Comenzó el juicio por las estafas de Maros Turismo con más de un centenar de damnificados

En una sala colmada de expectativas finalmente comenzó el juicio oral y público por la denominada causa Maros Turismo. El proceso busca deslindar responsabilidades sobre una maniobra defraudatoria que, según la acusación, afectó a más de cien personas entre 2016 y los primeros días de 2017.

El debate es presidido por el tribunal conformado por los magistrados Celeste Minniti, Pablo Spekuljak y Pablo Busaniche, y se realiza en la Sala 6 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

En el banquillo de los acusados se encuentran Marcela Arévalo (60), sindicada como la directora de la agencia; su madre, Ana Felice (84), titular registral de la firma; la ex empleada Lucila García (34); e Ivana Álvarez Flores (49), quien se desempeñaba como la idónea técnica de la empresa.

Las fiscales Rosana Marcolín y Gabriela Arri adelantaron que probarán la existencia de un "ardid o engaño idóneo" para crear una apariencia de solvencia empresarial que no era tal.

La acusación fiscal sostiene que las imputadas captaron clientes para servicios turísticos que, en muchos casos, sabían de antemano que no se cumplirían, especialmente tras la presentación de un concurso preventivo de acreedores el 29 de diciembre de 2016, hecho que fue ocultado a los pasajeros que seguían abonando sus viajes.

Por estos hechos, las fiscales del MPA solicitaron penas de 9 años para Arévalo y García, 7 años para Felice y 6 años para Álvarez Flores.

"Un viaje sin rumbo y sin reservas"

Las fiscales y el bloque de la querella -integrado por Celeste Roa Hertelendi, Clyde Balbina Cavalieri, César Rojas y Luis Federico Hilbert- coincidieron en describir la operatoria de Maros Turismo como una "pantomima" destinada a sostener expectativas de viaje imposibles de concretar.

• La fiscalía indicó que, una vez captada la confianza del cliente, se desplegaba una compleja maniobra de falsificación documental:

• Uso indebido de datos: Bajo el pretexto de que el "Postnet no funcionaba", García escaneaba tarjetas de crédito o solicitaba fotos del DNI junto al plástico.

• Falsificación de firmas: Las imágenes de los DNI eran utilizadas para falsificar las firmas de los titulares en autorizaciones de descuento.

• Desvío de fondos: Los cargos efectuados en las tarjetas no se destinaban al viaje del dueño del plástico, sino que se utilizaban para pagar servicios de otros clientes o cubrir deudas previas de la agencia. En muchos casos, se llegaba a "cobrar dos veces por lo mismo", ya que las personas cuyos servicios eran pagados con tarjetas ajenas también habían entregado dinero en efectivo a la firma.

Otro punto clave de la acusación reside en el ocultamiento de la situación financiera terminal de la empresa. El 29 de diciembre de 2016, Felice presentó un concurso preventivo de acreedores, lo que formalmente declaraba el estado de cesación de pagos, y al día siguiente retiró el dinero de las cuentas bancarias vinculadas a la firma.

Sin embargo, este hecho fue deliberadamente ocultado a los pasajeros. Lejos de cesar la actividad, las imputadas habrían continuado alentando a las víctimas a realizar pagos de cuotas y saldos de viajes que sabían con certeza que no se realizarían. Por eso las querellas definieron la causa como la oferta “un viaje sin rumbo y sin reservas".

De la debacle financiera a la falta de dolo

Desde el otro lado de la sala, los defensores plantearon una realidad diametralmente opuesta.

El defensor público Raúl Sánchez Lecumberri, representante de Arévalo, argumentó que Maros no fue una empresa creada para estafar, sino una firma lícita que funcionaba desde 2012 y que sufrió un "estrés financiero" o mala administración, agravado por conductas de terceros.

Por su parte, la defensa de la idónea Álvarez Flores, a cargo de los Dres. Diego Martín y Humberto Meili, sostuvo la inocencia de la mujer alegando que su rol era estrictamente formal y técnico, y que ella no participaba en el giro comercial ni en el manejo de fondos de la agencia desde su residencia en Esperanza.

En una línea similar, la defensa de Felice, ejercida por la abogada Mónica Echaniz, enfatizó que la anciana solo prestó su nombre a su hija por un vínculo afectivo y que nunca tuvo contacto con los damnificados ni voluntad de defraudar.

Finalmente, el defensor Abel Bustamante Frigeri, representante de García, remarcó la "relación asimétrica de poder" de la joven empleada respecto a sus empleadores, asegurando que ella solo cumplía órdenes y carecía de dominio sobre los hechos investigados.

Todas las defensas plantearon, además, la prescripción del delito de falsificación de instrumento privado, y solicitaron la absolución de sus clientas. El debate oral continuará el martes, a las 8.30, con las declaraciones de los primeros testigos.