tres recibieron asistencia alimentaria y que incluso se había intentado conseguir materiales para que uno de ellos pudiera continuar la construcción de su vivienda.

Según las profesionales, los tres habían llegado al trabajo a partir de la propuesta realizada por el padrastro de uno de ellos y porque los capataces eran oriundos de Chaco. Esa circunstancia fue incorporada al debate como parte de la reconstrucción sobre cómo se produjo el traslado hacia Santa Fe.

Las trabajadoras sociales también describieron las jornadas que les habían referido los denunciantes: comenzaban alrededor de las 2 de la madrugada y se extendían hasta las 11 para la recolección de frutillas, con una pausa para almorzar, y continuaban de 14 a 19 con tareas de desmalezamiento y otros quehaceres.

La remuneración que les habían ofrecido, de entre 1.200 y 1.500 pesos por cajón recolectado, habría quedado reducida a unos 600 pesos una vez que llegaron al establecimiento.

Sin cobrar en efectivo

Otro de los aspectos señalados durante las testimoniales fue el sistema de descuentos. Las profesionales indicaron que los pasajes de colectivo hacia Santa Fe habían sido pagados por el dueño del campo y luego descontados de la primera semana de trabajo.

También relataron que los trabajadores vivían en casillas de chapa, dormían sobre colchones colocados encima de cajones de madera y tenían electricidad y agua de pozo, que llegaba mediante una manguera ubicada en el exterior.

Las condiciones laborales también fueron objeto de las declaraciones. Fantín relató que los capataces pateaban las puertas de las habitaciones para despertarlos y que los trabajadores habían referido malos tratos. También sostuvo que se quedaban dormidos por el cansancio y que eran tratados de vagos, además de recibir amenazas con ser enviados nuevamente a Chaco.

De acuerdo con el relato incorporado al debate, ninguno de los tres habría recibido dinero en efectivo. Lo que consumían para alimentarse en el quiosco del predio era descontado de lo que debían cobrar.

Finalmente regresaron a su localidad porque, según las profesionales, el patrón no había cumplido con lo acordado, por el trato recibido de los capataces y porque no habían cobrado. Gómez fue categórica ante una pregunta de la fiscal Milagros Traverso: “En ningún momento recibieron dinero en efectivo”.

La querella, representada por el abogado Gustavo Vargas, hizo hincapié en las condiciones habitacionales y laborales descriptas durante la audiencia. La defensa, a cargo de Claudio Torres del Sel, centró parte de su interrogatorio en establecer las circunstancias por las cuales los trabajadores abandonaron el establecimiento.

Preguntas de la defensa

Durante las preguntas de la defensa, las profesionales no pudieron precisar si los trabajadores podían entrar y salir libremente del predio, si les habían retenido los documentos de identidad ni quién había pagado los pasajes de regreso a Chaco.

Torres del Sel sostuvo que las declaraciones dejaron en evidencia que los trabajadores se retiraron por sus propios medios y que no pudo acreditarse la retención de documentación. También cuestionó la duración de la permanencia en el campo y planteó que no estuvieron allí durante tres meses, sino algunos días del mes de agosto.

El planteo defensivo se inscribe en la discusión central del juicio: determinar si las condiciones denunciadas constituyeron una relación laboral precaria o si, por sus características, configuraron el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Durante la apertura del debate, la Fiscalía había señalado como elementos de la acusación las extensas jornadas, la precariedad habitacional, la falta de registración y un sistema de descuentos que afectaba los ingresos de los trabajadores.

El debate continuará con la incorporación de las entrevistas en Cámara Gesell de los tres denunciantes, realizadas desde los tribunales federales de Roque Sáenz Peña, con intervención de un psicólogo.

Luego está prevista la declaración de otros testigos propuestos por la Fiscalía. Las audiencias continuarán el 26 y 28 de agosto, dentro de un cronograma de unas 20 jornadas que se estima se extenderá durante los próximos dos o tres meses.

La investigación

La causa se inició a partir de la denuncia de tres trabajadores informales chaqueños, luego de una discusión con uno de los capataces, ocurrida antes de que se les pagaran los pasajes para regresar a sus lugares de origen.

La investigación avanzó hasta un allanamiento realizado el 1 de octubre de 2025 en el predio de Arroyo Leyes, ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la ruta provincial N° 1 y calle N° 110. Ese día fueron encontradas 42 personas, aunque la Fiscalía identificó finalmente a 20 como víctimas de los hechos investigados.

Según la acusación, los trabajadores habían llegado desde localidades como San Bernardo, Villa Ángela y Coronel Du Graty, a unos 600 kilómetros de sus hogares, para trabajar durante la temporada de cosecha. La Fiscalía sostiene que la captación se produjo mediante una propuesta laboral que no se correspondió con las condiciones que encontraron al llegar a Santa Fe.