Un padre y sus cinco hijos están presos por “patotear” a un policía al que le saquearon la casa

Un conflicto de pareja que se remonta a cinco años atrás derivó en un confuso hecho de violencia registrado el pasado viernes en Santo Tomé, por el cual un padre y sus cinco hijos -cuatro varones y una mujer-, permanecen detenidos acusados de haber cometido múltiples delitos contra un policía, que fue novio de la única femenina involucrada.

La historia fue ventilada este martes en los tribunales de Santa Fe, cuando la fiscal María Laura Martí imputó a los seis familiares, que fueron asistidos por los abogados Nanci Boccolini y Diego Martini Guido, en una audiencia que estuvo dirigida por el juez de la IPP, Pablo Spekuljak.

La representante del MPA, que narró lo acontecido el pasado 19 de septiembre en una vivienda del barrio Adelina Centro, solicitó para este jueves el tratamiento de las medidas cautelares, donde se resolverá si continúan el proceso detenidos o en libertad.

Un candado en la puerta

El relato apunta que a las 9 de la mañana de ese viernes, Benito Adrián G. y su hija Estefani Elisabet G. -padre e hija- fueron vistos colocando una linga y un candado en la entrada principal de la vivienda de calle Castelli al 4800, donde conviven un policía que presta servicios en Rosario, con su pareja que también pertenece a la fuerza y la hija menor de edad que tienen en común.

La hermana del uniformado, que estaba en las inmediaciones, fue la primera en comunicar lo que había ocurrido y al cabo de unas horas ella, con su cuñada y su hermano, se reunieron en el frente de la vivienda para intentar ingresar.

Como entendieron que se trataba de una usurpación, realizaron la denuncia en la Subcomisaría 16º, desde donde enviaron un móvil para constatar el ilícito.

Irrupción y paliza

Finalmente, con el uso de una amoladora, el policía damnificado logró romper el candado en horas de la tarde. Una vez adentro, pudieron constatar el faltante de numerosos electrodomésticos, entre los que había televisores, un lavarropas y un traje del Ejército Argentino completamente equipado, entre otros.

Los tres estaban adentro realizando el “inventario” de lo faltante, cuando pasadas las seis se produjo el ingreso abrupto de seis personas, que por la fuerza arrastraron a las mujeres hacia el exterior y luego emprendieron con golpes de puños y patadas contra el funcionario policial, al que también despojaron de su arma reglamentaria.

En esa ocasión, los denunciantes fueron los intrusos, quienes convencieron al Comando Radioeléctrico de que era el policía quien los había amenazado con su arma.

A pesar de las lesiones evidentes, sus camaradas lo llevaron preso y al llegar a la comisaría lo notificaron de una medida de distancia por violencia de género del día anterior (18 de septiembre), sorpresivamente formulada por su ex pareja con la que llevaban 5 años separados.

En Asuntos Internos

Estuvo incomunicado desde las siete de la tarde y hasta la medianoche, cuando tras la intervención de ETAF (Equipo de Trabajo para Asistencia de los Fiscales), la fiscal Martí ordenó que lo liberaran y que contrario a lo hecho hasta entonces, detuvieran a los agresores.

En tanto, a las 8 de la mañana del día siguiente -sábado 20-, la hermana y la pareja del policía se presentaron ante la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos), donde prestaron declaración y dejaron constancia de su versión.

Aunque todavía no están claras las circunstancias que llevaron a la familia a cometer semejante atropello, llama la atención a los investigadores que el reclamo por un bien que tal vez fue adquirido en forma compartida en algún momento por el policía y su exnovia, llegase 5 años después.

Delitos imputados

Mientras tanto, la fiscal Martí imputó al padre y la hija por los delitos de “usurpación” en grado de tentativa y “robo”.

Y en forma conjunta (a Benito -padre-, Matías, Gastón Pablo, Sebastián y Estefani G.) como “coautores de robo calificado en poblado y en banda por uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en concurso ideal con lesiones leves dolosas, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas”.

Para la fiscalía, está acreditado que es la pareja de policías la que convive desde hace varios años en la casa de Castelli 4800, más allá de los reclamos válidos que pudieran tener los familiares de la ex pareja sobre el inmueble.

De los agresores se supo que forman parte de una familia trabajadora y ninguno cuenta con antecedentes, siendo el padre capitán de barco, uno de los hermanos empleado de Prefectura, otro se dedica a la docencia y la joven es estudiante. Ello da la pauta de que conocían la existencia de otros medios de reclamo.