Imputaron por narcotráfico y lavado a un abogado de Melincué

La Justicia Federal imputó a un abogado de Melincué y a otras cuatro personas en el marco de una investigación por tráfico de drogas y lavado de activos provenientes del narcotráfico. La causa tiene conexión con los 321 kilos de cocaína transportados en una avioneta procedente de Bolivia que aterrizó en Villa Eloísa en mayo pasado.

Durante la audiencia, cuatro fiscales federales expusieron la teoría del Ministerio Público Fiscal (MPF) y detallaron las maniobras que atribuyen a los investigados. La pesquisa es llevada adelante por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y su delegación Regional NEA.

Los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra, de PROCUNAR NEA; Juan Argibay Molina, de PROCELAC; y Daniela Ghiorzi sostuvieron que Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y Maximiliano C. G., abogado de Melincué, con la participación de Guillermo B., habrían desarrollado de manera organizada y habitual distintas operaciones destinadas a introducir en el circuito económico legal fondos presuntamente provenientes del tráfico de estupefacientes.

Según la acusación, las maniobras se habrían desarrollado al menos desde septiembre de 2025 y tenían como finalidad convertir e integrar el dinero de supuesto origen ilícito mediante la adquisición de diferentes bienes, ocultando su procedencia y, en algunos casos, la verdadera titularidad.

El rol que le atribuyen al abogado

La situación de Maximiliano C. G. tiene una particularidad: además de las maniobras económicas investigadas, los fiscales le atribuyeron participación en el comercio de drogas en la región.

De acuerdo con la hipótesis presentada ante el juez federal Aurelio Cuello Murúa, el abogado habría actuado junto a Manuel P. R., quien ya había sido formalmente acusado el 28 de agosto pasado y a quien la investigación vincula con presunta connivencia policial.

La fiscalía sostiene que Maximiliano C. G. habría intervenido en causas o representado a personas relacionadas con el circuito local de comercialización de estupefacientes y, además, habría participado junto a P. R. en la venta de las sustancias.

Para los investigadores, el abogado era una pieza dentro de la estructura bajo investigación y habría actuado de manera coordinada y siguiendo instrucciones de P. R. También se analiza su intervención en favor de personas allanadas o detenidas que, según la acusación, formarían parte de la organización o actuarían como revendedores.

Un fondo de comercio, vehículos y otras operaciones

La investigación por lavado de activos avanzó sobre distintas operaciones realizadas en Melincué. Entre ellas aparece la adquisición de un fondo de comercio, además de compras de vehículos y el alquiler de un inmueble.

Según expusieron los fiscales, los investigados no habrían podido justificar una capacidad económica compatible con la magnitud de esas operaciones.

A Christian B., por otra parte, la fiscalía le atribuyó haber actuado como prestanombre de sus hijos Santiago y Juan Cruz.

Una parte importante de la información incorporada al expediente surgió del análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos realizados el 25 de agosto.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, el contenido de esos dispositivos permitió reconstruir diferentes operaciones y establecer la presunta intervención del abogado radicado en Melincué en varias de ellas.

Prisión preventiva hasta mayo de 2027

Tras la presentación de la acusación y a pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el juez Aurelio Cuello Murúa ordenó la prisión preventiva para Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y Maximiliano C. G.

La medida fue establecida hasta el 12 de mayo de 2027, mientras continúa el proceso judicial y la producción de pruebas en la causa.

La investigación constituye una ramificación de la pesquisa iniciada por los 321 kilos de cocaína transportados en una avioneta procedente de Bolivia que aterrizó en Villa Eloísa en mayo. A partir de aquella causa, los investigadores avanzaron sobre el movimiento de fondos que consideran provenientes de actividades vinculadas al narcotráfico y las operaciones que presuntamente fueron utilizadas para incorporarlos al circuito económico formal.