Caso Trigatti: la defensa lleva a la Corte las fallas del proceso

La defensa de Juan Francisco Trigatti decidió llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este martes presentó dos Recursos Extraordinarios Federales: uno para cuestionar la prisión preventiva y otro contra la condena a 12 años de prisión.

El planteo de los abogados apunta, fundamentalmente, a cómo se llegó a esas decisiones y a una serie de situaciones que, según sostienen, afectaron las posibilidades de defensa de Trigatti.

Prisión preventiva: ¿cautelar o pena anticipada?

Uno de los principales cuestionamientos está puesto en la prisión preventiva.

Trigatti permaneció durante gran parte del proceso en libertad, cumplió con las condiciones impuestas, realizó unas 160 presentaciones semanales ante el MPA y concurrió a más de 40 audiencias. Para la defensa, esa conducta contradice la existencia de un riesgo concreto de fuga.

Por eso cuestiona que, después de una condena que todavía no está firme, se haya convertido la prisión preventiva en una consecuencia prácticamente automática.

Para los abogados, esto implica transformar una medida cautelar en una pena anticipada y desconocer el principio de inocencia.

Una absolución que terminó en una condena de 12 años

El segundo recurso concentra los cuestionamientos más importantes.

Trigatti había sido absuelto por unanimidad en el juicio oral y posteriormente recibió una condena de 12 años. La defensa sostiene que la revisión de esa absolución no fue realmente amplia y que la instancia que terminó condenándolo no garantizó un verdadero doble conforme.

Pero además señala problemas concretos en la valoración y preservación de la prueba.

Una prueba oficial sobre la pandemia

Uno de los planteos más fuertes se refiere a documentación oficial del Ministerio de Educación.

Según la defensa, esos informes indican que Trigatti no dictaba clases en el establecimiento durante el período en que se ubican algunos de los hechos atribuidos, debido a las restricciones de la pandemia.

Los abogados sostienen que esa prueba documental fue desplazada en favor de testimonios que consideran contradictorios, sin una explicación suficiente sobre por qué se descartó un elemento objetivo que podía resultar decisivo.

Cuatro informes médicos cuestionados

La defensa también cuestiona el tratamiento de la prueba médica.

Cuatro profesionales de la salud, entre ellos integrantes del Equipo Interdisciplinario del Hospital Iturraspe, no habrían encontrado lesiones compatibles con los hechos denunciados.

Según los abogados, esas conclusiones fueron relativizadas mientras los jueces realizaron interpretaciones propias sobre registros audiovisuales. La defensa llega a sostener que los magistrados terminaron haciendo una valoración de carácter médico sin contar con la especialidad profesional necesaria.

Las 32 cámaras que podían haber cambiado la investigación

Uno de los puntos más sensibles del recurso es la pérdida de las imágenes de 32 cámaras de seguridad de la escuela.

Según la defensa, esas cámaras registraban sectores donde supuestamente habrían ocurrido los hechos y podían aportar una evidencia objetiva para confirmar o descartar las acusaciones.

El problema, sostienen los abogados, es que las filmaciones nunca llegaron al juicio.

La defensa afirma que la Fiscalía resistió durante meses las órdenes judiciales destinadas a secuestrar esos registros. Cuando finalmente se intentó obtenerlos, las imágenes ya habían sido eliminadas por el sistema de sobregrabación.

Para los abogados, no se trata simplemente de una prueba que faltó: se perdió una evidencia que podía resultar potencialmente exculpatoria, sin que pudiera ser examinada por la defensa ni por el tribunal.

Cuestionamientos a la Fiscalía y al equilibrio del proceso

Los recursos también plantean objeciones a la actuación de la Fiscalía.

Entre ellas, la defensa denuncia que la fiscal a cargo habría utilizado a su propia abogada para realizar entrevistas a niñas en el Servicio Local de la Niñez, circunstancia que —según sostiene— comprometería la objetividad del órgano acusador.

También cuestiona la incorporación de cuatro organizaciones como Amicus Curiae, porque entiende que su intervención terminó acercándose al rol de una parte acusadora y alteró la igualdad de armas.

Una decisión provincial dividida

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja por 4 votos contra 3.

La defensa destaca especialmente el voto disidente del presidente del tribunal, Dr. Gutiérrez, quien habría considerado que los planteos podían configurar supuestos de arbitrariedad y vulneración de garantías constitucionales.

Ahora será la Corte Suprema de la Nación la que deberá determinar si estos cuestionamientos alcanzan para abrir la instancia extraordinaria.

El planteo de la defensa, en definitiva, busca poner el foco en una pregunta central: si una persona puede ser condenada y privada de su libertad cuando, según sostiene, durante el proceso se perdieron pruebas relevantes, se desestimaron elementos favorables y no se garantizó una revisión amplia de la condena.