En la investigación que derivó en la detención e imputación de ambos funcionarios policiales – formulada el pasado 5 de junio por el fiscal Galleano junto al jefe y subjefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone y Diego Vigo-, surgió evidencia que sacó a la luz pormenores de las presuntas maniobras delictivas: cobro de 500 mil pesos por avisar a los narcos barriales de las pesquisas, capturas de pantalla adulteradas para incriminar a otros compañeros de trabajo y desviar la investigación, y un modus operandi que, por los dichos de testigos, aparentaría habitualidad.