Gobierno Nacional activa inhibidores y bloqueo de celulares en cárceles federales

A través de la Resolución 336/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso nuevas medidas para bloquear el uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios.

La decisión se formalizó este lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y apunta directamente a uno de los puntos más sensibles del sistema carcelario: las comunicaciones ilegales desde el interior de las cárceles federales.

La normativa, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establece la implementación de tecnología específica para detectar y neutralizar dispositivos móviles dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Federal, en línea con lo que ya prevé la legislación vigente.

Bloqueo total a celulares

El eje central de la resolución es la autorización para instalar sistemas de detección y bloqueo de códigos IMEI e IMSI, herramientas técnicas que permiten identificar y anular la operatividad de teléfonos celulares. El objetivo es impedir que internos utilicen estos dispositivos para coordinar delitos desde el encierro.

La medida se apoya en lo dispuesto por la Ley 24.660, que regula el régimen penitenciario. Si bien esa norma garantiza el derecho de los detenidos a mantener contacto con el exterior, también prohíbe expresamente las comunicaciones a través de equipos móviles no autorizados.

En ese sentido, desde la cartera de Seguridad se remarcó la necesidad de reforzar los controles ante el uso creciente de tecnología en maniobras delictivas organizadas desde el interior de los penales.

Prevención y control intramuros

El argumento oficial pone el foco en la seguridad pública. Según se desprende del texto, la utilización de celulares en cárceles federales ha sido detectada como una herramienta clave para la planificación de delitos, extorsiones y otras actividades ilegales.

La resolución también se vincula con antecedentes normativos como la resolución conjunta firmada en 2019 junto al Ente Nacional de Comunicaciones, que habilitó el uso de inhibidores de señal en contextos de seguridad.

Bajo ese marco, el Estado busca “prevenir, disuadir y neutralizar” conductas delictivas que se gestan intramuros, fortaleciendo el rol del sistema penitenciario como espacio de cumplimiento de pena y no como base operativa del crimen organizado.

Resguardo de áreas externas

Otro de los puntos clave de la normativa es la instrucción a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información para que lleve adelante el proceso de adquisición, instalación y supervisión de los equipos.

En paralelo, se establece la obligación de realizar los ajustes técnicos necesarios para evitar que los bloqueos de señal afecten zonas externas a los establecimientos penitenciarios, un aspecto que en experiencias previas generó controversias.

Además, la resolución aprueba un manual de procedimiento específico que fija los lineamientos operativos para la detección y bloqueo de dispositivos, lo que marca un intento de estandarizar los controles en todas las unidades federales.

Con entrada en vigencia inmediata, la medida abre una nueva etapa en la política de control carcelario, con foco en la tecnología como herramienta para limitar la criminalidad organizada desde el encierro.